Con la asistencia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Iván Rincón Urdaneta y del Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, se instaló el I Encuentro Interinstitucional Penitenciario del estado Miranda, con el objeto de definir las directrices necesarias que permitan ejecutar los lineamientos para consolidar la constitución de redes o comisiones en las regiones para enfrentar eficazmente el tema de la seguridad ciudadana.

Para la ejecución de dichos lineamientos, se reunieron en la sede del TSJ, los integrantes del circuito judicial penal del estado Miranda, representantes del Ministerio de Interior y Justicia y la Fundación para el Desarrollo Integral para el Servicio Penitenciario de la mencionada entidad, adscrita a la gobernación regional; pero además participaron los integrantes del sistema de justicia relacionados con el tema carcelario, esto es, jueces de ejecución, fiscales penitenciarios, funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia y en general, todos aquellos interesados en el tema carcelario.

El titular del TSJ al instalar el evento expresó que es necesaria la existencia permanente de espacios técnicos y políticos en las regiones para la coordinación de las políticas, planes y acciones. “De manera tal que estos espacios vendrían a complementar y fundamentalmente, a armonizar los esfuerzos realizados por cada una de las instituciones para cumplir su rol de la manera más eficiente, tal como lo constituye, la producción de estadísticas confiables y veraces, que además de posibilitar la debida rendición de cuentas como requisito necesario al control social, permitan trascender el análisis meramente cuantitativo” – dijo.

Informó además sobre las diferentes acciones que ha venido tomando el TSJ en el plano institucional, organizacional, de recursos humanos y presupuestarios; de manera específica y preocupados por la problemática que se viene presentando en relación con la responsabilidad del Poder Judicial en la aplicación del COPP, esto es, la falta de uniformidad de criterios en relación al otorgamiento de beneficios, “desde finales del año 2000 comenzó a funcionar a lo interno del Poder Judicial un ente técnico que se ocupa de recoger la información pertinente para el diseño y desarrollo de las políticas judiciales respectivas” – agregó.

UNIDAD COORDINADORA DE DDHH Y ASUNTOS PENITENCIARIOS

El ente, al que hace referencia el magistrado Rincón Urdaneta, se denomina Unidad Coordinadora de Derechos Humanos y Asuntos Penitenciarios del Poder Judicial, el cual, además de constituir un espacio de atención permanente en relación a la responsabilidad que tiene el Poder Judicial en los asuntos penitenciarios, posibilita los espacios de coordinación interinstitucional que permiten una mejor aplicación del COPP.

“El eje transversal del trabajo de esta Unidad, se desarrolla a partir de las obligaciones internacionales que en materia de derechos humanos ha asumido el estado venezolano, en lo que a garantías judiciales se refiere y que han sido incorporadas explícitamente en la Constitución Nacional, tomando en cuenta que el otorgamiento de los beneficios a los penados – que son una conquista debidamente respaldada por una experiencia universal del sistema penitenciario moderno -, han sido incluidos orgánicamente en el proceso penal, para ser administrados por el Poder Judicial, superándose de esa manera una etapa de administración de los beneficios por el Poder Ejecutivo, lo cual conlleva necesariamente a la revisión de esta figura, ahora desde la perspectiva de los órganos jurisdiccionales y específicamente de los jueces de ejecución en materia penal” – señaló el presidente del TSJ.

De tal manera que la misión de esta Unidad es posibilitar el estudio y seguimiento de la experiencia que supone el COPP para expresarla en forma de indicadores estadísticos, concebidos y aplicados desde una visión jurídica y dentro de una concepción penitenciaria que otorgue credibilidad y consistencia a los indicadores, cuya responsable es la doctora Laurence Quijada, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

DETECTAN BENEFICIOS A PROCESADOS POR DELITOS VIOLENTOS

Como herramienta de trabajo, se ha creado una base de datos que facilita el flujo de información entre los jueces, en relación a los beneficios solicitados, otorgados y negados, a fin de impedir que se pueda conceder un beneficio a quienes hayan gozado de ello o se lo hubiesen revocado, evitándose de esta manera que los jueces puedan incurrir en errores por la falta de información.

Por otra parte, el manejo de esta información, permite conocer realmente cuál es el número de beneficios otorgados en toda Venezuela y evita que se siga especulando partiendo de falsos supuestos.

“De acuerdo a los datos procesados en el ámbito nacional, ha quedado evidenciado el otorgamiento de beneficios a personas que están siendo procesadas por delitos violentos, tales como homicidios, violaciones y robos, de allí que hayamos girado instrucciones a la Unidad de Derechos Humanos y Asuntos Penitenciarios para el estudio y análisis de dichos casos” –expresó el presidente del TSJ, magistrado Iván Rincón Urdaneta.

Reiteró el titular del Supremo Tribunal que en el tema carcelario la propuesta básica es crear las condiciones que le den vida al artículo 272 del texto constitucional, que señala, entre otros puntos: “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos”.

Pero además, precisó el alto magistrado, el artículo 272 contempla las orientaciones que a nivel internacional han ejecutado los sistemas penitenciarios cuya gestión ha sido considerada exitosa, en especial, lo relativo a la reinserción social del condenado.

Para finalizar, el presidente del TSJ reiteró que las puertas del Máximo Juzgado están abiertas para la realización de todas aquellas actividades que contribuyan al mejor funcionamiento de nuestro Poder Judicial, al tiempo que instó a los sectores involucrados a que sigan realizando estos encuentros interinstitucionales como camino a la verdadera existencia de un sistema de justicia.