El Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, hizo parte en la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, asistiendo como Estado firmante de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, rindiendo un informe de sus actuaciones en esta materia en la ciudad de Ginebra – Suiza.

En representación del Poder Judicial, asistieron el magistrado suplente Luis Fernando Damiani Bustillos y Silio Sánchez, coordinador de Participación Social e Institucional del Máximo Tribunal venezolano, quienes los días 15 y 16 de agosto realizaron la defensa de los informes periódicos 19°, 20° y 21° de la Venezuela en su lucha contra la discriminación racial. Cabe destacar que como jefe de la delegación asistió el vicepresidente para el Área Social, Héctor Rodríguez.

Durante la defensa el TSJ destacó los compromisos del Sistema de Justicia venezolano en el marco de sus competencias y obligaciones concretas, de conformidad con el Artículo 6 de la referida convención, dirigido a "asegurar a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes".

Asimismo se resaltó la Municipalización de la Justicia basada en la creación de Tribunales, Fiscalías y Defensas Públicas en las propias comunidades vulnerables, favoreciendo el acceso de quienes producto de las desigualdades no pueden costear los gastos de traslado hasta instancias centralizadas en zonas urbanas; acompañado de la creación de Casas de Justicia para la articulación de estos organismos en esas comunidades.

Conjuntamente se destacó los Tribunales Móviles, constituidos por unidades de transporte especialmente diseñadas para trasladar los tribunales hasta las comunidades más retiradas y vulnerables, que además de las funciones propias del Tribunal, presta diversos servicios jurídicos gratuitos. Entre el año 2010 y el 2012 atendieron 91.733 personas.

De igual forma se dio a conocer la creación de las instancias de Gestión Social y Participación Social que vienen desarrollando el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público para la vinculación con las organizaciones sociales, comunitarias y grupos vulnerables con el objetivo de favorecer el diseño participativo de las políticas en materia de justicia, así como el desarrollo en nuestro país de la Justicia y la Jurisdicción Comunal de Paz, con un nuevo marco legal.

Damiani señaló la iniciativa legislativa actual en materia de la coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena, así como los esfuerzos del Estado en promover nuevos procesos de formación ligados a la visión de una sociedad pluriétnica y multicultural, a un Estado democrático, social de Derecho y de Justicia, como es el programa de Formación de Grado de Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y la Especialización en Gestión Judicial de la Escuela de la Magistratura.

Indicó la importancia para el Sistema de Justicia, de que estos programas educativos lleguen a las comunidades más pobres y de alta vulnerabilidad del país, promoviendo la equidad territorial en la formación profesional, con lo que se busca garantizar que cada comunidad tengan sus abogados y abogadas que puedan fungir como defensores y defensoras de su comunidad, frente a una concepción de protección integral de derechos humanos de toda la población.

Avances contra la Discriminación Racial en Venezuela

Entre los avances más importantes se destacó por la delegación venezolana, la aprobación de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, esta última con la aprobación previa del TSJ sobre su carácter orgánico.

La percepción expresa del Comité de Expertos fue muy favorable a la magnitud de las políticas del Estado venezolano en la lucha por la inclusión desde un enfoque integral que tiene un impacto favorable en la eliminación de la discriminación racial; y en particular la intervención del doctor Damiani resultó de interés, en tanto se pudo concebir un énfasis del Sistema de Justicia en garantizar el acceso no solo a una justicia gratuita, sino a favorecer la presencia de los tribunales en las comunidades como una política que plantea un proceso de transformación en pro de la inclusión social y la garantía plena del acceso a la justicia.