53 Tribunales de Control y 24 salas de Cortes de Apelaciones, serán las instancias que a partir de hoy asumirán en todo el territorio venezolano con competencia exclusiva en delitos económicos, como aporte del  Tribunal Supremo de Justicia a la lucha contra la guerra económica de sectores que vienen practicando la especulación y el acaparamiento en contra del pueblo venezolano, acción que está siendo enfrentada de forma determinante por el Ejecutivo venezolano y demás poderes del Estado.

Así lo dio a conocer la presidenta del TSJ, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, al tiempo que afirmó que se trata de tribunales que comenzarán su labor de inmediato con la finalidad de garantizar el respeto a la juridicidad, la paz y la protección de la integridad de los ciudadanos y ciudadanas, así como de las instituciones democráticas del país.

Los Tribunales asignados conocerán y decidirán de manera exclusiva los casos cuyas imputaciones estén vinculadas a delitos económicos, especulación, acaparamiento, usura, boicot, alteración fraudulenta de precios, alteración fraudulenta de oferta y demanda, contrabando de extracción, saqueos y otros delitos conexos previstos en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.

La Magistrada Gutiérrez Alvarado indicó que en el Área Metropolitana de Caracas funcionarán 4 Tribunales y una sala de Corte de Apelaciones; 4 en el estado Zulia, 3 en el estado Carabobo, mientras que los estados Aragua, Anzoátegui, Bolívar y Táchira contarán con 2 cada uno; y en el resto del país uno por estado con su respectiva sala de Corte de Apelaciones.

La resolución emanada de la máxima instancia jurisdiccional precisa que, sin menoscabo de lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, en lo atinente a la organización de los Tribunales para la actuación en el proceso penal, por razones de servicio y conforme a lo establecido en el artículo 114 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta decisión se asume en el marco de lo establecido en el artículo 267 de la Carta Magna y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Jueces y Juezas presidentes y presidentas de Circuitos Judiciales Penales; así como los Jueces y Juezas rectoras del país, colaborarán para el mejor desempeño y ejercicio de las funciones de los órganos jurisdiccionales asignados en los distintos circuitos judiciales, y también dispondrán lo conducente, a fin de que se efectúe la recepción y distribución de todo documento, causa o expediente que se reciba para la oportuna tramitación en esta materia.

Los Tribunales asignados actuarán inmediatamente en el marco de la ley ante cualquier acto con forma, clase o manifestación que origine, aliente, genere o permita tendencias a la comisión de ilícitos económicos, dirigidos a desestabilizar el normal desenvolvimiento de nuestro Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, y que pretendan amenazar la paz y la seguridad pública.

El Poder Judicial se coloca así al lado del Poder Popular y del movimiento Cívico Militar, que en todo el país están actuando para contrarrestar esta arremetida. La Presidenta del TSJ puntualizó que mediante esta acción mancomunada adoptarán las medidas conducentes y contundentes para prevenir y sancionar este tipo de actos.