Dentro de la actividad desarrollada por el Tribunal Supremo de Justicia, durante el II Congreso Internacional sobre Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en Materia Laboral, se discernió sobre el trabajo que se viene desarrollando en América Latina y en Venezuela respecto a  la garantía y respeto de los derechos de la infancia, como una de las políticas que desarrolla el Alto Juzgado que preside la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado.

Una de las expertas internacionales que participó en la jornada, fue la Dra. Virgina Murillo Herrera de Costa Rica, quien expuso algunas Reflexiones sobre el Trabajo infantil y adolescente en la región y el avance por el respeto a los derechos de la infancia.

En su discernimiento en materia laboral, hizo comparaciones respecto a las cifras de niños, niñas y adolescentes que están registrados estadísticamente como empleados en Latinoamérica respecto al resto del mundo. Informó que se estima sean alrededor de 168 millones los infantes que ejercen alguna función remunerativa en todos los continentes, de los cuales 12,5 millones son en América Latina.

La experta en derecho infantil analizó los sectores productivos y económicos con mayor incidencia de la niñez trabajadora, al mismo tiempo que aclaró que existen una serie de factores que la promueven en la región, como: pobreza, patrones culturales y problemas socio - económicos, entre otros. Dijo que los dilemas a resolver en la materia se circunscriben a un marco de prohibición y sanciones que se deben corregir respecto a las jornadas, horarios y las posibles explotaciones humanas y la invisibilidad del trabajo infantil. Indició que uno de los mayores puntos de desarrollo de los países es la educación en la infancia.        

Por su parte, el jurisprudente Juan Ramón Pérez Carrillo, vicerrector de la Universidad de Granma de la República de Cuba, hizo un Análisis del Derecho Comparado en materia Laboral de la Niñez y la Adolescencia en los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA.

En su intervención manifestó que es de gran importancia el análisis y estudio de las diferentes leyes y jurisprudencias en esta materia, una vez que permite a los juristas socializar y revisar los resultados de las investigaciones y así compararlos en pro de la infancia de la región, sin considerarlos dogmas, más bien convertirlos en fórmulas para le eliminación de flagelos en los países del ALBA.     

Manifestó, que debe haber un proceso de formación creativa, de interpretación y de aplicación de las normas que rijan el respeto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, habló sobre un proceso de judicialización del Sistema de Protección en cada uno de los países del ALBA, instaurando operadores de justicia especializados en la materia, que manejen a su vez la psicología y la educación, para así tener enfoques interdisciplinarios en cada uno de los casos judiciales.