Un tribunal de control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira privó de libertad al ciudadano José Gregorio Díaz, por la presunta comisión del delito de tráfico de material estratégico, previsto y sancionado en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Según información preliminar, la mencionada persona fue detenida por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana en la Alcabala del Sector de Guarumito, quienes luego de revisar el vehículo en el que se transportaba, consiguieron en su interior varios recipientes plásticos con 175 litros de gasolina. El juzgado de control tachirense también acordó incautar el vehículo en el que era transportado el combustible.

En el Estado Zulia, un juzgado de control del Circuito Judicial Penal privó de libertad al ciudadano Ángel Emiro Mendoza, por estar incurso en la presunta comisión de los delitos de contrabando por extracción, previsto y sancionado en la Ley Orgánica de Precios Justos, y contrabando agravado, tipificado en la Ley sobre el Delito de Contrabando, en perjuicio de la colectividad y del Estado venezolano.

Mendoza fue aprehendido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes se encontraban en labores de patrullaje en el Eje de Carrasquero de 4 Bocas, sector San Benito, y al revisar una camioneta manejada por dicho ciudadano, hallaron ocultos dos envases llenos de gasolina, con capacidad de almacenaje de 20 litros cada uno.

Además, en el portamaletas del vehículo consiguieron numerosos empaques de arroz, azúcar y papel higiénico, y hallaron un tanque de abastecimiento de combustible en su estado original, con capacidad para almacenar 93 litros, completamente lleno.

El tribunal zuliano además de privar de libertad al ciudadano, acordó medidas precautelativas de aseguramiento e incautación de la camioneta en la que se transportaba la referida mercancía de forma presuntamente ilícita.

De esta manera el Tribunal Supremo de Justicia junto a los diferentes juzgados del país trabajan en la lucha contra el contrabando y otros delitos económicos, en el marco de la política que desarrolla el Estado, para proteger al pueblo venezolano y contribuir con su buen vivir.