La Sala Constitucional consideró que en el presente caso, el contralmirante García Vásquez, no probó haber sido imputado por la Fiscalía General de la República, como órgano encargado de la persecución penal, mediante un acto formal de procedimiento, ¿de modo que resulta posible la iniciación del Consejo de Investigación contra el accionante que, por lo sucesos ocurridos a partir del 11 de abril de 2002, ordenó el Ministro de la Defensa por disposición del Presidente de la República, de modo que siendo autónoma la referida investigación disciplinaria de la investigación criminal, con sus consecuencias no puede existir amenaza de lesión del derecho al debido proceso del oficial almirante, ya que el accionante para la oportunidad en que se dictó la resolución ministerial que ordenó el procedimiento disciplinario, así como para el momento de la interposición de la presente acción de amparo, no era perseguido penalmente¿ ¿ precisa el fallo del TSJ. Siendo así, ante la inexistencia de amenaza de violación de derechos constitucionales, para la Sala Constitucional le resulta forzoso declarar inadmisible el amparo interpuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 numeral 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En virtud de la declaratoria anterior, la Sala Constitucional consideró inoficioso pronunciarse respecto a la medida cautelar solicitada.

No obstante lo decidido, la Sala Constitucional estimó necesario advertir que en las decisiones mencionadas, consideró que ¿de darse el caso que a un oficial que goza del antejuicio de mérito, se le siguiese un proceso disciplinario, sin que se encuentre imputado de delito alguno y que, posteriormente a la sanción disciplinaria se le impute penalmente por los mismos hechos por los cuales se le sancionó, obviándose el antejuicio de mérito, debe ratificarse que, ante una hipótesis como la señalada, no habría duda de lo errado en que deviene el Consejo de Investigación y su resultado, pues la acusación se convertiría en inconstitucional, por violatoria del artículo 266.3 de la Constitución, pues ¿tratándose de los mismos hechos que originaron la sanción disciplinaria y que luego fundan, o pueden fundar, una imputación contra el oficial general o almirante en retiro, los derechos constitucionales del privilegiado deben resguardarse, y por lo tanto no permitir el proceso penal sin el antejuicio, ya que de alguna manera se le estaría violando el derecho constitucional al mismo¿ (Sentencia de la Sala Constitucional N° 1636/2002).