La Sala Penal pasó a resolver la solicitud de radicación, en atención a las consideraciones siguientes: Para que proceda la radicación de un juicio, en nuestro sistema jurídico deben darse las siguientes circunstancias: a) Que se trate de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público, y b) Que la causa se haya paralizado indefinidamente después de presentarse la acusación fiscal por recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares, de sus suplentes y de los conjueces respectivos; circunstancias estas que puedan permitir apartarse del principio general establecido en el artículo 57 del Código Orgánico Procesal Penal conforme al cual ¿la competencia territorial de los tribunales se determina por el lugar donde el delito o falta se haya consumado¿. La Sala al examinar las actuaciones que cursan en el expediente, constató que efectivamente el proceso comenzó en el año 2000, y hasta la presente fecha, el mismo se encuentra todavía en la etapa de la fase intermedia, es decir, para celebrarse la audiencia preliminar, ello en virtud de que la misma ha sido suspendida en varias ocasiones por inhibiciones, recusaciones, y peticiones de suspensión por las partes por distintos motivos. De lo expuesto la Sala Penal evidenció que ciertamente el proceso seguido a José Ricardo Salazar Gamboa, María Eugenia Castillo, Luis José Panté Guzmán, Jazmina Montalti de Calderón, José Miguel Arreaza Froissart, Ivonne Del Carmen García, Alvaro José Abache y Ramón Eleazar Cardozo se encuentra efectivamente paralizado, lo cual está en contraposición a los supuestos consagrados en el artículo 26 de la Constitución de la República de Venezuela, referido a la tutela judicial efectiva, como es el derecho a obtener con prontitud una justicia expedita, y sin dilaciones indebidas. ¿Lo anterior debe estar conexo con la institución de la radicación, pues lo que se persigue con ella es impedir la paralización indefinida de los procesos, y por ende, se violentaría el debido proceso de las partes en el juicio. Es inconcebible que la justicia no pueda administrarse porque han surgido en el proceso incidencias de toda índole, entre ellas recusaciones, inhibiciones, etc., no logrando avanzar hacia su resolución, a pesar de que los códigos prefijan oportunidades procesales para que se cumpla cada etapa dentro del mismo¿ ¿ precisa el fallo del TSJ. Ante tales circunstancias es necesario un correctivo, que permita la administración de justicia, sin ser una violación al juez natural, procede entonces la radicación de la causa con el fin de cumplir los postulados del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza una justicia accesible, imparcial, autónoma, idónea, transparente y expedita, sin dilaciones indebidas, por lo que se concluye que es procedente la radicación.