Al estudiar el caso, la Sala Social recordó que el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, establece que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia. ¿El vicio de incongruencia se produce cuando en la sentencia no se decide sobre algún alegato, o se pronuncia sobre cosa no demandada. La modalidad conocida como incongruencia positiva, se suscita cuando el juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial al cual fue sometido¿, precisó el fallo. Sobre el caso bajo estudio, la Sala del TSJ señaló que el juzgado superior ¿dejó sin efecto un acto administrativo sin que se hubiese cumplido el trámite previsto en la ley ante el órgano competente, con lo cual se configuró un caso típico de incongruencia, por haberse excedido el Juez de alzada de los límites de su competencia, y estar lo decidido fuera de la materia sometida a su conocimiento y decisión, conducta que contraría el mandato de atenerse a lo alegado y probado en los autos contenido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, en contravención con el ordinal 5° del artículo 243 del citado Código Procesal (...)¿, estableció el fallo.

Acerca de la denuncia del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, recordó en su dictamen que ¿no es posible para esta Sala de Casación Social revisar quebrantamientos de rango constitucional, por cuanto ello es competencia de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia (...)¿. En vista de lo anterior, la Sala Social (Accidental), declaró con lugar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial de Lara, el 31 de enero de 2003, la cual se anuló y se ordenó al Superior competente dictar un nuevo fallo en el que se corrija el vicio detectado.