La Sala Político-Administrativa al estudiar el recurso presentado, precisó en su sentencia que ¿al contrario de lo que pretende exhibir la recurrente, de sus alegatos se desprende su desacuerdo con la aprobación de las aludidas Leyes, lo cual si bien podría afectar la función de la Contraloría en su gestión contralora, los actos atacados no pueden ser objetados a través de una supuesta controversia administrativa, toda vez que existen en el ordenamiento jurídico otros medios idóneos para satisfacer tal pretensión, tales como la nulidad de dichos instrumentos, que de conformidad con el numeral 2 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela su conocimiento corresponde a la Sala Constitucional¿. En vista de lo anterior, la Sala del Alto Tribunal concluyó que ¿la presente solicitud, no cumple los extremos de procedencia contenidos en el artículo 166 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, resulta forzoso declarar inadmisible la misma¿.