Con fundamento en las normas parcialmente transcritas, y en virtud de haberse interpuesto un recurso de nulidad contra un acto emanado de la Contraloría General de la República, órgano del Poder Público con rango Nacional, la Sala declara su competencia para conocer del recurso contencioso administrativo de anulación incoado. Determinada la competencia la Sala para conocer del asunto, precisa que el apoderado judicial de la parte actora al interponer el escrito recursivo, se hizo asistir por el abogado Álvaro Enrique Hernández Gil, identificado, ello ¿para dar cumplimiento al artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia¿, razón por la cual debe reiterarse el criterio sentado por esta Sala en decisión N° 1.703 de fecha 7 de octubre de 2004 (caso: Inversiones Sabenpe, C.A.), en la cual se estableció lo siguiente: ¿La Secretaría de esta Sala, al momento de recibir el escrito de solicitud de aclaratoria, dejó constancia de que el abogado apoderado de IMAUBAR se hizo asistir por el abogado Daniel Buvat, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 34.421, toda vez que el primero no llenaba con la exigencia establecida en el aparte tercero del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En tal sentido, se observa que la doctrina asumida de manera reiterada por la Sala Casación Civil de este Alto Tribunal, con ocasión de la legitimación especial exigida para actuar en Casación por el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, ha estado dirigida a no permitir que los abogados que deban actuar ante el Tribunal Supremo en defensa de los derechos de sus representados, se hagan asistir por otros profesionales, por la circunstancia de no reunir ellos los requisitos exigidos por el legislador para actuar ante este Tribunal.

Al respecto, se ha señalado que en estos casos, de falta de habilitación requerida por la normativa procesal, conviene que la misma se haga representar o asistir por abogados que sí llenen los requisitos del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, pero nunca que el apoderado judicial que la ha representado en la instancia, actúe ante el Tribunal Supremo asistido de un profesional del Derecho que sí tenga esta especial capacidad de postulación. (Vid. Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de fecha 14 de octubre de 1993). El razonamiento anterior resulta plenamente aplicable al caso bajo estudio, toda vez que lo establecido en el tercer aparte del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, constituye una previsión análoga a la contenida en el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, debiendo concluirse en consecuencia, que el abogado solicitante carece de la legitimación necesaria para actuar ante esta sede jurisdiccional, la cual no se considera subsanada con el hecho de haberse hecho asistir para su actuación por un abogado que sí ostenta dicha legitimación. Así se declara¿. Atendiendo al criterio arriba transcrito, el cual se reitera en esta oportunidad, le resulta forzoso a la Sala Político-Administrativa declarar inadmisible el recurso de nulidad intentado, ello con fundamento en lo dispuesto en el aparte 5, in fine, del artículo 19 de la Ley Orgánica de TSJ (manifiesta la falta de representación o legitimidad que se atribuya al demandante), en concordancia con el tercer aparte del artículo 18 de la citada Ley Orgánica.