El magistrado Emiro García Rosas, de la Sala Político-Administrativa, explicó a las representantes de la Fundación, que todos los miembros de la Comisión Judicial están muy sensibilizados con su situación por lo que se tomó la decisión de dejar sin efecto la designación de 5 jueces en la ciudad de El Tigre.
Según explicó, por compromisos personales los magistrados Luis Velásquez Alvaray y Luis Ortiz Hernández no pudieron estar presentes en el encuentro, pero que todos están conscientes de la situación "penosa que tienen todas ustedes desde hace casi una semana, lejos de sus casa, sus hijos y demás familiares, pasando fría, lluvia, hambre, porque decidieron pasar hambre", por lo que luego de las investigaciones efectuadas se tomó la decisión ya conocida por parte de la Comisión Judicial.
Por su parte, el magistrado Luis Alfredo Sucre Cuba, de la Sala Electoral, manifestó que el Tribunal Supremo de Justicia está sensibilizado con los problemas del pueblo "y esperamos que los jueces que se designen para llenar las vacantes de estos jueces sancionados hagan su trabajo de manera correcta, siguiendo lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las Leyes de la República".
Entre tanto la magistrada de la Sala de Casación Penal, Deyanira Nieves Bastidas, quien además es Directora General del Sistema Autónomo de la Defensa Pública, expresó que el pleno del TSJ y la Comisión Judicial está avocado a atender la problemática en las cárceles, el retardo procesal y la corrupción en el Poder Judicial.
"Las puertas del Tribunal Supremo de Justicia están abiertas a la población para garantizarles el acceso a la justicia y cualquier denuncia pueden hacerla llegar a la Comisión Judicial", manifestó la Magistrada.
Finalmente la magistrada de la Sala de Casación Social, Carmen Elvigia Porras de Roa, directora de la Escuela Nacional de la Magistratura, hizo hincapié en la importancia que juega la contraloría social en el proceso de saneamiento del Poder Judicial venezolano, "es importante que sepan los venezolanos que deben poner en conocimiento a la Comisión Judicial de cualquier tipo de problemas o irregularidades para realizar las investigaciones y tomar las decisiones a que haya lugar".

Luego de concluida la reunión, María Cecilia Capra viuda de Donato, dijo sentirse satisfecha por la reunión y por las decisiones adoptadas por la Comisión Judicial, contra un grupo de jueces que ella catalogó como personas que "no habían sido ni justas, ni probas".
"Nosotros hemos entregado una serie de peticiones, de recaudos a la Comisión Judicial y ellos nos han escuchado", por lo que informó que desde este mismo momento quedaba levantada la huelga de hambre que mantenía a las puertas del Máximo Tribunal del país.