El 08 de marzo de 2005 la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, con sede en Cumaná, decidió declarar el recurso de apelación interpuesto por el representante judicial de los ciudadanos arriba mencionados, en su condición de defensor, ejercido contra el fallo del Juzgado Accidental de Juicio señalado Circuito Judicial Penal que fuera dictado el 14 de julio de 2004, que absolvió a un grupo de los implicados en el caso y condenó a otros.

Ante la decisión de la Corte en cuestión, el abogado defensor de Mario Sánchez y Robert Lattán Rondón, el primero como autor y el segundo como cooperador, propuso un recurso de casación. El 25 de mayo de 2005 el expediente fue llevado al Tribunal Supremo de Justicia y el primero de junio del corriente fue designado el presidente de la Sala Pelan, magistrado Eladio Aponte Aponte como ponente del caso.

Posteriormente, el 30 de junio se declaró admisible el recurso interpuesto y se convocó a una audiencia pública, la cual fue celebrada el día 28 del mes siguiente y contó con la asistencia de las partes involucradas.

El seguimiento del caso se inicia el 07 de septiembre de 2002 cuando el director de la Drug Enforcement administration (DEA) Joseph Evans informó al Comando Antidrogas de la Guardia Nacional sobre ciertas informaciones que habían llegado a dicha dependencia sobre la existencia de ocho mil (8.000) kilogramos de cocaína que sería exportada a los Estados Unidos de América y las islas del Caribe y que se encontraba en una finca denominada Cumaquita ubicada en el municipio Valdéz del estado Sucre.

Asimismo se informó que los integrantes del cartel, cuyo cabecilla era el ciudadano Mario Sánchez, de la droga en cuestión estaban fuertemente armados, por lo que se decide conformar el mismo día una comisión conformada por efectivos militares para emprender la investigación y el debido procedimiento.

Al lograr esta comisión llegar al lugar donde estaba almacenada la droga se procedió a realizar el allanamiento, acorde a lo establecido en el artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal. Allí se encontraba el ciudadano Mario Sánchez, quien se identificó como el dueño de la finca ya mencionada y un grupo de 15 personas más.

Inmediatamente se procedió a la revisión de la vivienda central de la finca donde fueron halladas varias armas de fuego, de las cuales Sánchez mostró los permisos de porte, así como varios radios portátiles, binoculares, teléfonos celulares y satelitales, municiones de distintos calibres y seis sacos elaborados de fique.

Siguiendo la revisión de las extensiones de la propiedad fue hallado también cerca de unas plataneras 13 rollos de Envoplast, otros 37 sacos de fique y otros implementos plásticos y de hierro. Asimismo, con la ayuda de dos perros y en presencia de testigos se halló un lugar donde había tierra removida, en cuyo fondo fueron extraídas 657 panelas de un polvo blanco que luego de practicársele la experticia química resultó ser clorhidrato de cocaína con un peso superior a los 700 kilogramos.

También en la revisión de otras zonas de la propiedad se encontraron enterradas dos cajas plásticas en cuyo interior había armas y municiones de varios calibres. Igualmente se lograron incautar embarcaciones marítimas y motores fuera de borda de alta potencia. Por otra parte, el 09 de septiembre del mismo año fue practicado otro allanamiento en una vivienda, en cuyo interior fueron incautados envoltorios plásticos, municiones y diversos documentos.

Posteriormente se efectuaron nuevos allanamientos en la finca Cumaquita, logrando encontrase varias escopetas, pasaportes, documentos de vehículos, trenes de pesca, artefactos eléctricos, diez vehículos automotores, así como nuevos envoltorios de clorhidrato de cocaína embalada en panelas y envuelta en sacos blancos que sumaban un total de 1.59 kilogramos con la anteriormente hallada.

Es de resaltar que el total en peso bruto de la droga hallada en la finca, que resultó ser clorhidrato de cocaína con un 95% de pureza, fue de un mil seiscientos sesenta y cinco kilogramos con doscientos cincuenta gramos (1.765,250 kg.).

Habiendo revisado los antecedentes y los resultados del recurso presentado "se exhorta al Ministerio Público a que, en casos similares al que nos ocupa, ejercer los recursos ordinarios y extraordinarios correspondientes, para que así sean revisadas causas, como la presente, en la que se dictaron absolutorias en cuanto a varios acusados y con respecto a delitos graves, como el de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, ocultamiento de arma de guerra y agavillamiento, ya que la inacción de los representantes de la vindicta pública pudiera traer como consecuencia la impunidad (...) cabe destacar, que aun observando la inacción del Ministerio Público está vedado a la Sala pronunciarse al respecto, en virtud de que se podría incurrir en una reforma en perjuicio".

En tal sentido, la Sala Penal del máximo Tribunal de Venezuela decidió declarar sin lugar el recurso de casación interpuesto por los defensores de los implicados en el referido caso.