Igualmente hizo hincapié en la necesidad de "servir justicia con excelencia" por lo que la función disciplinaria de ese Juez Coordinador será fundamental, los jueces que tengan un rendimiento acorde con las necesidades será premiado como una forma de estimulación, y el que presente fallas insalvables como retardo procesal, número mínimo de audiencias, etc., será sancionado y destituido. "El recurso humano es imprescindible, de nada vale contar con una planta física dignificada y con tecnología de punta si el juez no actúa con dignidad y a la altura de las circunstancias", dijo Mora. En cuanto a las debilidades de la jurisdicción penal con relación a la laboral, señaló que básicamente radica en que no hay coordinación adecuada de las jurisdicciones; además de que otras cuentan con la oralidad, infraestructura digna en los estados, el JURIS 2000, etc. Instó a los jueces penales a asumir el liderazgo en las regiones para lo cual se ha creado la Comisión Nacional Penal como una "instancia de apoyo al trabajo institucional a ser reglamentada por la Sala Plena, por ejemplo, el Presidente de la Sala Penal u otro miembro de la misma será designado coordinador de esa jurisdicción y así en todas las otras instancias. En el caso de la jurisdicción penal fue designado su Presidente el Magistrado Eladio Aponte Aponte.

Anunció que a finales de octubre se realizará la primera reunión en la que se dictarán las pautas para las futuras, por los momentos el Presidente del TSJ, solicitó a los Presidentes de Circuitos que para esa fecha entregaran un informe diagnóstico de su región, en lo que corresponde a las condiciones de planta física e infraestructura; necesidades de mobiliario, dotación; tecnología, JURIS 2000; plantilla de jueces identificando titulares, provisorios, etc. y sus correspondientes evaluaciones; personal de apoyo y dotación vehicular; entre otros, a los fines de obtener una evaluación lo más objetiva posible y otorgar los recursos que se justifiquen como necesarios. Es imprescindible contar con un censo actualizado de la nómina de todo el país, es una de las debilidades de la DEM ya que se maneja una cifra de 1850 jueces aproximadamente pero sin precisión.

Mora Díaz fue enfático al señalar que por "algunos pocos jueces irresponsables se enloda el poder judicial de todo el país, el retardo procesal no se debe al juez nada más sino que intervienen muchos factores, con lo que no queremos librarnos de nuestra cuota de responsabilidad, por el contrario la asumimos y nos comprometemos a mejorar". "Basta de impunidad no podemos ser tolerantes con jueces narcocomplacientes o que suelten terroristas por meras formalidades, debemos actuar con valentía, no podemos seguir generando impunidad ni retardo procesal, que son los dos aspectos que deterioran el Poder Judicial. Es nuestro deber luchar por un Poder Judicial humanizado, transparente, confiable, recto y honesto al servicio del ciudadano. Y en este caso la materia penal es la que genera mayor controversia en la opinión pública", dijo Mora Díaz. El segundo objeto de la reunión fue establecer vínculos de carácter institucional usando el mecanismo de colaboración entre los poderes para resolver el problema penitenciario. Ciertamente aceptó el Presidente del TSJ que no se cuenta con suficientes centros de reclusión, humanizados, con condiciones dignas, sin hacinamiento, con posibilidades de productividad o un proceso claro de reinserción a través de la educación. "Lo que hemos heredado es un sistema medieval e inhumano, los procesados y penados no están clasificados, hay drogas, tráfico de armas, etc., que crean un caldo de cultivo que favorece la violencia".

Aseguró que el Poder Ejecutivo está haciendo los esfuerzos necesarios para resolver este problema que no es fácil, y que requiere de la colaboración de todos los entes involucrados para que sea resuelto a mediano plazo. Señaló que "las situaciones de conflicto que se vienen presentando en los internados judiciales del país no son casuales, existen ciertos sectores interesados en utilizar a los presos para desestabilizar de manera recurrente y creciente, hay factores complejos, el tráfico y consumo de drogas es la regla y no la excepción, esa industria tiene interés en crear y mantener esta situación de conflicto". Mora Díaz se refirió también al tráfico de armas, de comida, a la corrupción del sistema de vigilancia y control, en ocasiones los mismos reos sabotean los procesos "algunas ONG´s que en apariencia colaboran y que son financiados no se sabe por quién, más bien son un catalizador para estimular los conflictos, incluso el tratamiento que al tema le dan algunos medios de comunicación social, donde se utiliza el tema penitenciario con fines políticos", señaló. Insistió en la imperiosa necesidad de unir esfuerzos para llevar el problema "a su mínima expresión", buscar dónde están las fallas y atacarlas, a nivel regional sugirió reuniones periódicas con los entes involucrados en cada estado, "que el retardo procesal no se de por las instituciones que participamos en el proceso jurídico. Hay una matriz de opinión de que el retardo procesal es imputable al Poder Judicial y en realidad la cuota es mínima, por lo que deben llevarse las estadísticas formales que permitan desmontar esa matriz. Culminó diciendo que "el Poder Judicial es bueno pero puede ser excelente sólo hay que consolidar el liderazgo en las regiones".

Por su parte la representante del Fiscal General de la República, Alix Boscán, señaló que es importante esta reunión para disertar sobre los diferentes aspectos del sistema penitenciario, tanto del área jurisdiccional por parte de los jueces, como de parte del Ministerio Público y el Ministerio de Interior y Justicia. Explicó que "la Fiscalía en la fase del proceso penal que es la de ejecución, interviene a través de los fiscales de ejecución quienes deben velar por el respeto a los derechos humanos de los internos, tanto procesados como penados". Igualmente dijo que el MP debe cumplir a través de sus representantes con las audiencias que le son notificadas por los jueces tanto de ejecución como de control, para cubrir la parte de ejecución de sentencias en lo que respecta a la parte penitenciaria.

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