La jueza rectora de la región, Carmen Belén Guárata, hizo referencia al "anacrónico código que regulaba el proceso penal venezolano, como también aquellas sedes en los tribunales, con sus vetustos archivos y la carencia total del sistema de información sistematizada y electrónica, con locuaz el sistema judicial venezolano, no parecía sino la cenicienta del sistema político constitucional del país". Señaló Guárata que mucho se ha hecho al respecto "se continúa haciendo y se tiene proyectado hacer", por quienes hoy asumen la conducción y organización del sistema judicial venezolano. "Hoy día todos los tribunales laboran bajo el sistema informático, lo que contribuye a la transparencia de los procesos, la organización, la eficacia, la eficiencia del Poder Judicial venezolano, muestra de ello son la cantidad de resoluciones emanadas del circuito judicial penal, sede Cumaná y su extensión en Carúpano", dijo. Refirió las estadísticas en cuestión siendo que en el circuito Cumaná ingresaron en el año 2005 la cantidad de 10.990 asuntos, siendo dictadas 8.900 resoluciones judiciales; mientras que en el circuito judicial de Carúpano ingresaron 4.229 asuntos, siendo publicadas 9.200 resoluciones.

El magistrado Sucre Cuba indicó en su discurso de orden que la sociedad venezolana viene haciendo esfuerzos por acoplar su vida a los cambios contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero muchas veces estos cambios generan desconcierto debido a la rapidez con que se producen, y a la resistencia natural que tenemos los seres humanos al cambio. "Muchas veces, debemos modificar nuestra conducta tan arraigada a las costumbres; y la actividad jurisdiccional no escapa a esos cambios, es por ello que debe ser desplegada por los jueces, como parte integrante de un sistema de Estado, teniendo por norte el contenido del artículo 2 constitucional, a saber: ?Venezuela se constituye en un Estado Democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia a los derechos humanos, la ética y el pluralismo político?. Agregó que desde su preámbulo, la Constitución ha expresado la necesidad de "refundar la república para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica...", que se traduzca en un Estado de verdadera justicia, donde prevalezcan la solidaridad, el bien común, la integridad territorial y la convivencia; donde la libertad y el imperio de la ley se vuelvan fundamentos reales para ésta y para las futuras generaciones, comenzando así a recorrer un camino que verdaderamente nos asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la igualdad, a la cultura, a la educación y a la justicia social, sin discriminación de ninguna especie. "Con el señalamiento de esos valores superiores, la constitución nos impone a todos nosotros, hombre y mujeres, pensadores o gente común de la sociedad; una profunda reflexión a partir del imperativo de llevar adelante el cumplimiento de esos objetivos; y es aquí, cuando los operadores de justicia, los jueces, estamos llamados a realizar la transformación de la función judicial y a darle un contenido de trascendencia social, donde ciertamente la justicia sea impartida a todos los ciudadanos, incluidos y excluidos; en donde el proceso judicial sea efectivamente un instrumento para la realización de la justicia. Evidentemente que se trata de una labor titánica, pero nunca digan que no se puede, porque nosotros estamos aquí para aportar nuestra constancia y lograrlo", dijo Sucre Cuba.

Así mismo recordó a los presentes que el gobierno y la administración del poder judicial reposa en cabeza del Tribunal Supremo de Justicia, y los 32 magistrados que detentan esa gran responsabilidad, "estamos ganados a la idea de impulsar los cambios profundos que requiere la Administración de Justicia, es por ello que además de contar con el apoyo del Ejecutivo Nacional, resulta vital que podamos contar con el compromiso de ustedes, para darle a Venezuela el Sistema Judicial que se merece". Solicitó a los administradores de justicia que se alejen de conductas reñidas con la moral como el engaño en todas sus formas, con especial énfasis en el dictado en perjuicio ajeno o en procura de un beneficio propio; cobro de retribución, compensación o comisión indebida; uso de los recursos de la organización en actividades privadas; eludir responsabilidades; desacreditar o dañar psicológicamente a los demás; atribuirse méritos ajenos; divulgar información reservada y la prevaricación y colusión.

Señaló enfáticamente el magistrado Sucre Cuba que el juez debe cuidar su autonomía de cualquier ataque, que puede provenir fundamentalmente de dos corrientes de influencia. En primer término de las autoridades por lo que debe rechazar cualquier influencia ilícita de los otros Poderes, así como de los funcionarios del propio Poder Judicial, por muy alto que sea el nivel que ocupen y en segundo lugar de los particulares, mediante honores, dádivas, banquetes, automóviles, promociones periodísticas, vicios, amenazas, etc. Otra cara del esfuerzo a destacar en esta oportunidad a propósito de los cambios en positivos del Sistema Judicial, es el plan emprendido por el Tribunal Supremo de Justicia, de ejecutar las ciudades judiciales, ameritando mención especial la "Ciudad Judicial Regional Estado Sucre". Asimismo se prevé, para el 2006, el desarrollo de 10 Ciudades Judiciales Municipales, puesto que en la actualidad, en el estado Sucre se cancelan 11 millones 600 mil bolívares anuales por concepto de arrendamiento. Adicionalmente, destacó que el TSJ está acometiendo, a través de la Escuela Nacional de la Magistratura los diversos programas de capacitación de jueces, unos dirigidos a reforzar los conocimientos para el otorgamiento de la titularidad, y otros dedicados al entrenamiento progresivo para formar el mejor recurso humano a futuro. Culminó ofreciendo a los presentes sus saludos de fraternidad y solidaridad, "pidiéndoles que pongan en ejecución toda su actividad creativa para que el Poder Judicial que nos hemos comprometido a construir, sea un emblema nacional donde impere el Derecho y la Justicia, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y nos lo exige la Sociedad Venezolana".

Una vez concluida la sesión solemne el magistrado Luis Alfredo Sucre Cuba fue objeto de sendos reconocimientos el primero por parte de la gobernación del estado la orden "Antonio José de Sucre" en su primera clase de manos del Teniente Coronel Alí Jiménez, secretario general de gobierno. Igualmente la jueza rectora de la entidad, Carmen Belén Guárata, hizo entrega de una placa de reconocimiento en nombre de la rectoría, de la presidencia del Circuito Judicial Penal y la Dirección Administrativa Regional, por haber sido el orador de orden de tan solemne sesión.

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