Detalle de Nota de Prensa

Con la finalidad de impulsar una política de seguridad en la frontera y enfrentar los delitos de secuestro, extorsión y asesinato, el diputado de la Asamblea Nacional, Braulio Álvarez, sostuvo una reunión con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Omar Mora Díaz, y en este sentido, el parlamentario hizo entrega de un informe contentivo de una serie de denuncias de familiares de víctimas de los mencionados delitos.

El vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico y presidente de la Comisión Especial que investiga los asesinatos de indígenas y campesinos en las zonas rurales, explicó que por mandato del parlamento se les dio la responsabilidad de profundizar dichas averiguaciones y que a partir de los elementos con que cuentan, es decir, denuncias de los familiares de los campesinos, de las asociaciones de productores agropecuarios, en conjunto con algunas articulaciones de los organismos de seguridad, crear las políticas y leyes que permitan acabar con la impunidad, "y de esta forma hacer efectiva una política de paz, de armonía, de responsabilidad en lo que es la defensa de los derechos humanos, que es un problema de todos".

Fue enfático el diputado al señalar que la pena de muerte en la República Bolivariana de Venezuela no tiene asidero, "porque estamos en el desarrollo de una democracia plena y creemos en la civilización de la cultura, de las ideas y de las propuestas. Por eso estamos convencidos que con esta articulación de nosotros con los poderes del Estado vamos a originar una mejor respuesta que va dar paz y tranquilidad al campo venezolano e igualmente que se estabilice la política agrícola que está desarrollando el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, como una propuesta efectiva agroalimentaria en beneficio de todos los venezolanos".

Álvarez informó que en este sentido le hicieron entrega al magistrado presidente del TSJ de un listado de casos que se ventilan en la actualidad en los tribunales de la República relacionados con la materia, "e igualmente, conociendo la experiencia del magistrado y su gran calidad humana, le hicimos conocer la realidad de unas 150 mujeres y huérfanos producto de la violencia, por lo que estamos promoviendo la ceración de un Fondo Humanitario, con la participación de diversos entes del Estado. Es decir, no sólo queremos dar una respuesta en el campo de la justicia sino también desde el punto de vista de un respaldo en el orden humano a quienes han sido víctimas del sicariato, el paramilitarismo, del terrorismo, entre otros delitos".

El diputado recalcó que su visita al TSJ responde al espíritu de colaboración entre los poderes del Estado, "y esto pasa por la redacción de propuestas con características de leyes, que permitan definir algunas conductas de personas que han dedicado a cometer desmanes en las zonas rurales obstaculizando las políticas que adelanta el gobierno venezolano para desarrollar el sector" - concluyó.