La Sala Social al estudiar el recurso de casación lo declaró sin lugar, sin embargo precisó que fue establecido en el fallo impugnado, y aquí se ratifica, que según los planteamientos de ambas partes, el accidente aéreo a causa del cual falleció el cónyuge de la demandante, fue un accidente de trabajo, ocurrido con ocasión de los servicios de piloto que prestaba para las compañías demandadas. Accidente del cual se derivan daños materiales y morales. Indicó la Sala que esas circunstancias permiten inferir, que las graves consecuencias económicas, para la cónyuge, del suceso referido, y su prolongación durante 6 meses sin percibir indemnización alguna, fueron determinantes para forzar su consentimiento y llevarla a suscribir un instrumento como el del caso, conforme ella lo alegó, redactado unilateralmente por la empresa aseguradora, la que resulta liberada de las obligaciones derivadas del accidente, no por lo expuesto en el texto respectivo, sino por efecto de haber cumplido en el límite contratado en la póliza respectiva. Con vista de esos elementos "y aunado a los mismos el hecho de haberse producido el accidente por razones técnicas de la aeronave, así como por su consideración de la insuficiencia del citado pago de la aseguradora respecto de la entidad del daño moral reclamado, la Sala concluye y establece que no es correcta la interpretación dada por la recurrida al instrumento en referencia, en cuya apreciación infringió por tanto las normas y principios laborales mencionados, en tanto en cuanto le atribuyó un efecto de cancelación total del daño moral del caso, que no tiene, por no ser el producto de un consentimiento específico al respecto, manifestado libremente y sin apremios", indicó la sentencia de la Sala del Alto Tribunal.

Por todo lo anterior, la Sala de Casación Social declaró de oficio, la anulación de la decisión del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, por lo que pasó a decidir sobre el fondo de la controversia y al estudiar la situación, consideró adecuado a la justicia del caso, con vista de la responsabilidad objetiva contemplada en el artículo 560 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 1.393 del Código Civil, así como por razones de equidad, "acordar a la demandante una indemnización por este concepto en el orden de ciento cincuenta millones de bolívares (Bs. 150.000.000,00), y disponer que acceda a la misma mediante la constitución de un fideicomiso en la entidad bancaria que ella señale y el Tribunal de la ejecución apruebe, y en las condiciones que establezca al efecto ese Tribunal", concluyó la sentencia.