El 01 de diciembre de 2004, la Sala del Máximo Tribunal declaró improcedente la solicitud cautelar contenida en el escrito de la demanda y en esta oportunidad se pronunció sobre el fondo del recurso, es decir, el recurso de nulidad presentado por Gerbasi, quien alegó, entre otras cosas, presunta arbitrariedad cometida por el titular castrense al emitir la Resolución y dejar en suspenso indefinidamente los permisos de portes de armas, por no haber previsto una fecha definida para establecer el referido sistema de registro y control del armamento. Sin embargo la Sala Político-Administrativa indicó que a escasos meses de dictado el acto impugnado, la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional actualizó el Sistema de Registro y Control de Armamento, para lo cual emitió el 10 de septiembre de 2004 el correspondiente instructivo con el No. MD-DGSS-DARFA-004-2004, donde se establecieron las normas y procedimientos para tramitar los permisos de porte de armas de fuego, por lo que se desechó el alegato. También se alegó que la Resolución atentaba contra los derechos constitucionales al trabajo, a la libre competencia y al ejercicio de la actividad económica de su preferencia, de las personas naturales y jurídicas que se dedican lícitamente al comercio de armas, o a aquéllas que imparten cursos de instrucción de tiro, de defensa personal y de uso y manejo de armas. Al respecto la Sala indicó en su sentencia que el 22 de septiembre de 2004 se dictó el instructivo N° MD-DGS-DARFA-007-2004, de parte de la misma Dirección de Armamento, mediante el cual se establecieron las Normas y Procedimientos para el Otorgamiento de de Autorización de Importación de Armas, Municiones, Accesorios y Equipos de Control de Orden Público, "las cuales no fueron objetadas por el recurrente; ello aunado al hecho de que el actor no ostenta en forma alguna la legitimación para actuar en juicio en representación de esas personas". Sobre la presunta violación del principio de reserva legal previsto en el artículo 324 de la Carta Magna, la Sala precisó que fue la propia Constitución la que otorgó en forma directa a la Fuerza Armada Nacional, la competencia para reglamentar y controlar la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de armas municiones y explosivos, y en tal virtud, no es menester que un texto de rango infraconstitucional reitere o respalde dicha expresa asignación competencial. Además recordó la Sala que existe la Ley para el Desarme, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.509, del 20 de agosto de 2002, que establece que la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional, es la dependencia competente para otorgar los permisos de porte y tenencia de las armas de fuego, para lo cual se le exige llevar registros actualizados y automatizados de las armas de fuego, municiones, accesorios y permisos de portes y tenencia de armas; correspondiendo entonces a dicha Dirección, la reglamentación de tales exigencias en desarrollo de las normas y principios previstos en la Ley, por lo que también se declaró improcedente el alegato esgrimido.

Fue alegado también que el acto impugnado viola el derecho constitucional a la igualdad, porque fueron exonerados de la suspensión del porte de arma y la consignación de las armas a los efectos de realizar la prueba de balística, los militares en servicio activo, policías, o personas que de alguna u otra forma están armadas, incluso con armas de guerra, con las cuales se realizan hasta asaltos a carros blindados. Es clara la improcedencia de la alegada violación del derecho a la igualdad en los términos expuestos por la parte actora, indicó la sentencia, porque "es jurisprudencia pacífica y reiterada que la misma supone una situación en la cual se otorgue un tratamiento jurídico distinto a dos sujetos que se encuentren en idéntica situación, tal como fuera señalado por la representación de la República" En el presente caso, indicó la Sala, "mal puede sostenerse que los particulares, los miembros de la Fuerza Armada Nacional y los funcionarios policiales, se encuentren en idéntica situación respecto a la tenencia y uso y porte de armas de fuego, ya que los efectivos militares y policiales, así como los vigilantes privados, según prevé el propio texto de la resolución objeto del presente recurso de nulidad, están autorizados a portar armas en razón de sus funciones, relacionadas con las labores de seguridad y orden público que le son inherentes, en tanto que los particulares interesados en portar lícitamente un arma de fuego, deben gestionar ante la autoridad competente, las licencias o permisos para ello". Finalmente sobre la presunta violación de los derechos a la propiedad y a la no confiscación de bienes, recordó la Sala que "tales derechos constitucionales no son absolutos, y que pueden ser legalmente limitados, en este caso particular no se vulnera el derecho a la propiedad, sino que sus atributos fueron temporalmente limitados, todo ello en pro de poner en resguardo la seguridad ciudadana, como fuese antes señalado; y en todo caso, dicha limitación ya cesó, pues la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional ya actualizó el Sistema de Registro y Control de Armamento. Por tanto, no existe la pretendida violación del derecho a la propiedad". Precisó la sentencia que "no ha lugar la pretendida violación del derecho de no confiscación, pues cuando el acto impugnado dispone que pasarán al Parque Nacional, aquellas armas que sean importadas después de su entrada en vigencia, es decir, luego de haber sido legítimamente suspendida la importación de armas, se refiere a mercancía que sería introducida en el país en contravención del ordenamiento jurídico vigente, ergo ilegalmente; en razón de lo cual, no puede hablarse de que el pasar dichas armas al Parque Nacional, lesiona el derecho a la no confiscación".