El mencionado artículo de la LOT establece que: "La interposición de acciones contencioso administrativas contra las multas impuestas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones suspenderá su ejecución, cuando así lo solicite expresamente el actor en su recurso. Sin perjuicio de lo anterior la Comisión Nacional de Telecomunicaciones podrá hacer uso de las medidas cautelares a que se refiere el Código de Procedimiento Civil en materia de créditos fiscales". La Sala Constitucional al estudiar la situación indicó en su sentencia que la primera parte de la referida norma establece con claridad que la suspensión de efectos en ella prevista opera sólo respecto de las multas impuestas por Conatel, de entre el amplio espectro de sanciones contemplado en dicha normativa, "siempre y cuando medie petición expresa en ese sentido por parte del administrado al acudir a la sede contencioso-administrativa. Es decir, la norma en cuestión circunscribe el objeto de tal cautela ¿cuasi automática¿ al contenido pecuniario de la resolución administrativa sancionatoria dictada por el ente regulador de las telecomunicaciones". La segunda parte de la norma, indica el fallo de la Sala Constitucional, "por contrapartida, deja a salvo la potestad de la mencionada Comisión para ¿hacer uso¿ de las medidas cautelares a que se refiere el Código de Procedimiento Civil en materia de créditos fiscales (...). Indicó la Sala Constitucional que la remisión que hace al Código de Procedimiento Civil el único aparte del artículo 205 de la LOT, "no resulta del todo feliz. En efecto, de las normas que regulan el procedimiento ejecutivo especial al que se refirió escuetamente el Legislador en la norma delatada, se encuentra que dentro de el no se prevén cautelas específicas y que la más cercana mención acerca de este tema, aparece únicamente" en el artículo 657 de la del Código de Procedimiento Civil, que a su vez remite a este respecto al artículo 590 del mismo Código.

Agregó la sentencia de la Sala Constitucional que "no obstante la escasa claridad con la que la Ley Orgánica de Telecomunicaciones trató el punto, puede deducirse de su artículo 205 la intención de resguardar objetivamente el interés de la Administración actuante, con miras a impedir que la insolvencia del administrado sobrevenida en el juicio, impida a aquélla satisfacer el crédito que tiene en su contra, en caso de ser desechada la pretensión de nulidad del acto impugnado en sede contencioso-administrativa". Continúa la sentencia indicando que "la lectura que debe darse a la norma en su conjunto, implica reconocer que ¿ciertamente- el administrado cuenta con la posibilidad de solicitar la suspensión de los efectos de la multa impuesta en su contra, en cuyo caso el juez está obligado a otorgarla. Pero también el ente regulador puede solicitar al juez, como contra-cautela de la suspensión operada, que exija al administrado caución o garantía suficiente de las previstas en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil". A modo de conclusión, precisó la Sala Constitucional, "recuérdese que la eficacia de la medida administrativa adoptada en el marco del procedimiento correspondiente, no se ve menoscabada en modo alguno, pues la suspensión acordada sólo implicaría la inexigibilidad de la multa. Ello supone que si bien el artículo 205 amplia la protección cautelar del sujeto regulado, al mismo tiempo preserva el interés público tutelado por la Administración, lo que sirve de base para comprobar la razonabilidad de la norma delatada y desechar los argumentos de inconstitucionalidad efectuados en su contra". En base a lo planteado la Sala Constitucional indicó que el artículo 205 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones resulta "plenamente compatible con los postulados constitucionales que han sido abordados en este fallo", agregó que "el examen efectuado hasta el momento arroja con claridad la conformidad constitucional de la norma desaplicada por la Sala Político-Administrativa". También indicó la sentencia indicando que "dicho órgano jurisdiccional conserva su plena potestad de juzgamiento en torno a la causa particular sometida a su estudio, no obstante que-indefectiblemente- en atención a la doctrina que recoge este fallo, deba proceder a sentenciar nuevamente en relación con la petición cautelar planteada en aquella causa". Finalmente la Sala Constitucional revocó la sentencia n° 06292, de 23 de noviembre de 2005 por la Sala Político-Administrativa, por lo que se ordenó remitir copia certificada de la presente decisión a la Sala Político-Administrativa para que dicte un nuevo pronunciamiento con apego a la doctrina de la Sala Constitucional.

El magistrado Pedro Rondón Haaz salvó su voto en la presente sentencia al indicar que "discrepa del dispositivo que declaró la constitucionalidad del artículo 205 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, ya que lo que corresponde en este tipo de fallos es la declaración de que la norma que fue desaplicada no es inconstitucional por el motivo que la Sala Político-Administrativa señaló, pero no es pertinente una declaratoria general de constitucionalidad de la misma, ya que, otras reglas que podrían derivarse de ese mismo artículo (P.e., la que contiene el segundo párrafo) podrían ser inconstitucionales o, incluso, la que ya fue objeto de análisis, pero por un motivo distinto al que fijó el asunto de autos (Posibilidad o no para el legislador de otorgar directamente, en ciertas condiciones, una medida cautelar".