El hecho que dio origen a este juicio, el cual fue acreditado por la Sala 1 de la Corte de Apelaciones del circuito judicial Penal del Estado Zulia, tuvo que ver con la denuncia interpuesta por Edixo Luvi Luzardo Áñez, ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial del Zulia, el 7 de abril de 1992, en la que señaló, entre otras cosas, que la compra de un vehículo a Irma Hezzel Leal efectuada el 28 de octubre del año 1991, no aparecía registrada en los libros de autenticaciones del jugado del municipio Luis de Vicente, distrito Mara de la circunscripción judicial del estado Zulia, a cargo de la jueza María Dolores Luengo Medina. Consta en el expediente que el mencionado documento fue forjado para venderle el vehículo a Luzardo Añez.

Sobre este caso, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la referida sentencia N° 1118 del 25 de junio de 2001, con ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera, dejó sentado que "el comentado artículo 110 del Código Penal (...) garantiza al reo la extinción del proceso, si éste se prolongase por un tiempo igual al de la prescripción de la acción, más la mitad del mismo, y siempre que la dilación judicial ocurra sin culpa del reo. A esta extinción la llama el artículo 110 prescripción (...) y este término no puede interrumpirse. Más bien se trata de una forma de extinción de la acción derivada de la dilación judicial".

De igual manera, la Sala de Casación Penal, respecto al cálculo de la prescripción judicial, en sentencia N° 569 del 28 de septiembre de 2005, con ponencia de la magistrada Blanca Rosa Mármol de León, indicó que "el cálculo de la prescripción judicial no puede realizarse desde cada interrupción sino desde la fecha de comisión del delito, establecido como está para controlar la administración de justicia oportuna".

En el presente caso, la Sala observó, que desde la fecha en que se cometió el delito, hasta el día de la decisión dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Zulia, transcurrieron catorce (14) años, tres (3) meses y veintiocho (28) días, (superior a los diez (10) años y seis (6) meses requerido de acuerdo con lo pedido en el artículo 110 del Código Penal), sin que el juicio se prolongara por causas atribuibles a la acusada o a su defensa. En consecuencia, lo ajustado a derecho es declarar la prescripción de la acción penal, al quedar extinguida la misma, debiendo decretarse el sobreseimiento de la causa, con apoyo en el artículo 318 (numeral 3) del Código Orgánico Procesal Penal y así se decidió.