"En atención a lo expuesto, considera la Sala que en aplicación del principio del paralelismo de las formas, visto que fue la Comisión Judicial de este Alto Tribunal la que designó a la accionante, correspondía a dicha Comisión destituirla o removerla de su cargo y no al Inspector General de Tribunales; quien si bien dirige dicho órgano, no tiene actualmente atribuidas tales competencias. Corresponde entonces en estos casos pronunciarse sobre la remoción o destitución de los Inspectores de Tribunales a la Comisión Judicial, y al Inspector General de Tribunales ejecutar la medida tomada por ésta; por lo que resulta forzoso para la Sala declarar que el acto recurrido está viciado, al haber sido dictado por una autoridad incompetente", indicó la sentencia. Constató la Sala que en el presente caso de autos la accionante fue "destituida" de su cargo, a decir del Inspector General de Tribunales, debido a la reciente reforma de la Comisión Judicial del Alto Tribunal. Al respecto la Sala indicó que la relación jurídica entre la Administración y los agentes públicos puede concluir como consecuencia de múltiples causas, las cuales pueden ser o no dependientes de la voluntad de la Administración. En tal sentido, la Sala consideró necesario establecer diferencias entre la figura de la remoción y el retiro que se origina a propósito de la destitución. "En el primer caso, se trata de una situación jurídica por la cual queda al libre arbitrio de la autoridad administrativa, la separación del funcionario de su cargo, por encontrarse sujeto al régimen de libre nombramiento y remoción, mientras que, cuando se habla de destitución, se hace referencia a la situación por la cual un funcionario, sea de carrera o no, se desvincula de la relación de empleo público por haber incurrido en cualquiera de las causales de destitución establecidas en la ley; por lo que se interpreta que una situación es completamente independiente de la otra".

En el presente caso la Sala constató que la actora no fue removida de su cargo sino que fue "destituida" del mismo, sin que previa a dicha destitución se hubiese instruido un procedimiento disciplinario en su contra, en el cual se observasen las garantías del debido proceso, informándosele las causas que originaron tal decisión y dándosele la oportunidad de presentar sus defensas; "lo cual vicia igualmente el acto, pues además de haber sido dictado por una autoridad incompetente con base en las consideraciones ya efectuadas, hubo ausencia absoluta de procedimiento, lo cual contraría los principios de justicia y equidad protegidos en nuestro Texto Fundamental". En vista de la situación se declaró con lugar el recurso presentado, anuló el acto impugnado y se ordenó la reincorporación inmediata de la abogada Miriam Mercedes Rendón Gómez de Da Silva, al cargo que ocupaba o a uno de similar jerarquía, además, "se ordena como indemnización por la ilegal destitución, el pago del sueldo básico dejado de percibir por la actora desde la fecha en que se verificó la destitución, hasta el momento en que se incorpore efectivamente a sus funciones", concluyó la sentencia.