Al referirse a la materia de apelación, explicó que la Comisión introdujo algunos cambios, entre ellos, que se eliminó la apelación inmediata de las interlocutorias, porque la mayoría de las veces el trámite era tan lento que llegada la oportunidad para decidir el mérito, todavía no se había emitido pronunciamiento sobre la incidencia, lo cual además, se prestaba a ciertas inconsistencias entre las decisiones, cuando no a contradicciones por el hecho de que la decisión correspondía a jueces superiores distintos. Para tal fin se adoptó un sistema idéntico a la casación reservada o diferida que va a permitir que al proponer la apelación contra la sentencia que puso fin al juicio, queden comprendidas en ella las interlocutorias que hubieren producido un gravamen no reparado en la misma, sin necesidad de que el recurrente tenga que indicarlo al interponer su apelación, pues se presume que el recurso las comprende a todas, teniendo sólo que indicar en su formalización los motivos que tiene para cuestionar cada decisión y dejando a salvo, claro está la apelación contra las interlocutorias con fuerza de definitiva, las cuales conservan su apelación inmediata. En lo relativo al lapso para la interposición del recurso, señaló Dubuc que se unificó concediendo un plazo de 5 días para apelar cualquiera que sea la decisión objeto del recurso, a diferencia del sistema actual, el cual establece un lapso de 5 días si la decisión pone fin al proceso y de 3 días para los demás fallos, pues tal diferencia no tiene en la práctica ninguna utilidad. En lo relativo a la sentencia se establece que una vez concluido el debate oral el juez superior se retirará a deliberar por un lapso no mayor de 60 minutos y dictará su fallo en forma oral e inmediata, para garantizar los principios procesales de oralidad, inmediación y concentración, ya aludidos, a diferencia del sistema actual en el cual el juez dispone de un plazo de 10 días para dictar sentencia.

Además, se propone sancionar con destitución del cargo al Juez Superior que no decida la causa en el plazo establecido en la ley, "castigo que luce excesivo a primera vista, pero que examinado con cuidado no lo es, pues tiene que tomarse en cuenta que en la reforma propuesta por la Comisión y en el nuevo modelo organizacional adoptado en los circuitos de protección, los jueces superiores deben sentenciar los asuntos por orden cronológico y sólo tienen una causa pendiente por decidir a la vez, de manera que no se justificaría el hecho de que no dictaran sentencia en su día". En cuanto al recurso de casación, explicó Enrique Dubuc que se amplía la admisibilidad del mismo al disminuir la cuantía de los juicios de carácter patrimonial a un mil unidades tributarias; se amplían los motivos de casación; se modifican los poderes de la Sala y se le faculta para dictar la sentencia de mérito en los casos de nulidad establecidos en la Ley. Igualmente, el ponente explicó con detalles que se modifican los efectos de la sentencia de casación, se restringe la reposición al supuesto de la indefensión y en los demás casos se eliminan la reposición y el reenvío, respectivamente. Además, se elimina la casación múltiple y el recurso de nulidad en obsequio de la justicia y de la celeridad procesal. Subrayó que se amplía la vigilancia del cumplimiento de la función jurisdiccional, a través de la creación del recurso de control de la legalidad, permitiendo la revisión de mayor número de sentencias y se consagra el recurso de control de la legalidad que permite la revisión facultativa de las sentencias. Agregó Dubuc que se restringe en el recurso de control de la legalidad, la reposición al supuesto de la indefensión y en los demás casos se elimina la reposición y se faculta a la Sala para dictar nueva sentencia de mérito.

Finalmente, señaló que se consagra el recurso de interpretación, al respecto expresó Enrique Dubuc que "puede interponerse ante la Sala de Casación Social, en caso de dudas acerca de la aplicación o interpretación de las normas jurídicas contenidas en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, y sólo se le exige al recurrente que indique la conexidad entre el recurso intentado y un caso concreto, lo que no es más que la consagración legal de un viejo requisito establecido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, que permite encausar la interpretación dentro de los límites de una situación de hecho particular, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 491 del proyecto de reforma de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente".