jueves, 07 de diciembre de 2006
Ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán
Sin lugar solicitud de ejecución de sentencia que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 89 y 90 de la derogada Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
La Sala Constitucional, con ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, declaró sin lugar una solicitud de ejecución de la sentencia dictada por la misma Sala el 20 de noviembre de 2002, la cual declaró la inconstitucionalidad de los artículos 89 y 90 de la derogada Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. La petición fue formulada el 29 de noviembre de 2005 por el apoderado judicial de las sociedades mercantiles Agropecuarias San Francisco C.A., Santa Bárbara C.A., Los Realitos C.A., Semillas Branger (Sembra) y La Fortuna C.A., las cuales son propietarias de un lote de tierra en el que se asientan unos fundos agropecuarios denominados "Hato Paraima", "Hato Pavones" y "Hato La Fortuna", en el municipio Pao del estado Cojedes.

La Sala del máximo Tribunal al estudiar el escrito presentado constató que la parte accionante solicitó también que declare la inconstitucionalidad del artículo 85 de la vigente Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (publicada en Gaceta Oficial de la República N° 5771 Extraordinario del 18 de mayo de 2005), porque, en su criterio, constituye reedición, con otra redacción, de la norma anulada.

Igualmente la Sala constató que la parte accionante solicitó que se deje sin efecto una decisión del Instituto Nacional de Tierras (Resolución S/N de 29 de septiembre de 2005), por la cual, con base en el referido artículo 85, se acordó una medida cautelar que afecta a fundos que ¿según alegó- son propiedad de los solicitantes.

La Sala del Alto Tribunal al estudiar la situación indicó en su sentencia, entre otras cosas, que se ha planteado la presente solicitud como una ejecución de sentencia, pero resulta obvio que no se trata de tal ejecución, sino de la necesidad ¿para los peticionantes- de prescindir de una demanda autónoma de anulación, con el trámite correspondiente, al respecto la Sala constató que la parte accionante alegó que sería "absurdo" tener que interponer una nueva acción, cuando bastaría con confrontar las normas y declarar que la vigente repite la anulada, con lo que debe correr idéntica suerte.

Indica la sentencia de la Sala Constitucional que "por el contrario, el ejercicio de una nueva acción no sólo no resulta absurdo, sino que es una necesidad de justicia. No se trata, según se ha visto, de normas idénticas, que evitarían a la Sala efectuar un análisis acerca de la supuesta reedición, sino de disposiciones de contenido distinto".

Aclaró la Sala que "si la nueva redacción constituye un disfraz para ocultar la norma anulada ¿como es el criterio de los solicitantes-, es precisamente un asunto de estudio que corresponderá a este Alto Tribunal efectuar con ocasión de una demanda y nunca en fase de ejecución de un fallo que se refiere a otro texto".

Reiteró la Sala Constitucional que "si la Asamblea Nacional, al reformar la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, haciendo uso de sus poderes constitucionales, ha incurrido de nuevo en violación del Texto Fundamental ¿deliberada o inadvertidamente- es un asunto que debe ser ventilado en un posterior proceso y no a través de una solicitud de ejecución del fallo previo, la cual es a todas luces improcedente. La reforma de dicha Ley no ha sido una inejecución del fallo, aun cuando se demostrase que se repite el vicio que dio lugar a la anulación previa, por lo que el debate acerca de su constitucionalidad sólo cabe en un proceso autónomo", por lo que se declaró sin lugar la solicitud de ejecución de sentencia.

Fecha de Publicación:
  07/12/2006

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