Detalle de Nota de Prensa

Un grupo de diputados de la Asamblea Nacional, asistidos por los abogados Gustavo Limongi y David Terán Guerra, interpusieron un recurso de amparo en el Tribunal Supremo de Justicia, con el objeto de que se le prohiba al Presidente de la República o a cualquier otro funcionario público, que convoque o agrupe a los Círculos Bolivarianos en los alrededores del parlamento y que ordene a los órganos de seguridad correspondientes que acuerden o pongan en práctica un dispositivo especial para coordinar acciones de vigilancia, prevención y disuasión de grupos o personas que ejecuten actos de violencia contra los parlamentarios.

Acudieron al TSJ los diputados Pastor Heydra Rojas, Pedro Díaz Blum, Carlos Tablante Hidalgo, Luis Longart, Pedro Pablo Alcántara, César Pérez Vivas, Elías mata, Enrique Márquez, Carlos Berrizbeitía Giliberti y Ernesto Alvarenga, todos ellos diputados de Asamblea Nacional.

En el escrito consignado ante el TSJ se expone que ¿desde el mes de enero del presente año, los alrededores del edificio José María Vargas, donde funcionan las oficinas de los Diputados ubicado en la Esquina de Pajaritos, del Palacio Federal Legislativo y demás adyacencias de la Plaza Bolívar, han sido tomados por los integrantes de estos grupos violentos, mal denominados ¿Círculos Bolivarianos¿, los cuales se han dado a la tarea diaria de agredirnos y amenazarnos con que nos matarán si seguimos yendo a la Asamblea Nacional¿.

Los demandantes solicitaron, al amparo de los artículos 19, 29 y 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que el Tribunal Supremo de Justicia les garantice la protección de sus derechos civiles y políticos, ¿igualmente pedimos que sea protegido el derecho a la vida y los derechos civiles y políticos de los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, que se encuentran violados y amenazados por el Ejecutivo Nacional y por los mencionados Círculos Bolivarianos¿.

Para finalizar piden al TSJ que ordene al Comandante de la Guardia Nacional y al Alcalde Metropolitano, ¿para que en su carácter de autoridades de los órganos encargados de colaborar y establecer el orden público, acuerden y pongan en práctica un dispositivo especial coordinado entre la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana a los fines de ejecutar acciones de vigilancia, prevención y disuasión de grupos y demás personas que ejecuten actos de violencia en contra de los diputados de la Asamblea Nacional y contra otros ciudadanos que transitan por los alrededores del Palacio Legislativo¿, concluyen.