La Sala del Máximo Tribunal del país al pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso presentado, constató en el estudio preliminar, que el mismo no incurre en las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 19, aparte 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que se admitió la acción "sin perjuicio de la potestad que asiste a este Tribunal de examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en la ley y la jurisprudencia en cualquier estado y grado del proceso". En vista de la admisión la Sala Constitucional ordenó citar mediante oficio a la Presidenta del máximo ente comicial y al Fiscal General de la República para que comparezcan ante el Alto Tribunal dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la publicación del cartel o de la notificación del último de los interesados. Además, se ordenó la notificación de la actora y la notificación de los interesados mediante cartel que será librado por el Juzgado de Sustanciación de la Sala Constitucional dentro de los 3 días de despacho siguiente a que conste en autos mediante diligencia del alguacil haberse efectuado la notificación de la recurrente en su domicilio procesal. Vencido el referido lapso de 3 días, , indicó la Sala, la parte recurrente cuenta con 30 días de despacho para retirar, publicar ¿en uno de los diarios de mayor circulación nacional- y consignar el cartel de emplazamiento. En caso que la parte recurrente no retire, publique y consigne dicho cartel en ese lapso, la Sala declarará la perención de la instancia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil. Igualmente, advirtió la Sala Constitucional, si la parte recurrente no consigna un ejemplar del cartel publicado en prensa dentro del lapso de 3 días de despacho siguientes a su publicación, así no se haya vencido el referido lapso de 30 días de despacho, la Sala declarará desistido el recurso y ordenará el archivo del expediente de conformidad con el párrafo 12 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

En relación con la solicitud de Dávila para que se declare como medida cautelar que el CNE convoque a un referendo revocatorio al Gobernador del estado Anzoátegui, por haber cumplido la mitad de su periodo, la Sala indicó que "de realizarse un estudio respecto a la inaplicación de las normas que han sido impugnadas, implicaría inmiscuirse en cuestiones que corresponden al análisis final que esta Sala debe hacer respecto a la solicitud de inconstitucionalidad formulada, aunado a que la medida cautelar solicitada en los términos expuestos no guarda relación de instrumentalidad, respecto a la pretensión principal, por lo tanto debe ser declarada la improcedencia de amparo cautelar solicitado (...)". Por otra parte, acerca de la medida cautelar innominada solicitada, la Sala Constitucional indicó en su dictamen que "el recurrente fundamentó la medica cautelar innominada en los mismos argumentos explanados para la fundamentación del recurso de nulidad, por lo que no cabe duda que para analizar si existe una presunción de buen derecho en el presente caso, llevaría a esta Sala a un análisis sobre el fondo del asunto planteado. De tal manera que, apenas asomar en el presente caso una simple decisión al respecto, desnaturalizaría la figura de la medida cautelar innominada, de allí que esta Sala concluya en la improcedencia de la medida cautelar innominada planteada".

El magistrado Pedro Rondón Haaz consignó voto concurrente, porque en su criterio "el motivo por el cual las medidas cuyo otorgamiento pretendía la parte actora son improcedentes es que, en tanto que guardan absoluta identidad con la pretensión de fondo ¿a pesar de que no se trata de medidas anticipativas-, si fueran decretadas vaciarían de contenido el juicio acerca de la pretensión principal, pero no porque no pueda analizarse su procedencia sin que se toque el fondo, ya que, como se ha razonado tantas veces, la apreciación de la existencia de presunción de buen derecho exige, inevitablemente, un examen preliminar de la materia de fondo, al que corresponde un juicio de verosimilitud ¿por contraste con el de verdad o certeza que debe hacerse para la decisión de fondo-, único método posible para la determinación de la probabilidad de éxito de la demanda, ya que no otra cosa es el ¿buen derecho¿".