martes, 30 de enero de 2007
Ejercido por abogado que reclama prestaciones sociales
Sala Social confirma fallo contra Consulado de Colombia
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La Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Omar Mora Díaz, declaró inadmisible el recurso de control de legalidad interpuesto por el Consulado de la República de Colombia en Machiques, en el juicio relacionado con el cobro de prestaciones sociales iniciado por el abogado Luis Oswaldo Morales Urdaneta, y en consecuencia se confirmó el fallo recurrido.

Hay que recordar que en el marco del presente proceso el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, conociendo en apelación, publicó sentencia el 29 de junio de 2006, mediante la cual declaró con lugar el recurso ejercido por Morales Urdaneta y con lugar la demanda, revocando así la decisión dictada el 3 de abril de 2006 por el Juzgado de los Municipios Machiques de Perijá y Rosario de Perijá de la referida Circunscripción Judicial.

Contra la decisión de alzada, la representación judicial de la parte demandada, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal el Trabajo, interpuso, el 7 de julio de 2006, recurso de control de la legalidad y en la misma fecha anunció recurso extraordinario de casación, el cual, una vez admitido fue oportunamente formalizado.


SOBRE LOS HECHOS QUE ORIGINARON LA DEMANDA

El actor alegó que el 18 de agosto de 1999 fue objeto de un hecho delictivo que le impidió continuar la relación de trabajo, y el 15 de marzo de 2000 cuando fue a reincorporarse se le notificó que la relación de trabajo había terminado. Estos hechos fueron negados por la demandada, que al constituir hechos negativos, es de imposible demostración por la demandada correspondiéndole la carga al actor de demostrar la causa de la suspensión de la relación de trabajo. En efecto, al haber demostrado el actor que padeció de serios problemas de salud a través de la prueba de informes solicitada al Hospital Universitario de Maracaibo, se tiene como cierto que el actor dejó de prestar servicios forzosamente desde el día del suceso, pero ese tiempo que duró la suspensión de la relación de trabajo, no determinó la finalización de la relación laboral; pues la fecha que determina la culminación de la misma fue el 15 de marzo de 2000 cuando se le informó que ya no iba a continuar desempeñando sus labores. A partir del suceso, la relación de trabajo se encontraba suspendida, ya que la situación encuadra perfectamente en las causales de suspensión de la relación de trabajo previstas en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Trabajo, de tal manera, que, aun cuando el trabajador no estaba obligado a prestar servicio y el patrono no estaba obligado a pagar salario (art. 95 de la Ley Orgánica del Trabajo), la suspensión de la relación de trabajo no puso fin a la relación de trabajo (artículo 93 de la citada ley) aunado a que el trabajador gozaba de inamovilidad, en el sentido, de que pendiente la suspensión, el patrono no podía despedir al trabajador afectado por ella, sin causa justificada; sin embargo el 15 de marzo de 2000 cuando se reincorporó, fue despedido, por lo que se debe tomar esa fecha como el momento en el cual la relación de trabajo finalizó, y consecuencialmente el punto de partida para el cómputo de la prescripción. Extinguida la relación de trabajo el 15 de marzo de 2000, el actor tenía hasta el 15 de marzo de 2001 para demandar, y lo hizo el 15 de febrero de 2001, es decir, de forma tempestiva, logrando la citación de la demandada el 21 de febrero de 2001, antes de que expirara incluso el lapso anual, por lo que la Sala Social declara improcedente la defensa de prescripción opuesta por la demandada.


OBSERVACIONES DE LA SALA

De la lectura de la sentencia recurrida, la Sala Social verificó que el sentenciador de alzada sustentó el punto relativo a la prescripción de la acción invocada por la parte demandada, expresando que por aplicación de los artículos 93 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo y, verificados los problemas de salud padecidos por el trabajador reclamante, estimó suspendida la relación de trabajo iniciada en el año 1995, toda vez que, atendiendo a las previsiones del artículo 74 de la Ley Sustantiva del Trabajo, aun cuando inicialmente el contrato entre las partes fue celebrado a tiempo determinado la existencia de más de dos prórrogas le arrogaron la naturaleza de contrato a tiempo indeterminado. En ese sentido, suspendida la relación de trabajo el 18 de agosto de 1999, con ocasión del hecho delictivo del que fue objeto el actor que lo imposibilitó para prestar servicios, al patrono le estaba vedado despedir al trabajador pudiendo en caso de necesidad proveer su vacante temporalmente, -Artículo 96 de la Ley Orgánica del Trabajo-. Atendiendo a lo expuesto en la sentencia recurrida, el juzgador determina que la fecha de culminación de la relación de trabajo y, en consecuencia, el inicio del lapso para el cómputo de la prescripción es el día 15 de marzo de 2000, fecha en la cual cesa la suspensión y el actor se reintegra a su cargo, siendo informado de su sustitución por otra persona en el cargo que venía desempeñando. Ahora bien, sostiene la parte recurrente en su escrito de formalización que la fecha antes referida, elegida por el juzgador como inicio del lapso de prescripción es errada, llevando en consecuencia a la recurrida a incurrir en el vicio de falso supuesto, con infracción de los artículos 61, 93, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Trabajo, pues, en opinión del formalizante, el contrato de servicios que vinculó a las partes finalizó en la tercera semana del mes de octubre de 1999 cuando el actor celebró la cesión de su contrato de trabajo con un tercero, situación que debe equipararse con una renuncia, toda vez que, si el cedente aceptó la cesión de dicho contrato y en efecto lo cedió, entonces convino en dar por terminada la relación de trabajo con su empleador. Apreció la Sala, como la recurrida certeramente, ante la situación antes planteada una vez analizada y valorada la prueba instrumental denominada cesión de contrato, establece que la cesión in commento se produce con la finalidad de dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el artículo 96 de la Ley Orgánica del Trabajo, la cual como antes se expuso, prevé la posibilidad por necesidades del empleador de proveer temporalmente la vacante del trabajador cuya relación laboral se halla suspendida, debiendo reintegrar a éste a su puesto de trabajo al finalizar la suspensión.


CONTRATO A TIEMPO INDETERMINADO

De otra parte, también observó, como el propio formalizante reconoce en su denuncia que dicha cesión en materia laboral carece absolutamente de efectos jurídicos válidos por la naturaleza del contrato de trabajo -intuite personae-, de allí que, estando la situación de hecho acaecida en el caso de autos regulada expresamente en el ordenamiento jurídico laboral venezolano, a través de la figura de la suspensión de la relación de trabajo por accidente o enfermedad, sea ésta profesional o no, la recurrida le dio aplicación a las apropiadas normas de derecho, en el caso concreto, normas sustantivas del trabajo reguladoras, garantes y protectoras de los derechos de los trabajadores, a los fines establecer la fecha de terminación de la relación de trabajo. Así pues, concordó la Sala con la decisión impugnada, cuando luego de efectuada la soberana apreciación de los hechos por el Juzgador de Alzada, se establece que las partes se encontraban vinculadas por un contrato a tiempo indeterminado, que inició en el año 1995 y en virtud del incidente sufrido por el actor el día 18 de agosto de 1999 -que se ajusta a una de las causales previstas en el artículo 94 de la Ley Sustantiva laboral-, se produjo una suspensión de la relación, la cual no perdió tal condición por la cesión de contrato efectuada, toda vez que dicha figura no está prevista en el ordenamiento jurídico laboral venezolano, amén que de aceptar tal posibilidad desvirtuaría el carácter personal que constituye el objeto de la obligación del trabajador. Así pues, al determinar la sentencia impugnada en casación que el día 15 de marzo de 2000, fecha en que se reintegra el trabajador a sus labores una vez cesada la causa de la suspensión, comienza a correr el lapso de prescripción de la acción como resultado de la terminación de la vinculación laboral, no incurre en el vicio de suposición falsa delatado, así como tampoco incurre en la infracción de las normas que se le imputan, pues la demanda se interpuso en fecha 15 de febrero de 2001, lográndose la citación de la parte demandada el día 21 de febrero del mismo año, es decir, antes del vencimiento del lapso de prescripción. En consecuencia, la Sala Social declaró sin lugar la presente denuncia


Fecha de Publicación:
  30/01/2007

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