Previo a la decisión, la Sala de Casación Social recordó el contenido del recurso de control de la legalidad, el cual "es un medio de impugnación excepcional, por tanto, deben cumplirse a los fines de asegurar su admisibilidad, con las exigencias enunciadas en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a saber: 1) que se trate de sentencias proferidas por Juzgados Superiores Laborales; 2) que éstas no sean impugnables en casación; 3) que violen o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral o procesal y/o 4) que resulten contrarias a la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Social".

Entre otras consideraciones, la sala observó que la parte recurrente interpuso el presente recurso de control de la legalidad el 20 de septiembre de 2006, es decir, "con posterioridad al 12 de agosto de 2005 -fecha de publicación en la Gaceta Oficial del fallo proferido por la Sala Constitucional-, por lo tanto resulta aplicable el criterio establecido en la sentencia N° 1573, supra referida". Agregó al instancia que "en virtud de lo antes expuesto, esta Sala verificó que la demanda fue introducida en fecha 3 de noviembre de 1998, siendo que para el momento de su interposición, la cuantía mínima requerida para acceder a la sede casacional en los juicios laborales era de tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,00), en conformidad con lo dispuesto en el decreto presidencial N° 1029, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela, número 293.136, de fecha 22 de enero de 1996".

Para decidir finalmente la Sala recordó que en consonancia con el criterio reiterado de esta Sala, cuando exista una acumulación de pretensiones se debe examinar individualmente cada una de ellas, para así determinar si por lo menos una cumple con la cuantía requerida para ejercer el recurso extraordinario de control de la legalidad. Y para concluir advirtió que en el caso bajo estudio se incumplió el requisito de admisibilidad del recurso de control de la legalidad previsto en el artículo 178 de la Ley Adjetiva Laboral, referido a que la sentencia emanada del Tribunal Superior del Trabajo no sea impugnable en casación, lo cual trae como efecto inmediato, la declaratoria de inadmisiblidad del presente medio excepcional de impugnación y así se decidió.