La magistrada además de hacer un especial reconocimiento a la actividad formativa de la Escuela Nacional de la Magistratura, en la preparación de los jueces, abogados, asistentes y alguaciles, resaltó el papel jugado por cada una de las Rectorías Judiciales. Al hablar sobre los beneficios de la aplicación de la oralidad fue enfática al exponer que con la resolución emanada de la Sala Plena del TSJ, "nos estamos poniendo a tono con los postulados constitucionales, en el sentido, que los juicios deben ser orales, públicos, breves, expeditos, pues de esta forma vamos hacer la justicia más accesible al ciudadano. Y los beneficios estará a la vista pues se resolverán los casos en el menor tiempo posible y recuerden que esta resolución también establece el aumento de la cuantía hasta 2999 Unidades Tributarias, unos 114 millones de bolívares aproximadamente, y así podrán los Municipios conocer más causas". Para ser más específica la magistrada dijo que se está desarrollando el artículo 859 del Código de Procedimiento Civil, pues éste encierra un procedimiento oral que nunca se puso en vigencia, "pero además, de forma paralela a la resolución de la Sala Plena que le da competencia a los jueces de municipio para poner en vigencia la oralidad, con un aumento de la cuantía, nosotros por medio de una Comisión integrada por varios magistrados vamos a presentar a la Sala Plena un proyecto de Código de Procedimiento Civil, ese un reto que tiene la Sala Civil conjuntamente con los demás magistrados, para ver si se aprueba ese Código para que sea presentado ante la Asamblea Nacional, para que ese organismo parlamentario lo discuta y podamos contar con una herramienta que esté revestida de oralidad, publicidad, inmediación y de concentración, y que coloque a la jurisdicción civil a tono con los postulados de la Constitución Bolivariana de Venezuela, adaptándola a nuestra realidad social y a las necesidades de los justiciables venezolanos", concluyó.

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