La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, recibió en su despacho a un grupo de representantes del movimiento campesino Jirajaras del estado Yaracuy y de los frentes "Negro Miguel", "Prudencio Vásquez y  "Coronel José Joaquín Veroes", quienes manifestaron su inquietud ante el proceso que se le sigue a un grupo de 78 campesinos de la entidad, quienes han sido señalados de haber ocupado ilegalmente varias hectáreas de tierras en distintos municipios de la mencionada entidad centro occidental.

     La vocera del grupo, Laura Lorenzo, acompañada de Isidro Rumbos, Braulio Alvarez Joel Pineda, denunció la actitud de algunos jueces que llevan los casos de los ocupantes de las tierras y que a su juicio "se están extralimitando en sus decisiones sobre el movimiento campesino".

     En este orden de ideas advirtió que "en este momento hay 78 campesinos imputados en el estado y eso se lo hicimos saber a la Magistrada Morales, quien escuchó atentamente los casos que expusimos y ella nos prometió revisar lo concerniente a los expedientes y la actuación de los jueces".

     Agregó que "en la actualidad hay fundos que fueron rescatados del latifundio con medidas del INTI, ya sea con declaratoria de permanencia o cartas agrarias (") lamentablemente existen camaradas del movimiento campesino que han sido acusados de invasores y hay fundos donde ya está ese proceso del Instituto de Tierras, donde hay una inversión del Gobierno con estas políticas que el presidente de la República ha venido resaltando, sobre todo en el estado Yaracuy, donde todos sabemos que se ha venido trabajando con fuerza en la amplitud de las mismas. En esta situación hay compañeros de Vuelvan Caras a los que se les entregó  créditos y ahora están acusados de invasores (") sabemos que este más que un caso legal es una situación política donde lamentablemente esa terrofagia que durante años gozó de los privilegios de la cuarta República ,ahora no quiere aceptar todas esas medidas que el presidente Hugo Chávez  le ha dado al movimiento campesino".

     En medio de la denuncia, la dirigente campesina resaltó que son sólo algunos jueces que han dictado ciertas medidas que entorpecen el desarrollo productivo de la gente allá el Yaracuy. En cuanto a los municipios donde se ha registrado tales hechos indicó que en casi toda la entidad, sin embargo, señaló especialmente a los municipios Peña, Urachiche, San Felipe, Veroes y Sucre.

     Los dirigentes del movimiento campesino Jirajaras  aseveraron que las tierras están siendo ocupadas actualmente por miembros de cooperativas de la misión Vuelvan Caras y que existe un total de 32 fundos ocupados en Yaracuy donde se están desarrollando proyectos de siembra y cultivo a la vez que se están dando casas dignas para los trabajadores del campo, como parte del apoyo que ha venido brindando el Gobierno Nacional.  

     Dijo Lorenzo que "recientemente el ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua,  inauguró uno de los primeros pueblos comunales, donde se proyectó la inauguración de un Simoncito, un Mercal, una radio comunitaria  y una Biblioteca que está impulsando los cinco motores que el Presidente afianzó en esta nueva etapa de la Revolución".

     Concluyó advirtiendo que "la actuación que algunos jueces han venido demostrando es un cobro que nos están pasando por todo ese apoyo que el Presidente ha dado a quienes han sido excluidos de todos los procesos de desarrollo en Venezuela (") desde que el presidente habló de la lucha contra el latifundio hemos venido trabajando en ello y estamos implicados en el rescate de tierras, es así que dos años hemos rescatado 90 mil hectáreas de tierras de primera para la siembra de alimentos; la mayoría de esas tierras estaban en posesión de terratenientes y luego pasaron a manos del INTI, otras son tierras baldías que cuando revisamos los documentos de sucesión podemos ver que son propiedad del Estado y como son tierras ociosas puede decidir a quién se le van a otorgar", concluyó la líder campesina.