La Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia atendiendo a una serie de denuncias presentadas por una representación de campesinos del estado Yaracuy, destituyó a un grupo de jueces provisorios del Circuito Judicial Penal de la mencionada entidad, luego de que la presidenta de la Máxima Instancia Judicial, magistrada Luisa Estella Morales, lo propusiera en la reunión ordinaria de la mencionada Comisión del pasado 21 de marzo a objeto de ser considerada por los Magistrados que la integran.

            Como se recordará, el pasado 16 de marzo un nutrido grupo de campesinos yaracuyanos en representación del movimiento campesino "Jirajaras" de esa entidad y de los frentes "Negro Miguel", "Prudencio Vásquez y "Coronel José Joaquín Veroes", encabezados por el diputado a la Asamblea Nacional, Braulio Álvarez, entregaron a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y de la Comisión Judicial, una comunicación de esa misma fecha, en la que denunciaron, entre otras cosas, presuntos hechos irregulares cometidos por jueces y fiscales de la jurisdicción penal de Yaracuy.

MAGISTRADA HABÍA PROMETIDO ESTUDIAR LAS DENUNCIAS

            Es de recordar que el 16 de marzo pasado en la sede del Máximo Tribunal del país una de las voceras del grupo de campesinos, Laura Lorenzo, acompañada de Isidro Rumbos y el parlamentario Braulio Álvarez, denunció la actitud de algunos jueces que llevan los casos de los ocupantes de las tierras y que a su juicio "se están extralimitando en sus decisiones sobre el movimiento campesino", agregó que "en este momento hay 78 campesinos imputados en el estado y eso se lo hicimos saber a la magistrada Morales, quien escuchó atentamente los casos que expusimos y ella nos prometió revisar lo concerniente a los expedientes y la actuación de los jueces".

            Esta denuncia también fue entregada, ese mismo día, al Vicepresidente de la República, al Fiscal General de la República, a la Asamblea Nacional y en la Defensoría del Pueblo. Los denunciantes señalaron en esa oportunidad a los jueces de la jurisdicción penal: Gladys Torres, María Consuelo Carpio, Ledis Pacheco, Jholeesky Villegas y  Alcy Maite Viñales, entre otros, de actuar de forma ilegal e irresponsable en contra de los campesinos yaracuyanos; irrespetando y violando la dignidad humana.

            También se señalan hechos concretos relativos a intervenciones de cada uno de estos jueces, como los casos del fundo Teresa-Guarataro, Cooperativa Santa Inés del Monte, hacienda La Montoya, Agropecuaria Bella Vista, y  productores del Cerro Zapatero, entre otros.

COMISIÓN JUDICIAL DECIDIÓ EL 21 DE MARZO DE 2007

En vista de la situación planteada, esta denuncia fue presentada por la magistrada Luisa Estella Morales en la reunión ordinaria de Comisión Judicial del 21 de marzo de 2007, a objeto de ser considerada por los magistrados integrantes de la misma. Del estudio de la denuncia y su posterior análisis, se concluyó que se debían dejar sin efecto las designaciones de algunos de los jueces provisorios y la suspensión de los titulares.

            Los jueces provisorios de primera instancia en lo penal, cuyas designaciones fueron dejadas sin efecto son: María Carpio, Ledis Pacheco y Alcy Viñales.  Igualmente se acordó la suspensión de la Juez de la Corte de Apelaciones Gladys Torres, quien además era la Presidenta del Circuito Judicial Penal de Yaracuy.

            Para sustituir a estos jueces, fue aprobada la designación de Darío Segundo Suárez, quien es juez de Primera Instancia en lo Penal, en sustitución de Gladys Torres en la Corte de Apelaciones y en la Presidencia del Circuito en calidad de encargado. Igualmente se acordó acoger la proposición del magistrado Eladio Aponte Aponte, realizada mediante memorando recibido el 21 de marzo del presente año y designar a Denys Salazar y Zeydi González en sustitución de María Carpio y Ledis Pacheco, respectivamente. Del mismo modo se acordó la designación de Alicia Olivares para sustituir a Alcy Viñales.

LA DECISIÓN SE EJECUTÓ DE MANERA GRADUAL

Sin embargo, debido a que la anterior decisión recayó sobre un número considerable de jueces del Circuito Judicial Penal del estado Yaracuy, lo que podría afectar significativamente su funcionamiento, se decidió ejecutar esta decisión de manera gradual.

            En razón de ello, el mismo 21 de marzo de 2007, se decidió ejecutarla en relación a las  juezas María Carpio y Ledis Pacheco; posteriormente, el viernes 30 de marzo pasado, fue notificada la juez Gladys Torres, quedando pendiente únicamente la juramentación de Darío Suárez como Presidente del Circuito Judicial Penal y las notificaciones de las designaciones de Denys Salazar, Zeydi González y Alicia Olivares, aprobadas  anteriormente, las cuales se efectuaron el 6 de abril de 2007.

            Con esta actuación del Poder Judicial venezolano se da fiel cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 que establece que "toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles".

CASO EDUARDO LAPI

            Es de resaltar que de las denuncias presentadas por los campesinos, que motivaron la suspensión de los mencionados jueces en Yaracuy son hechos aislados a la fuga del ex gobernador del estado Yaracuy, Eduardo Lapi, a quien se le sigue un juicio por presunto enriquecimiento ilícito y malversación de fondos durante su gestión de gobierno, tomando en cuenta que tales decisiones fueron oficializadas antes del 5 de abril del presente año.

            A raíz de la fuga del ex mandatario regional los presuntos involucrados en la evasión de Lapi fueron privados de su libertad, sin embargo la jueza Alcy Viñales quien ya había sido relevada de sus funciones decretó una medida cautelar de presentación periódica cada cinco días a los 18 guardias nacionales y 11 funcionarios del Ministerio de Interior y Justicia presuntamente implicados.

            A raíz de lo sucedido, en algunos medios de comunicación se divulgó una matriz de opinión según la cual se dejó sin efecto la designación de la juez Viñales por presiones del Poder Ejecutivo Nacional, cuando lo cierto es que la decisión se tomó a raíz de las denuncias efectuadas por los campesinos yaracuyanos, y antes de la evasión del ex gobernador Lapi, lo que reafirma una vez más que el Poder Judicial en todo momento ha mantenido una posición apegada a las leyes y a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en este caso no ha sido la excepción, al actuar de manera autónoma e independiente.