La Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica Procesal de Niños, Niñas y Adolescente, con el cual se busca imprimir los cambios necesarios en materia de protección, inspirados en los principios procesales contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que obedece a un nuevo sistema judicial que brinda mayor acceso a la justicia y garantiza los derechos de los niños y niñas de todo el país.

            Al referirse al tema, el magistrado vicepresidente de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y coordinador del Proyecto de Reforma Procesal que fue aprobado, magistrado Juan Rafael Perdomo, aseguró que "el Sistema de Protección tiene unos soportes materiales, morales y humanos que bien vale la pena reforzarlo.  El trabajo que acaba de concluir la Asamblea Nacional, respecto de la reforma de la Ley Orgánica Procesal del Niño y del Adolescente, es muy interesante porque el Tribunal Supremo de Justicia se ha empeñado en incorporar al tema de los niños, niñas y adolescentes a la parte procedimental que tiene la Constitución, de modo que con este aporte nosotros utilizamos el concepto de acceso a la justicia, es decir que todos los ciudadanos puedan acudir a las instancias jurisdiccionales para ser atendidos y resolver los temas puntuales de y que permitan dar acceso a la justicia", aseguró.

EFECTOS ESPECIALES DE LA REFORMA

            La decisión adoptada en la AN, respecto a la reforma de la Lopna, tendrá tres efectos especiales, según dijo el magistrado Perdomo, ya que en primer lugar "hemos incorporado la posibilidad de que los jueces en esta área dicten decisiones prontamente y que éstas puedan ser ejecutadas, logrando obviar todos aquellos elementos sustantivos que lo que hacen es, de alguna manera, crear una rigidez y una dureza en el procedimiento, que no es nada proclive al acceso a la justicia, que es lo que quieren tener los ciudadanos".

            "En cuanto al segundo efecto, vemos que se garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa, porque al tener tribunales que se caracterizan por su especialidad, su autonomía e independencia, el justiciable va a encontrar un ambiente para poder debatir todos aquellos problemas duros de la vida, que se presentan en las relaciones familiares y desde luego lograr ser tratado en igualdad de condición, con los debidos recursos y que puedan contar con un juez que pueda atender todas sus demandas", acotó el magistrado de la Sala Social.

            Como un tercer logro mencionó  la utilización de la Constitución en el proceso como instrumento fundamental de la justicia, "esto quiere decir que se da a los jueces la posibilidad de resolver las causas mediante la oralidad, para tener celeridad, brevedad, y transparencia. Esta oralidad origina a su vez tres aspectos procedimentales: La inmediación, la concentración y la publicidad; con estos tres principios los jueces y todo el sistema de Protección encuentra elementos para resolver en el menos tiempo posible las causas, es decir, que al incorporarse la oralidad, que mezclada con la escritura hacen un proceso mixto, hay una posibilidad para que los justiciables tengan respuestas de inmediato", enfatizó.

 OTRAS VENTAJAS

            Detalló el Magistrado de la Sala Social que con este paso que se está dando en materia de reforma se está creando un proceso por audiencia, en el que se crea una audiencia preliminar que consta de dos fases, la de mediación y la de sustanciación; en ambas audiencias hay derecho para ejercer el debido proceso, la defensa de niños, niñas y adolescentes y de todos aquellos actos o hechos jurídicos que resulte necesario resolver con este principio constitucional de por medio.

            "La verdad es que los actos fundamentales en que pueden comparecer las partes, dialogar y entenderse para resolver sus diferencias procedimentales de fondo son todas las posibilidades marcadas por el diálogo.  Tenemos la mediación en la audiencia preliminar, en la audiencia de juicio, ante le juez superior y en la propia Sala de Casación Social (") se trata de un procedimiento único, en donde estamos poniendo énfasis es en el diálogo y en esas posibilidades que hay. En el caso que se encuentren dificultades en el proceso, vamos a contar con un soporte que es el que nos brindan los equipos multidisciplinarios. Contaremos también con un psicólogo, un psiquiatra un abogado y un trabajador social en todos los tribunales de la República que en adelante figurarán como de Primera Instancia, de Segunda Instancia y Casación, esto quiere decir que el Circuito de protección va a estar separado y sin ningún tipo de mezcla con ninguna otra competencia y desde luego va a requerir de jueces especializados expertos en materia de familia y en materia procedimental".

            Otro aspecto que consideró muy útil, y que así ha quedado demostrado en el proceso laboral, es el tema del uso de los medios alternos de solución de conflictos, donde se incluye la mediación. El juez mediador va a ser el juez estrella, ya que a él le corresponde llevar la parte más importante, como lo es el advenimiento de las partes en ese desencuentro familiar que se produce con un divorcio, con una separación de cuerpos, con una obligación alimentaria y hasta con un permiso para viajar el interior o fuera de la República    

            Es de destacar que con esta reforma va a existir un nuevo sistema en el que el juez sólo se encargará de sentenciar y no tiene el control de cosas administrativas. Se buscará contar con sedes dignas, con buenas infraestructuras, dotadas del sistema informático Juris 2000, que respondan a la inquietud que ha venido manifestando el Tribunal Supremo de Justicia.

            Los nuevos tribunales, que van a ser unos 300 a nivel nacional, van a contar con una plantilla aproximada de 2.020 personas y se crearán dos Cortes. En ellos se van a crear 24 Circuitos de Protección y aquellas sedes que están en proceso de construcción o recuperación serán terminadas. Estos tribunales van a tener tres jueces por cada tribunal, los cuales serán formados y entrenados por la Escuela Nacional de la Magistratura, para que puedan ofrecer un servicio acorde con el nuevos sistema de justicia y para garantizar la atención de los ciudadanos que acudan en busca de solucionar sus conflictos familiares.

            Con la aprobación del proyecto ahora sólo resta que el Ejecutivo Nacional dé el ejecútese de Ley, con lo cual se garantizará el derecho a los niños, niñas y adolescentes del país, conforme a las leyes de las República Bolivariana de Venezuela.