La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y de la Sala Constitucional, magistrada Luisa Estella Morales Lamuño sostuvo una reunión con el director nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, Gral (Ej) Antonio Rivero con el objeto de conocer a fondo los resultados del informe técnico realizado en las riberas del Lago de Valencia, donde habitan al menos mil familias que se han visto seriamente afectadas por la crecida del nivel del agua.

Esta reunión, efectuada en el despacho presidencial del máximo Tribunal del país, responde a la solicitud que hiciera la presidente Morales Lamuño al director de Protección Civil a fin de conocer el desarrollo de las investigaciones hechas a las afectaciones de ese reservorio de agua dulce, cuyo deterioro y comportamiento natural  ha ido generado un clima de preocupación en los habitantes de Mata Redonda y La Punta, quienes el año pasado presentaron un recurso de amparo ante el TSJ contra el Ministerio del Ambiente, por considerar que sus intereses han sido vulnerados a través de los planes y proyectos de dicho organismo en la zona.

A la salida de la reunión, el director de Protección Civil ofreció declaraciones a la prensa e indicó que "la presidenta del TSJ solicitó una reunión en razón de una instrucción que giró a esta Dirección que presido, a fin de avalar la información técnica y determinar las consideraciones de daños y amenazas económicas en razón de esos perjuicios que han tenido las familias de la urbanizaciones Mata Redonda y La Punta, con relación a los problemas que se han suscitado en el Lago de Valencia", aseguró.

Agregó el titular de Protección Civil y Administración de Desastres que "como sabemos las familias de estas urbanizaciones presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, el cual el año pasado sentenció a favor de una de esas afectaciones; sin embargo, posteriormente, en el proceso propiamente jurídico y en los tiempos y lapsos correspondientes, el Ministerio del Ambiente, como autoridad única en el tema del Lago, solicitó a su vez unos recursos de interpretación en función de los trabajos que viene desarrollando en razón de la desafectación y de la atención de las familias que se encuentran en las riberas del mismo".

Advirtió que ante esa solicitud de interpretación, el Tribunal Supremo dio instrucciones a la Dirección Nacional de realizar esa evaluación, la cual se basó un trabajo articulado en el que intervino esa Dirección, conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, la Dirección de Infraestructura, Vivienda, Salud y otros organismos como Funvisis y la Universidad Central de Venezuela.  "Se  armó un equipo, tal como nos corresponde, de sumar esfuerzos con otras instituciones para realizar trabajos de investigación,  preventivos o de atención. De este trabajo se hizo un informe y se entregó al Tribunal Supremo de Justicia, en el que se establece ya las conclusiones y recomendaciones sobre esa afectación correspondiente a la experticia que se generó en un 80% por ciento, porque aún hay parte del trabajo en proceso de investigación que requieren de mayor tiempo", dijo Rivero.

Indicó Antonio Rivero que del trabajo realizado se concluyó que las urbanizaciones ya mencionadas se encuentran en un lugar afectado, no sólo por la crecida del Lago, sino por el hecho también de que esas construcciones fueron desarrolladas sobre un suelo que no ofrece seguridad para desarrollar un urbanismo.

Ante esta situación, reiteró Rivero que la salida viable sería "la desafectación de esas urbanizaciones en el orden de unas recomendaciones por etapas y acorde con los riesgos que presentan cada uno de esos sectores. Estamos hablando de mil familias que habitan en el sector, de las cuales sólo el 20% no presenta daños estructurales en las viviendas, más allá de los servicios que han colapsado, especialmente el de aguas servidas", concluyó.   

DECISIÓN DICTADA EN NOVIEMBRE DE 2006

Como se recordará, a mediados del mes de noviembre de 2006, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Pedro Rondón Haaz, declaró resuelta la solicitud de aclaratoria del fallo planteada por el abogado José Antonio Pagliarini Álvarez, en representación del Ministerio del Ambiente, en el caso que guarda relación con la demanda interpuesta contra dicho organismo por habitantes de los sectores "La Punta" y "Mata Redonda", afectados por el crecimiento del nivel del

agua del Lago.

En consecuencia, la Sala Constitucional designó a la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres adscrita al Ministerio de Interior y Justicia para que determine, mediante inspecciones y las evaluaciones que sean necesarias, cuáles son los habitantes de los sectores antes mencionados que se han visto lesionados o amenazados de manera inminente de lesión en sus derechos fundamentales en los términos del fallo y cuál es el valor económico del daño sufrido por éstos y por sus respectivas viviendas, de todo lo cual deberá informar al TSJ en un plazo no mayor de 30 días continuos que se computarán desde la publicación de la decisión.