Con ponencia de la magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dicha instancia declaró el decaimiento del objeto de la solicitud de suspensión de efectos formulada por el ciudadano Genaro Antonio Godoy contra una resolución dictada por la Contraloría General de la República a través de la cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto y en consecuencia, se confirma el acto administrativo mediante el cual se le suspendió del cargo de Legislador Principal del estado Portuguesa por un período de 6 meses.

            La suspensión de efectos de los actos administrativos al que se refiere el aparte 21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia es una medida preventiva establecida en el ordenamiento jurídico y su apelación constituye una excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, con lo que se busca evitar lesiones irreparables o de difícil reparación, al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del acto, porque dicha ejecución podría lesionar la garantía de acceso a la justicia y al debido proceso, consagrados como derechos fundamentales.

            Respecto a esto, la Sala dictó sentencia el 10 diciembre de 2008, declarando el desistimiento del recurso de nulidad, como consecuencia del incumplimiento de la carga procesal de la parte demandante para consignar la publicación del cartel de emplazamiento dentro del lapso establecido en el aparte 11 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que se dio por terminado el procedimiento y quedó sin objeto la pretensión cautelar.

DECISIÓN

            Basándose en los criterios antes expuestos, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, declaró el decaimiento del objeto de la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos interpuesta por la representación judicial del ciudadano Genaro Antonio Godoy, contra  la resolución N° 01-00-000298 de fecha 12 de noviembre de 2007, dictada por la Contraloría General de la República.