Durante su intervención en el VI Foro del Derecho a la Infancia y la Adolescencia, instalado hoy en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, Nadya Vásquez, resaltó que en materia de protección Venezuela ha dado un gran paso a través de la Ley Orgánica para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que ésta incorpora el derecho al buen trato la prohibición del uso de violencia contra la infancia.

            Indicó que en materia niñas, niños y adolescentes, sin duda el instrumento legislativo más importante es la Ley Orgánica para la Protección, que entró en vigencia desde el año 2000 y fue reformada en el 2007, puesto que,  entre otras cosas, "ha colocado a Venezuela como uno de los pocos países de América Latina, que incorpora el derecho al buen trato y la prohibición del uso de violencia en cualquier contexto, incluida dentro de la familia.

            En este orden de ideas explicó la representante de Unicef que el Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013, como primer plan socialista, recoge como uno de sus ejes estratégicos, la atención integral de niños y adolescentes, ya que "son numerosas las medidas legislativas y las políticas públicas definidas con el fin de dar cumplimiento a los principios éticos y obligaciones definidos en la Convención sobre los derechos del niño".

            Recordó que en el país también se han aprobado otras leyes y reglamentos relativos a cuestiones, como la lactancia materna, la violencia contra las mujeres, el uso de Internet, la protección de la familia, la maternidad y la paternidad, la inclusión de los pueblos indígenas en el registro civil y la educación, entre otras.

            "Los datos disponibles muestran importantes avances en el logro de los objetivos del desarrollo del niño (") se han cumplido las metas relativas a la reducción de la pobreza extrema y la mejora del acceso al agua potable y los sistemas de saneamiento. Por otra parte el país se haya en vías de alcanzar la metas relativas a la educación primaria universal y la equidad de género y, la referente a la reducción de la mortalidad infantil; relacionado con esto logros está el dato contundente del aumento del 11,2% al 20,2% del producto interno bruto, destinado  a la inversión social", indicó la Dra. Vásquez.

            En este contexto argumentó que los logros han sido muchos y que  son conquistas de justicia social que no se pueden de ninguna manera permitir que se reviertan, "ni siquiera y menos que nunca en un contexto de crisis económica mundial, al contrario, debemos aprovechar esta coyuntura y convertirla en una oportunidad para el cambio, reafirmando el compromiso de principios y postulados de la Convención y la legislación nacional, interés superior del niño, protección integral, prioridad absoluta y corresponsabilidad".

            Por otra parte resaltó la importancia de la aprobación y conmemoración de los 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, y en tal sentido expresó que "definitivamente que la Convención Internacional posee una doble virtud de regular y especificar con alto nivel de detalle los derechos de la infancia y, al mismo tiempo recoge un consenso prácticamente planetario, pero además pocos instrumentos jurídicos internacionales, han puesto de manifiesto en la acción la posibilidad transformadora para que quienes eran desconocidos como sujetos de Derecho, pasen  a serlo en los últimos 20 años".

            A su criterio, la aprobación de la Convención "marca el punto de inflexión entre la visión tutelar asistencialista en la relación entre el Estado, la sociedad y los niños y la realización de la justicia social, porque es este el fin último de la Convención, hacer extensiva a los niños, niñas y adolescentes la realización de la justicia social que debe sustentar la definición, aplicación evaluación de las políticas públicas de los estados (") la celebración de este 20 aniversario significa toda una generación de niños, niñas y adolescentes que se reconocen como sujetos de derecho; los mismos derechos que corresponden a cualquier ser humano, más allá de la etapa en que se encuentra en el ciclo de vida".

            En tal sentido, consideró que el propósito de la coordinación es asegurar la coherencia y sostenibilidad en los esfuerzos de todas las instituciones públicas y privadas cuya actuación tiene un incidencia directo o indirecta en la realización de los derechos de la niñez y la adolescencia desde el sector de la salud, la educación, la protección social hasta la seguridad, planificación, justicia, cultura y deporte, entre otros.  

            Finalmente aseguró que el avance efectivo en la universalidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes exige una coordinación intersectorial, entre los diferentes niveles de gobierno en todos los espacios políticos territoriales y con la participación de la sociedad organizada, incluyendo en particular a los propios niños, niñas y adolescentes.