jueves, 11 de marzo de 2010
Sentenció la Sala Político Administrativa Accidental
Sin lugar recurso interpuesto por ex Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas
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          La Sala Político Administrativa Accidental, en ponencia del magistrado Emiro García Rosas, declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por el apoderado judicial de Alfredo Peña, contra la decisión s/n del 18 de abril de 2006 dictada por el Director de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República, actuando por delegación del Contralor General de la República.

 

            La decisión s/n del 18 de abril de 2006 declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto por Alfredo Peña y confirmó el acto de fecha 9 de febrero de 2006, a través de la cual el referido Director declaró la responsabilidad administrativa, civil y solidaria de Peña, en su condición de Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas.

 

            Se desprende de la sentencia que se declaró la responsabilidad administrativa, civil y solidaria de Peña, por la supuesta negligencia en la preservación y salvaguarda del patrimonio público en virtud de haber formalizado la transferencia de recursos al Cabildo Metropolitano, hasta por la cantidad de Bs. 12.649.322.284,00 (hoy Bs. 12.649.322,28), durante el ejercicio fiscal 2000 y 2001, sin haber delegado la administración de tales recursos en funcionario alguno, conforme la atribución establecida en el párrafo único del artículo 139 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

 

            Entre las incidencias en el presente caso, el 11 de marzo de 2008 se suspendió el acto de informes fijado para el 3 de abril del 2008, en virtud de la inhibición planteada por el magistrado Hadel Mostafá Paolini, la cual fue declarada procedente el 25 de marzo de 2008, ordenándose la convocatoria del respectivo Magistrado suplente o Conjuez.

 

            La Sala Político Administrativa Accidental quedó conformada así: magistrada Evelyn Marrero Ortíz, presidenta; magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, vicepresidenta; magistrados Levis Ignacio Zerpa y Emiro García Rosas (ponente); magistrada suplente Miriam Elena Becerra Torres.

 

PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA DEL ALTO TRIBUNAL

 

            Indicó la Sala del Máximo Tribunal de la República, al pronunciarse sobre la denuncia referida a la presunta violación a los derechos al debido proceso, a la defensa, a ser oído y asistencia jurídica, constató que el actor en el procedimiento administrativo estuvo asistido por 2 abogados de su confianza, aun cuando la ley no exige asistencia de abogados, tomando en cuenta que las actuaciones que se realizan en los procedimientos administrativos se caracterizan por la no formalidad, lo cual implica una cierta flexibilidad que permite que la actuación de los particulares no se vea limitada por formalismos exagerados que le imposibiliten el ejercicio de sus derechos (Vid. sentencia N° 1561 del 20 de septiembre de 2007).

 

            En vista de lo anterior la Sala no evidenció violación de los derechos al debido proceso, a la defensa, a ser oído y debida asistencia jurídica, siendo desestimado tal alegato.

            También se alegó que le habría sido vulnerado a Alfredo Peña el derecho contenido en "los artículos 49.5; 49 en su encabezamiento y 49.1" de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (derechos a la defensa y a la no confesión contra sí mismo), porque se utilizó como elemento de convicción en su contra "las supuestas confesiones contenidas en dos comunicaciones, ambas emanadas de este último", solicitadas en la fase inicial de la investigación "con base en el ordinal 1° del artículo 77 de la vigente Ley de Contraloría".

 

            Al respecto la Sala precisó que la información suministrada por Peña al órgano contralor, fue en cumplimiento a una obligación legalmente establecida de declarar, formar y rendir cuenta de las operaciones y resultado de su gestión, necesaria para verificar los hechos sometidos a investigación.

 

            En consecuencia, indica la sentencia, "mal puede alegarse que la respuesta dada en los oficios números 0053 y 0064 de fechas 21 y 31 de marzo de 2003, haya sido utilizada como una confesión en su contra, razón por la cual la Sala desestima el argumento de la parte recurrente referido a la violación de los derechos a la defensa y a la no confesión contra sí mismo, contenidos en los artículos constitucionales denunciados".

 

            El apoderado judicial de Alfredo Peña alegó también que la Cámara del Distrito Metropolitano de Caracas había aprobado para los ejercicios fiscales referidos dos ordenanzas presupuestarias como lo exigía la Ley Orgánica de Régimen Municipal, de manera que -en su decir- "la asignación de los aludidos recursos vía presupuestaria, admitida por el ente contralor ("), no fue un atribuible a [su] representado, sino a la Cámara Municipal" (sic).

 

            Sin embargo la Sala del TSJ precisó que las pruebas recabadas y analizadas en el procedimiento administrativo fueron debidamente apreciadas por el órgano contralor, a fin de demostrar que Alfredo Peña, actuando en su condición de Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas efectuó la transferencia efectiva de los recursos pertenecientes a las partidas presupuestarias correspondientes al período 2000 -2001, al Cabildo Metropolitano de Caracas, quien los administró a través de Diógenes Muziotti Dona, designado como cuentadante por el Cabildo, sin que mediara por parte del referido Alcalde delegación alguna que autorizara al mencionado ciudadano administrar dichos recursos, conforme lo previsto en el artículo 139 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

 

            Basado en lo anterior la Sala Político Administrativa desestimó el argumento del apoderado judicial de Peña en el sentido de que los hechos antes descritos no contaron con la intervención de su representado y por lo cual la Administración Contralora habría incurrido en falso supuesto de hecho.

 

            Señala la sentencia del Máximo Tribunal de la República que no encontró vicios en el acto administrativo impugnado, por lo que declaró sin lugar el recurso de nulidad intentado. En consecuencia, queda firme el acto impugnado.

 

            Igualmente se desprende de la sentencia de la Sala Político Administrativa que la actuación desarrollada por Alfredo Peña en su condición de Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas, "quién procedió a transferir recursos al Cabildo Metropolitano de Caracas, hasta por la cantidad de Bs. 12.649.322.284 (hoy Bs. 12.649.322,28), durante el ejercicio fiscal 2000 y 2001, sin haber delegado la administración de tales recursos en funcionario alguno, conforme a la atribución establecida en el párrafo único del artículo 139 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y el cumplimiento de los requisitos formales para la ejecución del presupuesto de gastos, apartándose así de las normas contenidas en la ya referida Ley Orgánica de Régimen Municipal; todo lo cual, como fue precisado, pudiera devenir en graves perjuicios para los intereses patrimoniales del Distrito Metropolitano que representaba y de los particulares afectados por dicha situación".

 

            En vista de ello, "considera esta Sala pertinente remitir copia certificada de la presente decisión a la ciudadana Fiscala General de la República, a los fines de que determine lo que estime conducente, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes."

Fecha de Publicación:
  11/03/2010

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