jueves, 15 de abril de 2010
Denunció presunta violación del derecho de propiedad
Sin lugar recurso interpuesto por la sociedad mercantil Libaven, C.A. contra acto normativo de ordenanza emanada del Municipio Los Salias
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            La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Vicepresidente Francisco Antonio Carrasquero López, y el voto salvado de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán y el magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por el abogado José Vicente Arvelaiz Carpio, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Libaven, C.A., contra el "acto normativo contenido en la Ordenanza de Zonificación y Ordenación Urbanística del Plan de Desarrollo Urbano Local y en el Plano de Zonificación de la cual forma parte, publicada en la Gaceta Municipal de la República Bolivariana de Venezuela, estado Miranda del Municipio Los Salias, N° Extraordinario, Año 20, San Antonio de los Altos de fecha 17 de febrero de 2003".

 

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

            Para decidir el recurso de nulidad planteado, la Sala Constitucional observó que el apoderado judicial de la recurrente, denuncia la "presunta- violación del derecho de propiedad de su representada, la sociedad mercantil Libaven, C.A., en virtud de que el Municipio Los Salias del estado Miranda, a su decir, afectó terrenos de su propiedad con fundamento en la Ordenanza de Zonificación y Ordenación Urbanística del Plan de Desarrollo Urbano Local, publicada en la Gaceta Municipal de la República Bolivariana de Venezuela, estado Miranda del Municipio Los Salias, n° Extraordinario, Año 20, San Antonio de los Altos del 17 de febrero de 2003, al zonificarlos en el Plano de Zonificación de dicha ordenanza como Área Verde de Protección (AVP) y Área Verde Recreacional (AVR).

 

            Igualmente se denunció que se partió de un falso supuesto al designar dichos terrenos como Área Verde de Protección (AVP) y Área Verde Recreacional (AVR), toda vez que los mismos no cumplía con las limitaciones establecidas en los artículos 92, 93, 97 y 127, letra b, de la cuestionada ordenanza, ni las contenidas en la Ley Forestal de Suelos y Aguas.

 

            Así mismo, que no existió ningún decreto expropiatorio que justificara la afectación efectuada por el Municipio Los Salias, por tanto, el mencionado Municipio convirtió a Libaven, C.A. en simple detentadora de sus terrenos y le creó una indefinida situación de incertidumbre, incompatible con la seguridad jurídica, que debe gozar toda persona en relación a sus bienes.

 

            Por su parte, la representante del Ministerio Público, señaló que se evidencia de los alegatos contenidos en el libelo y demás escritos, que el apoderado judicial de la actora no determinó, efectivamente, si el presente recurso va dirigido contra los artículos 92, 93 y 97 de la Ordenanza de Zonificación y Ordenación Urbanística del Plan de Desarrollo Urbano Local del Municipio Los Salias, publicada en la Gaceta Municipal del Municipio Los Salias n° Extraordinario, Año 20, del 17 de febrero de 2003, o sólo al Plano de Zonificación contenido en dicha ordenanza, en la cual se asentó y afectó -para ese momento- gráficamente los terrenos de Libaven, C.A.

 

            En este sentido, la Sala para dilucidar el asunto analizó la petición y observó como se exponen los alegatos y, al respecto, apreció que: El accionante alega que el presente recurso "comprende tanto la ordenanza cuestionada, como el acto normativo de efectos generales, y el Plano de Zonificación que la acompaña, el cual, es la representación gráfica que permite apreciar a simple vista, la zonificación asignada a los lotes de terreno de [su] representada".

 

            Por ende, solicita la "nulidad por ilegalidad e inconstitucionalidad del acto normativo contenido en la Ordenanza de Zonificación y Ordenación Urbanística del Plan de Desarrollo Urbano Local y en el Plano de Zonificación de la cual forma parte, publicada en la Gaceta Municipal de la República Bolivariana de Venezuela, Estado Miranda del Municipio Los Salias, N° Extraordinario, Año 20, San Antonio de los Altos de fecha 17 de febrero de 2.003, mediante el cual le asignaron a los terrenos propiedad de [su] representada, ["] la categoría de Área Verde de Recreacional, Zona (AVR) y Área Verde de Protección Zona (AVP), en el Plano de Zonificación de dichos terrenos, cuyas zonas están definidas en los artículos 92, 93 y 97 de la ordenanza cuestionada, por ser el acto normativo impugnado violatorio de los artículos 115 y ordinal 1 de del [sic] artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como transgresor del artículo 108 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 52 y 53 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, 7 y 13 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social y artículo 547 del Código Civil".

 

            No obstante, del análisis de los fundamentos contenidos en el escrito evidenció la Sala que el apoderado judicial de la recurrente, si bien señala a la normativa contenida en la ordenanza, la cual en un todo no puede ser cuestionada y menos de la manera como está planteada, hace referencia a los artículos 92, 93 y 97 de la Ordenanza de Zonificación y Ordenación Urbanística del Plan de Desarrollo Urbano Local y en el Plano de Zonificación del Municipio Los Salias, es a fines de indicar que la señalización efectuada en el Plano de Zonificación, conforme a las pautas contenidas en la ordenanza, no se corresponden con la descripción ni contiene las limitaciones establecidas, ni la descripción de sus terrenos concuerdan con las apuntadas en dicha normativa, para que hayan sido calificados como Área Verde de Protección (AVP) y Área Verde Recreacional (AVR), lo que, a su entender, afectó ilegítimamente su propiedad al partir de tal falso supuesto.

 

            Por otra parte, del examen realizado por la Sala se desprendió claramente que el artículo 92 se limita únicamente a definir que es un Área Verde de Protección, asimismo, el artículo 93 prevé los usos de esta zona, y el artículo 97 está circunscrito a definir un Área Verde Recreacional; por tanto, al no alegar ni demostrar la recurrente a esta Sala cómo la norma contenida en la Ordenanza de Zonificación y Ordenación Urbanística del Plan de Desarrollo Urbano Local del Municipio Los Salias, está afectada de nulidad, bien porque vacíe de contenido o desconozca alguna norma contenida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o colida con alguna disposición constitucional, mal podría, sin elementos de hecho ni de derecho, emitirse un pronunciamiento de inconstitucionalidad sobre la citada Ordenanza de Zonificación y Ordenación Urbanística del Plan de Desarrollo Urbano Local, dado que las normas antes señaladas no son generadoras del daño que se pudo haber causado a la sociedad mercantil Libaven, C.A.

 

            Ahora, respecto al Plano de Zonificación, el cual es el que expresa y delimita gráficamente los usos dados a las zonas propiedad de la recurrente, consideró la Sala que, ciertamente, en dicho plano se delimitan espacios propiedad de la sociedad mercantil Libaven, C.A., los cuales, debido a ello, fueron afectados de manera implícita, al ser calificados como Área Verde de Protección (AVP) y Área Verde Recreacional (AVR); sin embargo, esta Sala considera que el mismo per se, no viola lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de manera que pueda ser objeto de un pronunciamiento de nulidad por colidir o desconocer de manera grotesca lo previsto en dicho texto fundamental.

 

            Colorario a lo expuesto, observó la Sala Constitucional que el accionante ha denunciado que el municipio tampoco le ha indemnizado por la limitación de la cual fue objeto sobre su derecho de propiedad; así pues, es de señalar que dicha petición no puede ser satisfecha a través de la vía de la nulidad de actos de efectos generales en la jurisdicción constitucional, ya que para eso la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 259, prevé:

 

            "Artículo 259. La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa".

 

            Visto entonces que la jurisdicción constitucional a través de la nulidad no tiene efectos indemnizatorios ni puede condenar a ningún ente público al pago de sumas de dinero, conforme a lo asentado por la norma del Texto Constitucional citado (salvos aquellos casos excepcionales de intereses colectivos y difusos cuya competencia es exclusiva de esta Sala Constitucional y cuyo resarcimiento sólo sea posible a través de una condena pecuniaria, lo cual no es el caso que nos ocupa) el cual otorga expresa competencia a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa para condenar a la Administración al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados por su responsabilidad, así como para disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa, bien sea por actos o hechos dictados o ejecutados en ejercicio de sus funciones, o por omisiones o abstenciones de órganos o personas obligados por normas de derecho administrativo, la Sala desecha las presente denuncia.

 

            Por todos los argumentos expuestos, la Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por el abogado José Vicente Arvelaiz Carpio, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Libaven, C.A., contra el "acto normativo contenido en la Ordenanza de Zonificación y Ordenación Urbanística del Plan de Desarrollo Urbano Local y en el Plano de Zonificación de la cual forma parte, publicada en la Gaceta Municipal de la República Bolivariana de Venezuela, Estado Miranda del Municipio Los Salias, N° Extraordinario, Año 20, San Antonio de los Altos de fecha 17 de febrero de 2003".

 

VOTOS SALVADOS

           

            En su voto salvado el magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz considera que "la mayoría sentenciadora no juzgó correctamente la delación de la parte actora sobre la violación a su derecho a la propiedad, por la restricción que sobre ese derecho constitucional hizo el Municipio Los Salias del estado Miranda, cuando afectó, con la zonificación Área Verde de Protección (AVP) y Área Verde Recreacional (AVR), sus terrenos, sin que se procediera a la expropiación de los mismos en los tres (3) años siguientes a la afectación. Esa situación, sobre la que no se pronunció la mayoría sentenciadora, significó el decaimiento de la afectación urbanística con lo cual los atributos del derecho a la propiedad se restablecieron a favor de su titular".

 

            Por su parte, la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, señaló que "no era suficiente con alegar que el plano de zonificación, en sí mismo, no transgredía precepto constitucional alguno; sino que la mayoría sentenciadora debió adentrarse en la incidencia que el cambio de zonificación ejercía sobre el derecho de propiedad de la parte recurrente; y, de ser el caso, valorar si la ausencia de señalamiento expreso de indemnización daba lugar a la nulidad del plano de zonificación o, como lo indicó la sentencia aprobada, a la posibilidad de demandar la responsabilidad (sin falta: acto normativo válido) del Estado legislador".

 

Fecha de Publicación:
  15/04/2010

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