La Sala Político Administrativa, en ponencia de la magistrada Trina Omaira Zurita, declaró improcedente la solicitud de suspensión de efectos formulada por la Asociación Civil Benéfico-Docente "San Agustín" (Colegio San Agustín El Marqués), contra una Providencia Administrativa dictada por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), en virtud del silencio administrativo por parte del Ministro del Poder Popular para el Comercio, frente al recurso jerárquico presentado contra la aludida Resolución.

Mediante la Providencia Administrativa s/n del 10 de diciembre de 2008, el Indepabis impuso al a la referida Unidad Educativa una multa por mil unidades tributarias (1.000 U.T.), con fundamento en los artículos 7, ordinal 9°, 15 ordinal 6°, 17, 125 y 127 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.

El Indepabis señaló que la Unidad Educativa, entre otras cosas, no cumplió con lo dispuesto en la Resolución Conjunta "MPPILCO N° 417/MPPE N° 66", publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.957, del 20 de junio de 2008, que establece como porcentaje máximo de aumento en la matrícula y mensualidades el 15%.

            La Sala del Máximo Tribunal al pronunciarse sobre la medida de suspensión de efectos presentada, constató que el Colegio San Agustín El Marqués no indica cuáles son los derechos e intereses legítimos y directos que considera lesionados por el acto administrativo impugnado, además, no precisa los perjuicios irreparables o de difícil reparación que, a su juicio, justifican la petición cautelar.

             En vista de lo anterior la Sala del Máximo Tribunal del país declaró improcedente la solicitud de suspensión de efectos, ya que no se cumplieron con los requisitos concurrentes para acordarla.