martes, 13 de diciembre de 2011
Tribunales del Trabajo conocerán acción contra Fundación de Desarrollo Social mirandina
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La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió que corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas la competencia para conocer la acción por cobro de prestaciones sociales, ejercida conjuntamente con solicitud de medida de embargo preventivo, por la ciudadana Ana Aurelia Higuera contra la Fundación de Desarrollo Social del estado Miranda (Fudesem).

La Sala recibió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial por cobro de prestaciones sociales de parte del Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, tribunal al que le correspondió el conocimiento de la causa y se declaró incompetente por la materia, planteando el conflicto negativo de competencia ante las Cortes Contencioso Administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil.

Previamente, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo se había declarado incompetente para conocer del asunto y declinó la competencia en los Tribunales Superiores Contenciosos Administrativos de la Región, y expresó en su dictamen que "las acciones interpuestas por los trabajadores e empleados de las Fundaciones contra éstas, eran del conocimiento de los tribunales con competencia en materia contencioso administrativa, dado que el personal adscrito a las Fundaciones no se encuentra excluido expresamente de la aplicación de la Ley del Estatuto de la Función Pública, a tenor de lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 1 de la prenombrada Ley".

La Sala, una vez asumió la competencia para conocer de la causa, recordó en la sentencia la jurisprudencia de la Sala Constitucional según la cual los conflictos intersubjetivos surgidos entre las fundaciones del Estado y sus trabajadores deben ser conocidos y decididos por los órganos jurisdiccionales especializados en materia laboral y no por la jurisdicción contencioso-administrativa, toda vez que las fundaciones no despliegan en tales relaciones actividad administrativa alguna cuya legalidad pueda ser objeto material de control por los jueces competentes en esta materia.

Además, recordó que el artículo 114 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Publica, dispone en su artículo 114 que las fundaciones del Estado "se regirán por el Código Civil, el presente Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley, y las demás normas aplicables ; y sus empleados se regirán por la legislación laboral ordinaria".

Sobre la base de estas consideraciones, la Sala concluyó que la relación laboral que existió entre Higuera Jukisz y Fudesem se encontraba regida por las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo. En este sentido, y en atención a lo contemplado en el artículo 17 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que establece las dos jurisdicciones que deberán conocer de los asuntos laborales tanto en fase de sustanciación, mediación y ejecución como de juicio, fue que decidió que el conocimiento del asunto corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Fecha de Publicación:
  13/12/2011

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