La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, manifestó durante una entrevista realizada en el programa "Contragolpe", transmitido por Venezolana de Televisión, que la puesta en funcionamiento de los Tribunales Penales Municipales será un aporte importante para que en el país se logre una sociedad más humana.

En la entrevista ofrecida a la periodista Vanessa Davies, la Magistrada indicó que se logrará una sociedad más humana porque la persona que cometió el delito será juzgado en libertad, se presentará ante el juez, quien le impondrá un trabajo de tipo social, comunitario. "Una serie de oportunidades que tendrá la persona para servir justamente a ese colectivo y a esa sociedad contra la cual han actuado, pero servir con un cambio en su conducta".

Recordó que los tribunales penales municipales conocerán de delitos con penas menores a cinco años, entre ellos arrebatones, hurtos simples, difamación e injuria. Se excluye del conocimiento de estos juzgados los delitos de lesa humanidad, homicidio, secuestro, narcotráfico, entre otros.

Aclaró la Presidenta del Alto Tribunal que el Poder Judicial no está improvisando, sino que se está trabajando en base a la experiencia en la materia. "Nosotros desde junio del año pasado comenzamos con todos los jueces de la República a recomendar una política de juzgamiento en libertad, con todos los casos de delitos con penas menores a cinco años y llegamos a otorgar hasta esta fecha cerca siete mil medidas cautelares para cumplimiento de panas en libertad".

Advirtió que para la creación de los nuevos tribunales penales municipales se requiere una reforma muy puntual del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) porque no está adaptado a la realidad venezolana, ya que se calcó un modelo que pudiera decirse es el ideal dentro de lo que es la doctrina y la teoría, pero que no está ajustado a las realidades del país.

"Casi pudiésemos hablar de una burocracia que entorpece la actividad de los jueces, y los jueces no pueden salirse de esas cortapisas establecidas de una manera exagerada en un procedimiento penal que necesita celeridad, eso es lo que queremos solventar con esa pequeña reforma al Código Orgánico Procesal Penal", puntualizó la Magistrada. 

Hasta el momento, explicó que la reforma sería aplicada a dos o tres artículos del COPP, en donde se establecería la realización de un juicio breve, expedito, dándole prominencia a la parte oral, lo cual redundará en mayor celeridad en los procesos y tendrá incidencia en el descongestionamiento carcelario.

La Presidenta del Alto Tribunal del país adelantó que la reforma puntual del COPP implica, entre otras cosas, un mayor número de jueces en materia penal, específicamente 150 jueces penales municipales y 100 para reforzar el sistema ordinario, que totalizarán 250 para todo el país. En el caso de Caracas puntualizó que se tiene prevista la instalación de 30 tribunales penales municipales.

Informó que en el Poder Judicial se continúa trabajando en materia de modernización de los tribunales venezolanos. "Nosotros estamos avanzando mucho más en la plataforma tecnológica porque lo ideal es llegar al proceso cero papel, que todos los juicios sean orales y estén grabados por los medios electrónicos", lo cual redundará en una mayor celeridad en la administración de justicia.

Es necesario un nuevo Código Penal

También manifestó la magistrada Luisa Estella Morales Lamuño que en Venezuela debe crearse un nuevo Código Penal, adaptado a la época actual, ya que el vigente no contempla delitos como el informático, la estafa inmobiliaria, entre otros. Aclaró que no se trata de modificar el actual sino de hacer uno nuevo. 

            "La propuesta del Poder Judicial venezolano es un cambio, y no la hacemos en el aire, nosotros cuando hacemos una propuesta es porque la hemos trabajado con seriedad y la tenemos a la mano. La disposición de la Asamblea Nacional, a quien ya se la enviamos -del Presidente de la República que también tiene facultades legislativas con la Ley Habilitante - un proyecto de Código Penal elaborado por el TSJ, donde tomamos en consideración esa serie de delitos novedosos y que obedecen al avance de la sociedad", apuntó la Presidenta del TSJ.

            También expresó que hay otra serie de leyes pre constitucionales que son arcaicas y no se acogen a los principios y a la modernidad actual, las cuales también deben ser revisadas, entre ellas el Código de Comercio, el Código Civil y el Código Procesal Civil.   

            "Yo voy a decir algo que nunca he dicho, yo creo que en este momento es absurdo hablar de Código de Comercio, para mí no debería existir. Las relaciones justamente se proveen de los particulares de bienes y servicios, entonces eso tiene que tener otro nombre, no puede ser de comercio porque estamos estableciendo que tiene que ser basado en el lucro, y no necesariamente el intercambio de bienes y servicios tiene que basarse en el lucro, en la especulación, sino en suplir las necesidades, por supuesto con un justo pago del esfuerzo humano que hace el trabajador para producir bienes y prestar servicios".

            Fue consultada sobre la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y las críticas que algunos sectores de la oposición le han hecho por considerarla una vía para criminalizarlos y perseguirlos, la Magistrada expresó que se trata de afirmaciones subjetivas y sin sustento.

            "Yo a veces encuentro hasta contradicciones en ese tipo de afirmaciones porque por un lado dicen que la inseguridad es insoportable en el país y por otro lado cuando se dicta una ley justamente para asegurar a la ciudadanía y ampliar la seguridad entonces se quejan y consideran que es un macartismo, que es una ley sapo; creo que nosotros tenemos que combatir la delincuencia y sobre todo la delincuencia organizada en todos sus aspectos y esto va a redundar en beneficio de la sociedad, se preocuparán aquellos que están cometiendo delitos".

            También en la entrevista a la Presidenta del Máximo Juzgado venezolano se le consultó sobre el caso del magistrado Eladio Aponte Aponte, sobre lo cual indicó que en nuestro sistema nadie está exento del control, el cual se realiza de manera permanente no solamente sobre los jueces, sino también sobre los magistrados y demás funcionarios públicos con cargos de gran responsabilidad.

            En ese sentido explicó que el Consejo Moral Republicano es el ente encargado de establecer y señalar las conductas no éticas de los magistrados. "Tenemos que comprender que cuando se nos llama al Consejo Moral se nos da la oportunidad, porque hay allí un proceso para demostrar cuáles son nuestras razones y nuestros descargos, debemos hacerlo como una cosa natural, eso no debería ser objeto de noticia, sino que debería ser objeto de una conducta apropiada del magistrado en someterse a su ente ético correspondiente".