La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró improcedente in limine litis la acción de amparo interpuesta por el abogado Jesús Rafael González Sánchez, contra la diputada al Parlamento Latinoamericano (Parlatino), Delsa Solórzano, por la presunta vulneración del derecho a obtener una respuesta oportuna y adecuada.

El Máximo Tribunal con ponencia del magistrado Arcadio Delgado Rosales, constató que el argumento central expuesto por González Sánchez fue que se habría vulnerado su derecho a obtener una respuesta oportuna y adecuada, previsto en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de Solórzano, al no dar respuesta a unas comunicaciones escritas presentadas por el mencionado ciudadano.

Indica la sentencia de la Sala Constitucional, entre otros aspectos, que las funciones que desempeñan los diputados al Parlatino son meramente políticas y, aun cuando formen parte de una comisión de trabajo en el seno de dicho organismo, no tienen atribuciones para tramitar denuncias con respecto a un caso particular y llevarlas al conocimiento de las instancias internacionales.

Precisó la Sala del TSJ que en el presente caso no es pertinente dar trámite a la acción de amparo, porque no existe una amenaza inminente por parte de la Diputada denunciada como presunta agraviante, "puesto que la petición realizada escapa del ámbito de sus competencias, por lo que no se evidencia la violación del derecho constitucional delatada, ni tampoco la Sala puede ordenar a un funcionario, a través de una acción de amparo, que realice una actividad más allá de la que la propia Constitución le atribuye."