Los tribunales penales de Caracas serán los que conozcan de una causa seguida contra un grupo de ciudadanos, entre ellos dos ex funcionarios de la Policía Municipal de Plaza, del estado Miranda, por el secuestro y homicidio de Giancarlo Colasante Volpe ocurrido el año 2010, luego que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró ha lugar la solicitud de radicación planteada por el Ministerio Público (MP).

            En el presente caso el Ministerio Público solicitó la radicación de la causa seguida en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, contra los ex funcionarios policiales Larry José Peréz Rengifo y Orlando Wladimir Aponte Vasquez, por la presunta comisión de los delitos de secuestro en grado de determinadores, homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, y asociación para delinquir, y en contra de José Guillermo Fernández Urrutia, Kleiderson Alberto Luna González y Luis Gilberto Navarro Flores, por la presunta comisión del delito de secuestro breve.

            Constató la Sala del TSJ con ponencia de su presidenta, magistrada Ninoska Queipo Briceño, que el Ministerio Público fundamentó la solicitud de radicación en el hecho de que a su juicio, los delitos presuntamente cometidos por los mencionados ciudadanos, son de carácter grave y que además los mismos han causado alarma, sensación y escándalo público por ser los presuntos imputados funcionarios policiales, lo cual puede perturbar la adecuada administración de justicia; aunado a que el juzgamiento en la presente causa es por delitos graves en perjuicio del ciudadano Giancarlo Colasante Volpe.

            Asimismo el MP argumentó que la gravedad del delito y su perpetración ha causado conmoción, alarma y escándalo público dentro de los órganos de administración de justicia y la comunidad del sector de Guarenas, estado Miranda, considerando que los hechos investigados involucran a ciudadanos quienes, según las actuaciones que cursan en el expediente, para el momento de los hechos se desempeñaban en la referida región como funcionarios activos de la Policía Municipal de Plaza.

            Al estudiar la solicitud planteada, la Sala del Máximo Juzgado del país indicó en su sentencia que con el propósito de resguardar la seguridad e integridad de las partes involucradas, la transparencia e imparcialidad de los jueces y el respeto a las garantías constitucionales y legales inherentes al proceso penal, consideró procedente declarar ha lugar la petición de radicación, al Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de su pronta distribución y continuación del proceso.

            En vista de lo anterior la Sala del TSJ ordenó la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Miranda la remisión inmediata de la presente causa a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para su conocimiento y resolución