La Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, expresó sentirse satisfecha con los resultados del II Congreso Internacional de Derecho Agrario, debido a que permitió estrechar lazos con los países participantes para profundizar y avanzar en Venezuela en el estudio del Derecho Agrario. 

            Así lo dio a conocer la Máxima autoridad de la Institución durante el acto de clausura del Congreso celebrado en el Auditorio Principal del TSJ.  

            Agradeció a los especialistas nacionales e internacionales por su participación durante estos tres días de reunión en los que expusieron temas, como el Derecho a la Alimentación, la Biotecnología, el uso de transgénicos, la globalización de la agricultura, el dominio de las transnacionales de alimentos, así como también los elementos que confirman la autonomía del Derecho Agrario que permite revisar la evolución jurisprudencial que ha tenido esta competencia especial en Venezuela.

            La Presidenta del TSJ señaló que el punto de inicio del Congreso fue la experiencia de Venezuela en cuanto a la actividad agrícola y la producción de alimentos, cuyos elementos se vienen desarrollando de acuerdo a lo dispuesto en la Carta Magna, ajustada tal y como lo hace la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario a los principios éticos fundamentales que han marcado el Derecho Agrario moderno.

            Asimismo, reseñó que el presidente de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios (UMAU), Alfredo Massart, trató el tema de la globalización y los múltiples problemas de la inversión para el desarrollo de la producción agrícola. Destacó que en su intervención, el expositor fue crítico sobre el uso energético de los cultivos destacando la necesidad de que no se descuide el derecho a la producción agrícola y de alimentos.

            La Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño comentó que el secretario general de la UMAU, Enrique Ulate Chacón, hizo un énfasis especial en la constitucionalización de los derechos de solidaridad y la necesidad de una justicia regional para su tutela en el marco de la seguridad agroalimentaria, el problema del cambio climático y la protección del medio ambiente.   

            En cuanto a la ponencia del comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Reino de España, Ignacio Ballarín Iribarren, dijo que se había referido a la importancia del concepto de la Biodiversidad y su relación con la producción de energía, la seguridad alimentaria y la salud. También destacó la intervención del catedrático de la Universidad Nacional de Rosario, Luis Facciano, quien aludió al uso de la tecnología en la agricultura y su influencia en el Derecho Agrario con especial énfasis en la Agrobiotecnología, explicando así que esta técnica ha ampliado el campo de acción del Derecho Agrario.

            Con respecto a la exposición del presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Agrario de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, Roy Ramón Philippon, la Magistrada dijo que su experiencia le ha permitido advertir que la política agraria para el siglo XXI requiere un análisis en el que se propicie que las propiedades en esta materia cumplan su función social, económica, ambiental, sociocultural y tecnológica para que con una explotación sustentable se haga uso eficiente y racional de la tierra, con el objetivo de poder lograr la verdadera soberanía y seguridad alimentaria.

            Por otra parte, la Presidenta del Máximo Juzgado indicó que el representante de la Red Nacional de Abogadas y Abogados Populares (Renap), Eduardo Alexandre Costa Corrêa, compartió la experiencia de Brasil frente a la conformación de latifundios por parte de las clases altas, los cuales impidieron el acceso a la tierra a la población campesina, a los afrodescendientes y a los indígenas hasta la lucha organizada de los pueblos de la tierra que han permitido la obtención de considerables logros y el planteamiento de nuevos desafíos o metas para el futuro.

            Del profesor de la Universidad Central de Venezuela, Miguel Ortega, la Magistrada indicó que su ponencia se centró en el desarrollo de la política agraria de la República Bolivariana de Venezuela, durante los últimos años; el desarrollo agrario sustentable y tecnológico en base a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

            Continuó su recorrido con la intervención de la profesora de Derecho en Legislación Ambiental de la Scuola Sant’Anna e le Università di Pisa, Paola Ercoli Massart, quien expuso el problema actual del mercado globalizado y el llamado bienestar animal. Además, reseñó que éste es un asunto de notoria importancia en Europa en consideración al rol que asume en el ámbito del desarrollo de las prácticas de producción sostenible y al mejoramiento de la seguridad alimentaria y de la calidad de los productos alimenticios.

            Otra de las intervenciones que la Presidenta del TSJ destacó fue la de Miguel Ángel Núñez, coordinador del Instituto Latinoamericano de Agroecología "Paulo Freire". Al respecto, mencionó que el especialista hizo referencia al rol de los movimientos sociales en la reivindicación y reapropiación de los recursos naturales y el proceso productivo.

            Para finalizar, señaló que los jueces agrarios venezolanos hicieron mención a los fallos de la Sala Constitucional en su papel de máximo intérprete de la Constitución; aludieron a la despenalización de los conflictos entre particulares, producto de las actividades agrarias y la necesidad de preservar en todas las etapas del proceso los principios constitucionales. Asimismo, destacó que los jóvenes agraristas sumaron esfuerzo para culminar la actualización del Manual de Derecho Agrario del Dr. Jesús Ramón Acosta.