El Fiscal General de la República, Iván Darío Badell, solicitará formalmente al Congreso Nacional que extienda el período de "vacatio legis" del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) pues considera que aún no existe la infraestructura necesaria para comenzar a aplicar dicho instrumento jurídico el próximo 1 de julio.

Darío Badell hizo el anuncio en la sede de la Corte Suprema de Justicia a donde asistió para entregar el Informe de las actividades desplegadas por el Ministerio Público en 1998. En el acto, celebrado en el salón protocolar del Máximo Tribunal, estuvieron presentes la Magistrado Presidente, Cecilia Sosa Gómez y los doctores Aníbal Rueda y José Erasmo Pérez España, Primer y Segundo Vicepresidente de la Corte, respectivamente. Asimismo, asistieron el resto de los Magistrados que integran la Máxima Instancia judicial del país.

Considera el Fiscal General que se hace necesaria una prórroga porque la infraestructura para llevar adelante el COPP no está terminada en ninguna parte de Venezuela. "Yo estoy haciendo una evaluación más completa de la infraestructura del Poder Judicial en las diversas circunscripciones para dirigirme al Congreso y exponer esta problemática. Actualmente sólo en el Estado Aragua existe la capacidad necesaria para acometer la aplicación del nuevo instrumento jurídico", acotó.

En lo que se refiere al Ministerio Público el doctor Badell González señaló que sólo en Maracaibo y Coro existe la infraestructura que se requiere para asumir la dirección "monopólica" de las investigaciones y control penal de los casos, tal como lo estipula el COPP.

"Ni siquiera en Caracas como en otras entidades del país el Ministerio Público cuenta con las instalaciones idóneas para asumir esa responsabilidad. Los fiscales superiores no tienen oficinas, y si no tienen despachos por supuesto no pueden servir al público y mucho menos contar con los sistemas informáticos tan necesarios en estos tiempos", aseveró.

Badell González explicó a los periodistas que cubren la fuente judicial que todas las oficinas del Ministerio Público estarán a la orden de los parlamentarios que estén interesados en evaluar los problemas de infraestructura que se registran en las diferentes circunscripciones judiciales asimismo dijo que propondrá la aplicación "progresiva" del COPP en aquellas entidades en donde esto sea posible.

"Por ejemplo, si tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público cuentan con las suficientes instalaciones para aplicar el COPP en el Zulia, entonces que entre en vigencia en esa circunscripción judicial el Código y a medida que se vayan resolviendo los problemas de infraestructura y tecnología en otros estados que se vayan sumando a la nueva realidad jurídica", dijo el Fiscal General de la República, Iván Darío Badell González.

Cree el titular del Ministerio Público que esto sería lo más saludable para evitar una "nueva frustración" al pueblo venezolano tan anhelante de una justicia más rápida y eficaz. "Incluso sería positivo la experiencia de un estado en donde entre en vigencia el Código para otras circunscripciones judiciales, ya que se corregirían las fallas que se puedan presentar y solucionarlas de inmediato".

El Fiscal General informó a los Magistrados de la Corte Suprema que durante el año 1998 se recibieron 10.397 audiencias, de las cuales unas 3.632 fueron tramitadas por el Ministerio Público. Asimismo, otras 6.765 fueron orientadas y referidas a otras instituciones. Igualmente precisó que una 565 denuncian fueron recibidas en contra de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. En relación a los casos referidos por el Ministerio Público a otras instituciones: Alcaldías, 64; Cuerpos de Seguridad, 284; Jefaturas Civiles, 1.005; Prefecturas, 344; Ministerios, 364; Organizaciones No Gubernamentales, 100 y Otros, 212.

MINISTERIO PUBLICO ANTE UN RETO HISTORICO

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, destacó por su parte el reto histórico que enfrenta el Ministerio Público frente a la aplicación, en el mes de julio del presente año, del Código Orgánico Procesal Penal.

"Nueva normativa legal, que deja atrás aquel funcionario cuya actividad ha estado circunscrita a exigir el cumplimiento de la ley, y que lo incorpora a formar parte del Poder Judicial al concederle el ejercicio casi exclusivo de la acción penal, como así lo establece el artículo 23 del referido Código", dijo la Magistrado Presidente Sosa Gómez al tiempo que agradecía la presencia del Fiscal General en la sede de la Corte Suprema.

Dijo que el cambio del régimen procesal penal venezolano de inquisitivo a acusatorio, ha colocado al Ministerio Público frente a una extraordinaria responsabilidad "si se quiere histórica" en el país, pues es sin duda, también de extraordinaria relevancia, el esfuerzo que ha debido adelantar esa Institución para ir acoplando su régimen interno, su organización y a sus funcionarios al nuevo sistema que demanda no solamente una nuevas funciones sino, por encima de todo, una nueva filosofía tanto ante el hecho delictivo, ante el imputado, ante el Tribunal y hasta ante la víctima, todos actores del mismo proceso.

Al hacer referencia al planteamiento expresado por el Fiscal General, la Magistrado Presidente, Sosa Gómez, indicó que la Junta Directiva de la Corte, luego de analizar el Informe presentado por el doctor Badell González consideró importante solicitar al Consejo de la Judicatura una información directa sobre la situación actual de los tribunales del país en cuanto a la preparación de la infraestructura necesaria para la aplicación del Código Orgánico Procesal Penal.

La Presidenta de la Corte se refirió igualmente al reto que deben compartir todos los actores del sistema judicial, "pues la buena marcha del nuevo proceso penal venezolano, será en definitiva el comienzo de la mejor administración de justicia en la que todos estamos empeñados y comprometidos", concluyó la Magistrado Sosa Gómez.