La estructura y funcionamiento de la Escuela Judicial o de la Judicatura fue tema de debate y discusión en el seno del Tribunal Supremo de Justicia, con el objeto de ir definiendo la mejor manera de enfrentar el reto de la capacitación y formación del personal que conforman la administración de justicia en el país.

En este sentido, fue invitado el director de la Escuela Judicial de Costa Rica, doctor Alfredo Chirinos, quien explicó los detalles del proyecto de reforma y modernización del poder judicial en su país, con especial énfasis en el papel institucional del organismo que el preside, ya que a su juicio “la Escuela Judicial es trascendental en cualquier reforma judicial que se adelante”.

La conferencia del invitado costarricense se desarrolló en el salón del Tribunal Supremo en pleno, y contó con la asistencia de la Junta Directiva del máximo tribunal, presidida por el magistrado Iván Rincón Urdaneta. Asimismo, se dieron cita la totalidad de los miembros del Supremo Tribunal, quienes junto a los integrantes de la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Poder Judicial, encabezados por Manuel Quijada y René Molina (Inspector General de Tribunales), escucharon la exposición del invitado especial de la Unidad del Proyecto de Modernización del Tribunal Supremo de Justicia, auspiciada por el Banco Mundial.

Alfredo Chirinos dijo que la experiencia de Costa Rica, en el campo de la reforma judicial, es similar a la de Venezuela “pues compartimos en la historia muchos aspectos similares, y creo que parte de los problemas que hemos tenido es precisamente no reconocer que, para una administración de justicia y un más cercano respeto a los derechos de los ciudadanos, se necesita una mayor capacitación de los jueces”.

Considera el director de la Escuela Judicial costarricense – institución con 37 años de experiencia en la materia -, que es muy importante, no sólo para su nación sino también para Venezuela o cualquier país de la región que quiera asumir la reforma judicial con vigor y con evidente posibilidad de éxito, “que se fortalezcan los programas de formación de jueces y que estos sean herramientas de desarrollo institucional; lo que significa que los procesos de formación de los jueces tienen que estar integrados a los procesos de selección y carrera judicial, porque eso le da transparencia y democracia a todo el proceso”.

Recomienda el experto, quitarle la figura “figurativa” que se le endilga a la Escuela de la Judicatura venezolana y convertirla en un actor fundamental de la reforma judicial. “No es casual decir que en casi todos los países de la región, el papel de la Escuela Judicial, es ese: un papel central de la reforma judicial; y la única manera de fortalecer ese proceso y hacer al poder Judicial más consciente de sus necesidades, es precisamente hacer descansar toda la reforma judicial en un proceso de fortalecimiento, mejoramiento de los programas de dicha escuela. Ahora, que esto se haga dentro del sistema judicial o se haga afuera, a través de sistemas de especialización o maestrías es una decisión que cada país toma. Costa Rica ha optado por fortalecer la Escuela Judicial con programas dentro del poder judicial, lo que tiene sus ventajas y desventajas. Pero dentro de todos los sistemas creo que el único mejor es el que cada país escoja dependiendo del tipo de imagen de poder judicial que quiera alcanzar de acuerdo a su propia tradición democrática”.

LISTA DE JURADOS PARA EVALUAR JUECES

EN MANOS DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUNALES

El Inspector General de Tribunales, René Molina, al ser abordado por los periodistas de la fuente judicial, en relación al proceso de depuración del poder judicial que adelanta la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, aseguró que su despacho tiene en la actualidad un total de 80 acusaciones contra jueces y que hasta el momento no se ha planteado un programa de destituciones masivas. “Lo que se está es regularizando la situación en aquellos casos en que ya se produjo la suspensión para que se tramiten los procedimientos”.

René Molina, achacó al proceso electoral que actualmente vive el país, que la segunda fase del proceso de depuración del poder judicial pasara desapercibida. “Esa segunda fase, es la evaluación y concurso, que ahora si va a fondo, dentro del sistema judicial. Eso significa, que ya está en marcha – y una parte de mi presencia en el Tribunal Supremo tiene que ver con ello -, pues vengo a recoger la lista final de jurados (de 130 fueron seleccionados 100 aproximadamente) para ver si esta semana se publica, se convoca a nuevos jurados e instauramos ya el proceso de evaluación del poder judicial y de concursos inmediatamente. Por lo que se pone fin al nombramiento a dedo de jueces y de jueces que no reúnen las condiciones o credenciales suficientes para tan altos cargos. Esta semana comienza el proceso de evaluación y concurso de los jueces, de eso tengan plena seguridad”.

LA PELEA ELECTORAL HA DERIVADO EN FALTA DE RESPETO

La presencia del presidente de la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Poder Judicial, Manuel Quijada, fue aprovechada por los reporteros para consultarlo sobre el sonado caso de la editorial Micabú, luego de la decisión de la Fiscalía General de la República. En este sentido, fue enfático al señalar que él no tiene nada que ver con eso “ya lo he explicado en varias oportunidades”.

Indicó que pronto publicara un artículo de opinión en el que señala que muchas de las acusaciones que se le han imputado a él la formularon personas a las cuáles consideraba amigos. “El ambiente electoral se producen turbulencias psíquicas en las cuales se pierde hasta la lealtad. Quien diga que yo voy a intervenir en las decisiones judiciales que están en el tapete, en cualquier tribunal, no me conocen bien. Eso es infamante. Bueno, en esta campaña electoral se ha perdido el respeto, la compostura, esa es mi visión particular”.

Por otra parte, hizo referencia a la investigaciones que adelanta la Comisión que él preside así como una representación de PDVSA – la estatal petrolera -, en el estado Anzoátegui, donde al parecer hubo un gasto “no muy claro” por parte del extinto Consejo de la Judicatura de los recursos que aportaron, tanto el Banco Mundial como el gobierno nacional, en la modernización de la administración de justicia en dicha entidad. “Hasta ahora, se ha detectado una mala distribución de recursos, que fueron destinados no a la construcción de infraestructura o equipamiento de tribunales, sino a la burocracia. Pero, pensamos que puede haber otro uso indebido. Eso lo haré conocer cuando me entreguen el informe de las comisiones.