martes, 04 de julio de 2000
Alejandro Terán considera que el Fiscal General ha sido negligente
SOLICITAN AL TRIBUNAL SUPREMO DESIGNACION DE FISCAL ESPECIAL QUE INVESTIGUE ACTUACION DE JAVIER ELECHIGUERRA

El abogado Alejandro Terán, en su carácter de presidente de la asociación civil Abogados Litigantes del Venezuela, acudió a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que la máxima instancia judicial del país proceda a designar un fiscal ad hoc que se encargue de investigar al titular del Ministerio Público, Javier Elechiguerra, por la supuesta comisión de delitos previstos en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público y Código Penal.

Alejandro Terán, explicó a los periodistas que, de conformidad a los artículos 115 y 116 del Código Orgánico Procesal Penal, la asociación civil antes citada, se atribuye la condición de víctima – agraviado en representación de los intereses colectivos y difusos, también consagrados en el preámbulo y exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que de conformidad a ello solicitan al TSJ que establezca “si existen suficientes méritos para el enjuiciamiento del ciudadano Fiscal General de la República”.

Al ser consultado por los periodistas sobre si éste tipo de acción se desprende por algún interés “electoral” el abogado manifestó que solo actúan ante la evidente celeridad que demostró el fiscal general para conocer y decidir el caso Luis Miquilena “en detrimento de otros de gran importancia para el país, tales como el caso Cavendes; la acusación contra el ex gobernador del Zulia Francisco Arias Cárdenas hecha por el ex diputado Rodrigo Cabezas; el caso Carlos Andrés Pérez y Cecilia Matos; el caso Jaime Lusinchi y Blanca Ibañez; violación de derechos Humanos en el estado Vargas, entre otros; cuyos estados de procesos hasta la fecha el país desconoce, y por eso exigimos saber si el ciudadano Fiscal como representante del Estado ha ejercido las acciones civiles, a que haya lugar producto de la responsabilidades penales establecidas o si por el contrario el futuro de dichos juicios pasaron al olvido del representante del Ministerio Público”.

Infiere el abogado Alejandro Terán que la “actuación del Fiscal General de la República ha sido negligente y poco eficaz como su cargo lo obliga en los distintos procesos de transición tal y como lo establece el artículo 507 del Código Orgánico Procesal Penal antes descrito no accionando en los casos que por naturaleza propia le corresponde y utiliza la funciones de Fiscal con fines distintos a la naturaleza del cargo que ocupa”.

Por otra parte, el accionante señaló que dentro de las atribuciones que las leyes otorgan al Fiscal General están no sólo velar por los derechos procesales sino impulsar objetivamente los mismos y prever que no se cometa ningún delito contra la nación. “Es decir que la conducta omisiva constituye en su caso delito en perjuicio de las víctimas antes señaladas”, acotó.

Fecha de Publicación:
  04/07/2000

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