Detalle de Nota de Prensa

La Dirección Ejecutiva de la Magistratura construirá, en una primera etapa, 17 Ciudades Judiciales Regionales y 110 Ciudades Judiciales Municipales, anunció en Barquisimeto el magistrado Luis Velázquez Alvaray durante el acto de instalación del Primer Encuentro por la Consolidación de un Nuevo Estado de Derecho y de Justicia Social en el Marco de la Alternativa Bolivariana para la América (ALBA).

El Director Ejecutivo de la Magistratura habló sobre las acciones que el Tribunal Supremo de Justicia acomete desde su nueva conformación, a principios de este año, para cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del TSJ sobre la Reestructuración del Poder Judicial, en su ponencia titulada la Ciudad Judicial: una propuesta para la integración del Sistema de Justicia Venezolano.

"Las Ciudades Judiciales serán el bastión del Estado Social de Derecho y Justicia en Venezuela porque muestran el interés del Estado venezolano con la legalidad, la legitimidad y la dignidad", dijo ante una audiencia de más de 300 personas. Se calcula que se invertirán 20 millardos para cada regional y 2 millardos para cada municipal.

Destacó Velázquez Alvaray que en siete meses de trabajo se ha logrado 15% de cambios en la esfera del Poder Judicial, lo que puede parecer "poco, pero ha sido de verdad una batalla, una guerra titánica, porque son demasiados los intereses que existen en cada estado. Los grandes bufetes y los grupos oligárquicos, juegan a su antojo con el Poder Judicial".

Aseguró que tal situación "va a llegar a su fin, porque nosotros dejaremos la vida acá, pero la transformación del Poder Judicial va" y señaló que los anteriores intentos de reforma fracasaron por no tener una visión integral del problema.

El juez: centro del proyecto

Los planes del Tribunal Supremo de Justicia tienen como centro al Juez, tanto en el fortalecimiento de su formación continua, como en el mejoramiento de su ambiente de trabajo. Asimismo, prevé el establecimiento de un sistema de evaluación continua, para garantizar un servicio de justicia eficiente.

Mencionó los esfuerzos realizados por la Escuela Nacional de la Magistratura enfocados en la titularidad de los jueces y explicó que las Ciudades Judiciales buscan responder a todas las necesidades de los jueces para un mejor desempeño de su labor y lograr de manera efectiva el acceso a la justicia de los ciudadanos.

El proyecto de las Ciudades Judiciales presentado por la DEM, fue aprobado por la Sala Plena del TSJ, e incluido en el Plan de Reforma Estructural y Modernización de la Justicia (PREMIUS) presentado por el presidente del TSJ, magistrado Dr. Omar Mora Díaz.

Las Ciudades Judiciales Regionales son modelos arquitectónicos que concentrarán en una misma sede los tribunales y los servicios judiciales de cada Estado. El proyecto prevé, inicialmente, la edificación, en una misma locación, de dos grandes módulos: uno destinado a la jurisdicción civil y el otro a la jurisdicción penal. Cada uno de ellos diseñado bajo el modelo organizacional y de gestión Juris 2000, el cual automatiza los trámites, optimiza el servicio y exime al juez de realizar labores distintas a las impuestas por su investidura.

Por su parte, las ciudades municipales persiguen que los ciudadanos puedan resolver sus conflictos en sus mismas localidades. Cada ciudad municipal, ubicada sobre una extensión de al menos 2 hectáreas, agrupará a los juzgados de su municipio y ofrecerá los espacios necesarios para brindarle a la comunidad orientación jurídica, atención médico odontológica y áreas recreativas, deportivas, educativas y culturales, entre otros. Además, quiere lograr que los tribunales sean vistos por los ciudadanos como un servicio.

No aceptamos presiones

Por último, Velázquez Alvaray señaló que hay algunos sectores políticos que "quieren sabotear nuestra actividad con algunos sindicalistas que han comenzado a decir mentiras por los medios, que tienen claramente objetivos politiqueros y que nosotros no vamos a permitir de ninguna manera. No permitiremos ningún tipo de huelga ni de paro porque eso no está justificado, nosotros tenemos todo el dinero para cancelar las obligaciones a las cuales está comprometido el Poder Judicial con la firma del contrato colectivo".

Agregó que se cumplirá con los compromisos adquiridos, pero subrayó que ni él como Director Ejecutivo de la Magistratura ni el resto de los miembros de la Sala Plena "aceptamos presiones de ninguna naturaleza y mucho menos de sectores que quieren boicotear el trabajo que estamos realizando. Sectores politiqueros, sindicaleros de siempre, que no toleraremos en el Poder Judicial".