Detalle de Nota de Prensa

Continuando con los planes de reforma estructural y de modernización del Poder Judicial, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura trabaja en la construcción de las Ciudades Judiciales Regionales y Municipales, que concentrarán los servicios de justicia en una misma sede y ampliarán el espectro de atención hacia todos los sectores de la sociedad

Para nadie es un secreto que la mayoría de las edificaciones que albergan a los tribunales del país se han quedado pequeñas y se han hecho inadecuadas para atender las actuales demandas de los venezolanos y para brindar el servicio de justicia que ordena la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Además, el Poder Judicial arrastra el problema de los gastos por arrendamiento y acondicionamiento de locales destinados a la función judicial, al menos el 80% de los tribunales funcionan en sedes alquiladas. En la actualidad la DEM mensualmente cancela más de 800 millones de bolívares en alquiler; monto que, para enero de 2006, se estima ascenderá a 1 millardo de bolívares

Con la finalidad de dar respuesta a esta problemática, dentro del Plan de Reforma Estructural de Modernización de la Justicia (PREM-ius), se incluyó el proyecto de las Ciudades Judiciales presentado por la DEM, el cual fue aprobado, en el mes de julio de 2005, por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. La propuesta incluye la construcción de estas sedes en las capitales de los estados (Regionales) y en los municipios (Municipales).

Ciudades Judiciales Regionales

Las Ciudades Judiciales Regionales tienen como objetivo la concentración de todos los servicios de justicia en una misma sede, diseñada para responder a los requerimientos de cada una de las jurisdicciones, a los fines de mejorar las condiciones de los juzgados, reorganizar el mapa tribunalicio y solventar el problema que representa para el Poder Judicial la inversión en la adecuación y mantenimiento de sedes arrendadas.

El proyecto prevé la edificación, en una misma locación, de tres grandes módulos: civil, penal y protección del niño y del adolescente. Cada uno de ellos diseñado bajo el modelo organizacional y de gestión Juris 2000, el cual automatiza los trámites, optimiza el servicio y exime al juez de realizar labores distintas a las impuestas por su investidura. Inicialmente se construirá el módulo civil.

Estas novedosas sedes tribunalicias, edificadas sobre un terreno de al menos 5 hectáreas, también contarán con amplios estacionamientos y diversas áreas comerciales y de servicios, reunidas en una zona rental, que generará ingresos para el mantenimiento de sus estructuras. Además se proyecta la construcción de edificios de habitaciones para los jueces y de otras dependencias de servicios para los funcionarios judiciales, tales como guarderías, jardines de infancia, comedor, biblioteca, entre otros.

A diferencia de los Palacios de Justicia, las ciudades judiciales serán construidas según un modelo estándar, diseñado con materiales modernos, de fácil instalación y adaptado a los requerimientos topográficos y jurisdiccionales de cada región. Esto permitirá reducir los costos de construcción y acelerar los tiempos de ejecución, porque no es lo mismo desarrollar un proyecto para cada estado que replicar una estructura previamente conceptualizada.

Se buscan estructuras sencillas, horizontales y funcionales, en donde cada módulo esté compuesto por cinco plantas: las tres primeras destinadas a las oficinas de atención al público y las dos superiores al despacho judicial, de manera que el mayor flujo de usuarios se mueva y resuelva la mayoría de sus problemas en los niveles inferiores. Así mismo, el diseño modular permitirá desarrollos complementarios que den respuesta a una futura expansión judicial.

Ciudades Judiciales Municipales

Simultáneo al desarrollo de 15 Ciudades Judiciales Regionales, este año la DEM también inició los trabajos en 110 Ciudades Judiciales Municipales, sedes a mediana escala que ofrecerán los servicios judiciales y extrajudiciales que la comunidad requiera.

Este proyecto tiene como propósito ampliar el espectro de atención judicial hacia todos los sectores del país, facilitando así el acceso a la justicia de una gran mayoría de venezolanos, que actualmente se encuentran marginados del sistema judicial, bien sea por razones económicas o geográficas. Además, busca conjugar la justicia legal con lo que debe ser la justicia social, para de esta manera adaptar el Poder Judicial a los preceptos constitucionales y así rescatar la credibilidad y la autonomía del mismo.

Cada una de ellas, ubicada sobre una extensión de al menos 2 hectáreas, agrupará a los juzgados de municipio y a los tribunales ejecutores de medidas de dos o tres municipios aledaños, lo cual les facilitará a los usuarios la introducción y resolución de la mayoría de sus causas legales, cuyo monto demandado no supere los 5 millones de bolívares, en una sede cercana a su residencia, evitando así los innumerables y complicados traslados hacia los juzgados principales, ubicados generalmente en la capital de sus estados.

Además, dentro de estos centros de justicia legal y social se habilitarán módulos para ofrecerle a la comunidad orientación jurídica, atención médico odontológica, áreas recreativas, deportivas y educativas culturales; incluso se tiene previsto instalar una sede de Mercal, módulos de barrio adentro u otras misiones del Estado. Esta organización interna dependerá de los requerimientos de cada alcaldía.