Detalle de Nota de Prensa

Con motivo del inicio de las actividades judiciales del año 2009, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales Lamuño, fundamentó su discurso en el informe anual de actividades del año 2008, considerándolo "pleno de cifras positivas y reflejo del esfuerzo de los magistrados y magistradas", a quienes agradeció su trabajo y empeño en avanzar hacia un cambio positivo en el Poder Judicial.

En tal sentido, afirmó que basta con examinar la gestión jurisdiccional del TSJ para observar el incremento de 55,56% en las decisiones publicadas. Agregó que el propósito es garantizar la justicia oportuna a través de la eficacia jurisdiccional.

Al detallar la cifra de casos sentenciados por sala en 2008, dijo que se alcanzó la cifra de 7.946 sentencias: "Con la resaltante cifra de 2.180 decisiones de la Sala de Casación Social, seguida por 1.939 sentencias de la Sala Constitucional, podemos decir que todas las salas incrementaron su eficacia en el 2008, pero es notorio que la Sala Plena sentenció 68,13% de los casos ingresados, restando solo 31% de causas en curso".

Entre otras decisiones importantes de la Sala Plena, mencionó la creación de los nuevos tribunales de Violencia contra la Mujer; Agrarios; Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Contencioso Administrativo. Al respecto dijo que la eficacia de esas resoluciones no se mide en abstracto sino de forma integral, atendiendo a tres elementos: la dotación física, la capacitación de jueces especializados y el impacto que produce en la comunidad para la cual se crean y ponen en funcionamiento.

Al proseguir afirmó que con la justicia de género Venezuela se coloca nuevamente a la vanguardia de América Latina al ser pionera en la implementación de tribunales en esa materia. Asimismo, en cuanto a la competencia agraria informó que "con el firme propósito de seguir fortaleciendo la soberanía del pueblo y garantizar a las futuras generaciones su derecho a la seguridad agroalimentaria, fue modificada la estructura de siete tribunales con competencia en la materia".

En relación con la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes, según la magistrada, Venezuela se coloca otra vez a la cabeza de Latinoamérica. En cuanto a la organización de los tribunales Contencioso Administrativo informó que fueron creados cinco tribunales para esa jurisdicción.

Un balance sala por sala

Al referirse al trabajo de la Sala Constitucional, señaló que durante el 2008 esta alcanzó un índice de productividad de 119%, ya que el número de expedientes decididos superó al número causas ingresadas. "Lo que demuestra la prontitud y continuidad del trabajo desplegado por sus magistrados y demás funcionarios. Resalta del total de decisiones que 64,30% de las mismas corresponden a acciones de amparo constitucional, observándose un significativo incremento en el ingreso de causas relativas a demandas por intereses difusos y colectivos como auténtico mecanismo de protección judicial ante reclamaciones de contenido social y de interés popular", agregó.

Destacó la sentencia 889 de esa sala que sistematizó el deber de los jueces de no efectuar reposiciones inútiles en detrimento de los derechos procesales de los justiciables y en contradicción con el principio de una justicia expedita y sin dilaciones indebidas.

Asimismo, resaltó la labor de la Sala Político Administrativa, cuyo número de fallos (1.593) fue mayor al de causas ingresadas (1.023), lo que se traduce en un alto índice de eficiencia, expresado en 60,02% de causas decididas. Por su parte, la Sala Electoral recibió 117 causas y dictó 230 sentencias que representan 98,29%; y en la Sala Civil ingresaron 715 causas, en las que resaltan los recursos de casación, con 919 sentencias, para un 57,20%. En la Sala Social se sentenciaron 2.180 causas, la mayoría (497) referidas a la interposición del recurso de control de la legalidad de aquellas sentencias que no tienen casación. Finalmente se refirió a la Sala Penal, que dictó 734 fallos de un total de 523 causas ingresadas, para 72,47% de causas sentenciadas.

Al agradecer al personal del TSJ por su apoyo, les manifestó que pueden estar orgullosos de haber cumplido las metas fijadas. "No obstante, en este nuevo año, no podemos detenernos en tales avances, sino que por el contrario debemos profundizar, mejorar e implementar con mayor énfasis la experiencia adquirida y afirmar la inclusión de una tercera columna como es la continuidad y mejoramiento de las metas y el buen gobierno, que es un valor moderno no ajeno a la justicia y que inspira la sociedad actual".

Insistió en que gracias al apoyo de los trabajadores, en especial del área tecnológica, el Poder Judicial venezolano es uno de los más modernos y técnicamente avanzados de América Latina; solo comparable con Brasil. "Atrás quedó el tiempo en que el Poder Judicial necesitó del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para modernizar su estructura. Hoy caminamos con libertad y firmeza, pero sobre todo con gran esperanza porque no solo tenemos fisionomía propia en nuestra plataforma tecnológica, sino que por añadidura Venezuela tiene un satélite que nos permitirá proyectarnos aún más alto".

En su discurso hizo hincapié en la necesidad de mantener la ética y los principios, y agregó que los cimientos del Poder Judicial son la eficacia y la transparencia, dos columnas capaces de transformarlo profundamente.

Labor administrativa

Durante su intervención también alabó el trabajo realizado por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, sobre todo respecto al recurso humano, "pilar fundamental para la labor del servicio público de administrar justicia". En tal sentido mencionó el diseño y aplicación del instrumento de evaluación de desempeño y eficiencia a más de 11 mil funcionarios y 809 obreros de la DEM y del Poder Judicial; el proyecto de normalización laboral en el ámbito nacional; y el incremento de la atención médico asistencial en 30% en todo el país, que beneficia a más de tres mil funcionarios. Recordó además las adecuaciones y construcciones de sedes y reconoció como una de las metas más significativas la renovación de los espacios de la Torre Norte del Centro Simón Bolívar con el objetivo de concretar la mudanza de los tribunales civiles del Área Metropolitana de Caracas del edificio José María Vargas (esquina de Pajaritos).

Sobre esta obra hizo una mención especial. Afirmó que fueron innumerables los esfuerzos tendientes a enfrentar el congestionamiento, hacinamiento y precarias condiciones de esa sede judicial. En tal sentido estimó que con la mudanza se cumple un compromiso con la población del Área Metropolitana, de garantizarle un verdadero acceso a la justicia.

De igual manera se refirió a las metas cumplidas por la Inspectoría General de Tribunales, la Defensa Pública, la Escuela Nacional de la Magistratura y la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.

Igualdad, solidaridad y bien común

Por su parte, la Magistrada Yris Peña, designada como oradora de orden, se refirió al rol que deben cumplir las instituciones, entre ellas el Tribunal Supremo de Justicia, en la construcción de una sociedad más justa donde se reúnan los principios de igualdad, solidaridad y bien común; no sin antes hacer una recapitulación sobre algunos aspectos que a su juicio marcaron la pauta de la nueva historia del país, actualmente "enrumbada en el camino de la consagración de los excelsos ideales del Libertador Simón Bolívar en lo relativo a la igualdad, a la libertad y a la justicia", según afirmó.

En tal sentido dijo que el Poder Judicial venezolano no escapa a esa transformación positiva, y que por el contrario forma parte importante de ella, "ya que en él se soporta el compromiso de preservar los postulados constitucionales. Debe nuestro Sistema Judicial marchar cuando menos a la par si no a la vanguardia del resto de las instituciones que lo conforman".

Agregó que para lograr una sociedad más justa y alcanzar la construcción de ese Estado de Derecho y de Justicia "es necesario materializar una verdadera revolución de los órganos que la integran, comenzando por un sistema ideológico en el que se tome conciencia para satisfacer, preponderantemente, los intereses colectivos sobre los individuales".

Disertó igualmente sobre la labor del juez y al respecto dijo que estos deben imprimir racionalidad a cada uno de sus pronunciamientos: "La labor cotidiana del juez consiste en valorar las opciones que permanentemente le van moldeando el asunto examinado para ir seleccionando cuál de ellas es la más adecuada y correcta. Se trata de decisiones en algunos casos sencillas y en otras más complejas... En ese proceso constante de toma de decisiones, donde se pone a prueba el sentido común, la capacidad de raciocinio, la inteligencia y la sensibilidad del juzgador, se debe permanecer alerta a los peligros y amenazas que acechan la capacidad de rechazo necesario de quienes impartimos justicia. La rutina, la superficialidad, la desmotivación y la subvaloración tienden emboscadas al buen desempeño de la función judicial y desafortunadamente en ocasiones laceran o matan el resultado de nuestra labor".

Para la magistrada, "cada decisión judicial debe caracterizarse por su sustento legal, por su transparencia, por su nivel de ponderación, por su sensatez y debe conjugar con la mayor imparcialidad y altura posible los intereses particulares con los sociales. El recto sentido de nuestras leyes y demás imposiciones jurídicas en su correcta interpretación y aplicación no deben ni pueden conducirlos jamás a tomar decisiones absurdas, irracionales o que lesionen intereses colectivos de la población. Cuando se toma una decisión así no se hace por insuficiencia o ambigüedad de la ley sino por insuficiencia de la incapacidad de los jueces".

Durante su discurso también reafirmó su compromiso de continuar impulsando el Proyecto de Código Procesal Civil que presenta, entre otras bondades, lapsos más cortos y medios alternativos de resolución de conflictos. De este proyecto dijo que representa un importante cambio en el ámbito civil, que colocará al Derecho Procesal venezolano a la par de países como Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina y Perú.

Finalizó su intervención haciendo un llamado a seguir impulsando el Poder Judicial, "consolidando la rehabilitación y construcción de nuevas sedes judiciales, incluyendo el diseño y la puesta en marcha de un sistema de información que permita disponer de indicadores de desempeño en forma automática".

Al acto, donde se declaró formalmente el inicio de las actividades judiciales, asistieron Ramón Carrizales Rengifo, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela; Gabriela Ramírez, presidenta del Consejo Moral Republicano y Defensora del Pueblo; Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral; José Albornoz, segundo vicepresidente de la AN; Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República; Clodosbaldo Russián, Contralor General de la República; Francisco Ramos, Director Ejecutivo de la Magistratura; representantes de las misiones diplomáticas acreditadas ante el gobierno nacional; el Ministro de la Defensa, Gustavo Rangel Briceño; magistrados del TSJ; Oswaldo Hevia, director adjunto de la Escuela Nacional de la Magistratura; Daniel Ramírez, coordinador del Sistema Autónomo de la Defensa Pública; Alicia García de Nicholls, presidenta de la Comisión para el Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial; jueces rectores, coordinadores judiciales, magistrados de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Militar; entre otras personalidades.