El Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Bolivia, Dr. Julio Ortiz Linares, quien participa en la V Cumbre de Poderes Judiciales de la Unión de Naciones de Suramérica (Unasur), que se desarrolla en Cuenca, Ecuador, manifestó que en su país se vive una transición para que la que la justicia ordinaria reconozca las normas comunitarias, indígenas y campesinas.
Explicó que la justicia indígena se trata de un código de justicia que, siendo milenario, ha sido ignorado durante 183 años, pero que ahora, gracias a una iniciativa que emerge de la nueva política del Estado, será incorporada a la normativa jurídica normal.
“Se pretende poner en vigencia una Ley denominada de `deslinde´ que ha de limitar los alcances de la justicia ordinaria y los alcances de la justicia comunitaria o indígena y campesina”, explicó el magistrado Ortiz.
Sin embargo, no se trata de una tarea fácil ya que Bolivia es un país plurinacional y multiétnico, que cuenta con 36 justicias, “por lo tanto, la justicia del Oriente no es la misma que la del Occidente por características disímiles entre los grupos de ambos sectores”, explicó el Dr. Julio Ortiz Linares.
También precisó que en ninguna de las formas existente de justicia indígena se denomina delito, sino sanciones, pero igual difieren las 36 justicias. En este sentido, explico que “el chicotazo" es un castigo cruel para quien haya transgredido la norma o las costumbres por las que se rigen los pueblos del Occidente de Bolivia”, mientras que en el Oriente boliviano, el transgresor es amarrado al palosanto, árbol en cuyo tronco anidan hormigas que producen un dolor intenso con su picadura.
Señaló el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia que existe un eje que atraviesa a todas esas justicias: eliminar el hecho ilícito (el robo, el adulterio, la mentira, la ociosidad, etc.). Y en base a ese eje es que hay que trabajar para delimitar las jurisdicciones de la justicia indígena, indicó el Dr. Ortiz.
