En
Cumbre de Poderes Judiciales de la Unasur
Presidenta
del Tribunal Supremo de Justicia propuso crear Tribunal Regional de Derechos
Humanos
Crear
un Tribunal en materia de promoción, protección y vigencia de los derechos
humanos en la Región, propuso la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia,
Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, en la IV Cumbre de Presidentes de
Poderes Judiciales de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), realizada en
Cartagena de Indias, Colombia, del 26 al 29 de agosto de 2009.
La
Magistrada, cuyo planteamiento fue bien recibido por el resto de los altos
representantes de los Poderes Judiciales de Unasur, explicó que la propuesta
venezolana obedece a “la revisión de los instrumentos y de los órganos
operativos de los derechos humanos a nivel mundial”.
“Venezuela
viene planteando, incluso en las decisiones de la Sala Constitucional, la falta
de vigencia y sobre todo de legitimidad de instituciones como la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que no ha sido para nuestro país un garante
de la autonomía de nuestros poderes judiciales”, destacó la Magistrada.
La
Titular del Máximo Tribunal, quien disertó en la IV Cumbre acerca de “Justicia,
Derechos Humanos e Integración Regional”, indicó que en nuestro país, con
la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela de 1999, se asumió una posición integracionista fundamentada en el
reconocimiento y garantía de los derechos humanos fundamentales.
Al
respecto, señaló que Venezuela se caracteriza por ser un Estado Democrático y
Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valor superior en su
ordenamiento jurídico y actuación, la preeminencia de los derechos humanos y la
integración latinoamericana y caribeña, “en aras de avanzar hacia la creación
de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales,
culturales, políticos y ambientales de la Región, con el fin último de promover
y garantizar el desarrollo común, bienestar y seguridad de sus habitantes.”
Otros
de los temas abordados por la Magistrada, que también despertaron gran interés
en la audiencia y serán tratados en próximos encuentros de Poderes Judiciales
de la Unasur, son protección de niñas, niños y
adolescentes, y justicia de género.
La
IV Cumbre de Poderes Judiciales de la Unasur ratificó la necesidad de crear una
instancia arbitral entre sus países miembros, luego que el Poder Judicial
venezolano así lo propusiera en la III edición de la Cumbre, efectuada en la
Isla de Margarita, Nueva Esparta en 2008.
Los
altos representantes de los Poderes Judiciales ratificaron además que la
“extradición” en la Región es un importante mecanismo de cooperación internacional
en el ámbito penal, con carácter jurídico o político-jurídico, no acogiéndose
la Entrega-Procesos Transicionales, ya que esta figura no está prevista en
todos los ordenamientos jurídicos y legales de los países miembros de la
Unasur.
Otro
punto que no estaba en agenda y fue acordado en último momento, de manera
extraordinaria por la Cumbre de Presidentes de Poderes Judiciales de Unasur,
fue el mantenimiento de la independencia y autonomía del Poder Judicial en cada
uno de los países suramericanos, como garantía para el desarrollo pleno de la
institucionalidad democrática en la región. Esto debido a que la realización
de la cumbre coincidió con una decisión judicial en el sonado caso de la
parapolítica en Colombia. El Consejo Superior de la Judicatura anuló una
condena de la Corte Suprema de Justicia contra el ex congresista Iván Díaz
Mateus, quien era titular de la curul que ocupó Yidis Medina cuando ésta emitió
su voto a favor de la reelección del presidente Uribe en 2004.
La
Corte condenó a ocho años de prisión al ex congresista Díaz Mateus por el
delito de concusión, por haber ejercido influencia sobre Medina para que diera
su voto afirmativo al proyecto de reelección, y la Judicatura, a través de un
fallo de tutela, lo dejó en libertad.
“La
Sala Penal condenó y sorpresivamente el Consejo de la Judicatura, -un órgano
administrativo-, anuló la sentencia e inició un procedimiento disciplinario en
contra de los magistrados de la Sala Penal, lo que crea una situación de
absoluta vulnerabilidad para el poder judicial colombiano, y por ello la Cumbre
de Presidentes de Poderes Judiciales de Unasur decidió que se incluiría en el
acuerdo final una observación, según la cual las decisiones de los poderes
judiciales, de los jueces, solamente pueden ser revocadas por las instancias de
los jueces mismos, dentro de un poder judicial, porque otra cosa sería
realmente una violación absoluta y la inexistencia de la autonomía del poder
judicial”, añadió la Magistrada.
En
el marco de este tema, es preciso referir que la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en su artículo 254, establece que “el Poder Judicial
es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía
funcional, financiera y administrativa”.