SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA
El 12 de mayo de
2000 fue recibido en esta Sala Constitucional, proveniente de la Sala Plena de
este Tribunal Supremo de Justicia, el oficio distinguido con las letras y
números TPI-00-042 del 10 de abril de 2000, por el cual se remitió el
expediente Nº 0712 (de la nomenclatura de esa Sala), contentivo del recurso de
nulidad interpuesto por razones de inconstitucionalidad por los abogados JOSÉ GABRIEL SARMIENTO NÚÑEZ, VINCENCIO BAEZ FINOL y PEDRO A. SARMIENTO SOSA, actuando en su
propio nombre, contra el APARTE CUARTO
DEL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.
En esa misma
oportunidad se dio cuenta en Sala, se designó ponente al Magistrado Héctor Peña
Torrelles, y se dictó auto para mejor proveer a fin de notificar a los
interesados en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el
artículo 99 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
Posteriormente,
dada la nueva conformación de la Sala Constitucional, la cual quedó integrada
por los Magistrados Iván Rincón Urdaneta, Jesús Eduardo Cabrera Romero, José M.
Delgado Ocando, Antonio J. García García y Pedro Rafael Rondón Haaz, se
reasignó la ponencia al Magistrado Antonio J. García García, quien, con tal
carácter, suscribe el presente fallo.
I
ANTECEDENTES
El 29
de junio de 1994, los abogados José Gabriel Sarmiento Núñez, Vincencio Baez
Finol y Pedro A. Sarmiento Sosa, presentaron ante la entonces Corte Suprema de
Justicia en Pleno el recurso de nulidad antes descrito.
El 26 de julio
de 1994 se dio cuenta del recurso y sus anexos y se acordó pasarlos al Juzgado
de Sustanciación.
El 3 de agosto
de 1994, el Juzgado de Sustanciación admitió, cuanto ha lugar en derecho, el
recurso de nulidad, y de conformidad con el artículo 116 de la Ley Orgánica de
la Corte Suprema de Justicia, ordenó la notificación del Presidente del
entonces Congreso de la República y del Fiscal General de la República, así
como la expedición de un cartel emplazando a los interesados en este proceso.
El 20 de octubre
de 1994, luego de realizadas las notificaciones y consignado el cartel,
compareció ante el Juzgado de Sustanciación el abogado Arístides Rengel
Romberg, para hacerse parte en el presente recurso.
El 26 de enero
de 1995, se remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia en Pleno para
la designación de Ponente.
El 9 de febrero
de 1995, se dejó constancia en la Corte en Pleno del recibo de las actuaciones
remitidas por el Juzgado de Sustanciación; se designó ponente a la Magistrada
Hildegard Rondón de Sansó y se fijó para el quinto día de despacho siguiente el
comienzo de la relación.
El 22 de febrero
de 1995, comenzó la relación de la causa y se fijó el acto de informes para el
primer día hábil siguiente al lapso de quince días continuos que refiere el
artículo 94 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
El 9 de marzo de
1995, siendo la oportunidad fijada por la Corte en Pleno para que tuviera lugar
el acto de informes, se celebró el mismo dejándose constancia de la
comparecencia del apoderado judicial del órgano legislativo nacional.
El 10 de mayo de
1995, terminó la relación de la causa y se dijo “Vistos”.
I
FUNDAMENTO DE LA DEMANDA
Afirmaron los
recurrentes, para justificar su recurso, que luego de analizar “detenida y objetivamente” la disposición
impugnada, constataron que “en general,
cuando es casada oficiosamente una sentencia con base en motivos que las partes
no alegaron cuando formalizaron el recurso, a ellas no se les hace previamente
ninguna notificación, incumpliéndose así, en nuestro criterio, no solamente el
principio dispositivo que de manera general rige en el ámbito del derecho
procesal civil, sino que impide, además, que las partes tengan la oportunidad
para ejercer, en ese caso, el sagrado derecho de defensa que la Constitución
consagra como derecho inviolable en todo estado y grado del proceso”.
Alegaron que, la
norma impugnada colide con las disposiciones que prevén, en nuestro
ordenamiento jurídico, el principio dispositivo. Destacaron, para demostrar la
relevancia de dicho principio, las normas que en Venezuela lo consagran, dada
la necesidad de que exista instancia de parte y el deber de decidir según lo
alegado y probado en autos por las partes.
Sostuvieron
los recurrentes que “en el principio
dispositivo o de petición de parte están comprendidos, no solamente la fase de
nacimiento de la relación procesal, sino también su tramitación a través de
todos los demás actos que configuran el proceso hasta su definitiva conclusión,
incluyendo los actos de procedimiento correspondientes a las apelaciones o
recursos que procedan en cualquier estado y grado de la causa”.
Que,
según el artículo 297 del Código de Procedimiento Civil, sólo puede apelar la
parte a la que no se le hubiera concedido todo cuanto ha pedido y, de no
hacerlo, “el fallo quedará firme, habrá
cosa juzgada, y el proceso pasará a la fase de ejecución, sin que ningún órgano
jurisdiccional superior tenga potestad para asumir de oficio el conocimiento y
la decisión de un proceso que las partes optaron por no elevar ante el órgano
superior competente”, y que lo mismo sucede en el recurso de casación, el
cual sólo está abierto para quien “no
obtuvo una decisión favorable, y posea, además, interés real en que se anule la
sentencia impugnada, porque le ocasione, o una condena, o un demérito en su
situación de derecho preexistente, o un estado de incertidumbre jurídica”.
Agregaron los
recurrentes que, además de que el juez está imposibilitado de conocer recursos
que no sean planteados por los que estén legitimados para interponerlos,
también está obligado a regirse, sea en apelación o en casación, por el
principio de la reformatio in peius,
según el cual, se le impide al juzgador “salirse
de los estrictos límites que el recurrente impuso al respectivo recurso” y,
por tanto, “modificar de oficio, en
perjuicio de las partes, el fallo del juez que dictó la decisión recurrida, de
modo que perjudique o desmejore el resultado parcial que a su favor ya había
obtenido la parte recurrente con la sentencia impugnada”. Señalaron que
esta limitación existe porque “en
definitiva, el que ataca una decisión jurisdiccional sólo aspira a mejorar,
pero nunca a desmejorar, su situación en el juicio”, no siendo “justo que el órgano judicial ad quem,
valiéndose de la impugnación del propio recurrente y con ocasión de ella,
alterase, en perjuicio del recurrente, las partes de la sentencia que él no
impugnó”. Hacerlo así implicaría, en su criterio, que el juez “motu propio, alegara excepciones o defensas
que jamás fueron esgrimidas por los litigantes”.
Luego de
realizar estas consideraciones, los recurrentes denunciaron en concreto que la
norma impugnada “infringe el espíritu y
propósito de la norma general contenida en el artículo 11” del Código de
Procedimiento Civil, según el cual el juez, en materia civil, “no puede iniciar el proceso sino previa
demanda de parte”. Además, afirmaron que se viola el artículo 12 eiusdem, que establece que el juez “debe atenerse a lo alegado y probado en
autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir
excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados”.
Para
los recurrentes también “se incumple el
mandato del artículo 243 del mismo Código, que dispone que toda sentencia debe
contener una decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión
deducida y a las excepciones o defensas opuestas”, además de infringirse el
“principio de la reformatio in peius,
inmanente a todo tipo de recurso, e inmerso en el derecho constitucional de
defensa, que (…) significa que el
juez de alzada, al conocer de un recurso, no puede modificar el fallo apelado
en perjuicio del recurrente, ni excederse de los límites que los litigantes,
soberanamente, hayan establecido al ejercer su legítimo derecho de impugnación”.
Afirmaron
también los recurrentes que, al casarse un fallo de oficio se incurre en el “vicio de ultrapetita o incongruencia”,
prohibido por el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil. Para ellos
“resulta sin duda contradictorio, que estando dentro de las atribuciones de la Corte
declarar con lugar el recurso de casación cuando en el fallo impugnado se hubiesen quebrantado u
omitido formas sustanciales con menoscabo del principio de congruencia, a la
vez se le haya conferido a ese Alto Tribunal la facultad de anular a su arbitrio
una sentencia, con evidente infracción de ese mismo principio procesal”.
Aparte de las
violaciones del Código de Procedimiento Civil resumidas en el apartado
precedente, sostuvieron los recurrentes que la norma impugnada viola también el
derecho a la defensa, establecido en el artículo 68 de la Constitución de 1961
-vigente para la oportunidad en que se interpuso el recurso-, así como el
derecho a ser oído en juicio, establecido en el artículo 60, ordinal 5º, de esa
misma Constitución, hoy condensados en el artículo 49 de la Constitución de
1999.
En este sentido,
destacaron los recurrentes que, según la jurisprudencia, se viola el derecho a
la defensa cuando en el proceso se omiten o restringen los medios legales que
los litigantes pueden ejercer para hacer valer sus derechos. Aseveran que ese
vicio tiene tanta gravedad que una de las causales para recurrir en casación
es, precisamente, que “en el proceso se
hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el
derecho de defensa”.
Con
ocasión a ello, afirmaron que el procedimiento para tramitar el recurso de
casación es “de eminente orden público”,
“ineludible y de cabal cumplimiento,
porque es la única vía que les proporciona las oportunidades y les otorga los
medios legales para que ellas puedan ejercer, en el ámbito del recurso
extraordinario de casación, el derecho constitucional de defensa”.
En
criterio de la parte recurrente, “todos
estos actos procesales constituyen, en su conjunto, el procedimiento del
recurso de casación, y en ellos están incluidos (…) los actos constitutivos del derecho de defensa de las partes durante la
tramitación del recurso de casación”, pero, sin embargo, cuando se casa de
oficio un fallo se omite “en su totalidad
el aludido procedimiento”, sin que exista “la notificación ni la intervención de las partes, sin oírlas, y sin
cumplir respecto a esas oficiosas actuaciones, los mencionados actos del
procedimiento inherentes al recurso de casación”.
De igual manera,
agregaron los recurrentes, “si falta la
oportuna notificación para que las partes expongan sus alegatos de defensa en
el caso de la casación de oficio, también se infringe el artículo 60, ordinal
5º de la Constitución, que contiene el conocido y clásico principio plenamente
aplicable a todo tipo de proceso judicial, según el cual nemo condemnatus
nisi auditus vel vocatus, o sea, que
nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio”. Ese principio,
destacaron, estaría recogido también en los artículos 215 y 230 del Código de
Procedimiento Civil, referidos a la citación del demandado.
Dejaron sentado
así los recurrentes que, “en nada altera
las razones y fundamentos que se han dejado expuestos, la circunstancia de que
la aplicación de la casación de oficio por parte de la Corte, se pretenda
concretar a las infracciones de orden público y constitucionales (…), pues, en principio, la propia Corte ha
considerado, que son de orden público, todas las normas del procedimiento civil”.
Además, en su
criterio, “el ejercicio del derecho
fundamental de la defensa en juicio es inviolable en todo estado y grado del
proceso, aún frente a cualquier materia vinculada al orden público o al derecho
constitucional”. En su opinión, es por ello que en los recursos de
anulación, tanto de actos generales como particulares, “se prevé la notificación del Fiscal General y la del Procurador
General, y la citación por carteles de los interesados en general, para que
puedan hacer uso del derecho constitucional de defensa en el respectivo proceso”.
Los
recurrentes ponen de relieve que es potestativo de la Sala de Casación casar de
oficio un fallo, puesto que así lo prevé el artículo impugnado y lo ha
reconocido la jurisprudencia, pero estiman que, antes de ejercer tal facultad,
debería garantizarse el derecho de los interesados.
Los recurrentes
están de acuerdo en ese carácter potestativo de la casación de oficio, ya que
si se hubiera establecido su obligatoriedad “la respectiva Sala tendría que convertirse y actuar, además de
Tribunal, como un órgano de policía, de fiscalización, vigilancia y control de
todos y cada uno de los fallos que dicten los Tribunales Superiores, (aún los
no recurridos), para que pudiera constatar, y en su caso anular, todas las
sentencias que contengan violaciones que se consideren sometidas a la casación
de oficio, lo cual ocasionaría graves e inevitables dificultades a los señores
Magistrados, debido a la inconmensurable labor que tendrían que desplegar para
tratar de cumplir a cabalidad con los objetivos señalados en la norma
cuestionada”.
Sin embargo,
creen los recurrentes que la Sala de Casación, al casar de oficio, podría aplicar el artículo 7 del Código de
Procedimiento Civil, según el cual cuando la ley no establezca la forma en que
se realizará un acto procesal, “serán
admitidas todas aquellas que el Juez considere idóneas para lograr los fines
del mismo”. En tal virtud, sostuvieron que “para la aplicación de la casación de oficio los sentenciadores han
podido adoptar dos caminos para su tramitación: a) declaran aplicable –y lo
aplican- las normas pertinentes del procedimiento para el recurso de casación
que se fija en los artículos 312 y siguientes del mismo Código; o b) los
propios sentenciadores, en razón de que el Código no señala forma para la
aplicación de la casación de oficio, establezcan un procedimiento idóneo para
su tramitación”, pero “siempre
cumpliendo con las formalidades legales necesarias para que los litigantes sean
debida y previamente notificados, y en ese caso puedan ejercer su defensa”.
Por último,
señalaron que, el régimen previsto en el Código de Procedimiento Civil de 1916
era el de la casación en interés de la ley, en el cual la Sala de Casación, si
observaba que se había “quebrantado
alguna disposición legal o expresa, o aplicado falsamente la ley, sin que tales
infracciones se hayan alegado”, debía advertirlo al sentenciador “para conservar la integridad de la
legislación y la uniformidad de la jurisprudencia”, pudiendo la Sala de
Casación hacer uso de sus poderes sin casar el fallo, en contraposición al
régimen actual, donde las partes, alegaron, no tienen ninguna intervención en
el caso y la Sala anula los fallos sin haber oído lo que aquéllas tengan que
decir en su defensa.
III
ALEGATOS DEL OPOSITOR
El abogado
Arístides Rengel Romberg presentó escrito oponiéndose al presente recurso,
manifestando que su interés proviene de ser uno de los redactores del proyecto
de modificación del Código de Procedimiento Civil que dio lugar al vigente
texto de 1986.
Es de destacar
que los representantes del órgano legislativo nacional se limitaron a resumir
la exposición del abogado Arístides Rengel Romberg, por cuanto afirmaron que él
era miembro del Consejo Superior de Asesoría Jurídica y, por tanto, compartían
su criterio.
En primer lugar,
afirmó que la sustitución de la casación en interés de la ley prevista en el
Código de Procedimiento Civil de 1916, y por la cual las partes no sufrían los
efectos de la casación del fallo, fue producto de la reflexión, por cuanto la
doctrina nacional, e incluso la jurisprudencia, había criticado severamente su
mero alcance académico u orientativo. En tal virtud, se consideró acertado
permitir una forma de verdadera casación, en la que se anule el fallo así las
partes no hayan denunciado los vicios que encontrare el Tribunal.
El opositor destaca que, en los años de vigencia de la
casación de oficio, la Sala de Casación Civil “ha hecho constante aplicación de
la institución y ha desarrollado sabiamente los fines de interés público de la
misma, concretando el nuevo precepto en diversidad de supuestos, en los cuales
ha tenido lugar la defensa de la integridad de la legislación”. Así, enumera una serie de casos en los que
se ha casado de oficio un fallo por violación de normas constitucionales o de
orden público, lo que habría servido para dejar constancia del criterio de la
Sala sobre ciertas irregularidades graves en que habían incurrido los
juzgadores de instancia. Luego de hacer esa reseña, afirmó que “la introducción de la casación de oficio en
el nuevo código, viene produciendo muchos frutos en la teoría y en la práctica
de la casación, y es considerada entre las modificaciones transcendentales en
el campo de la Casación”.
Además, destacó
que la reforma sufrida por el Cogido de Procedimiento Civil de 1986 siguió la
orientación de reconocidos ordenamientos jurídicos y, en especial, lo dispuesto
en la Ordenanza Procesal Civil alemana, que establece el poder para casar
fallos incluso por motivos no invocados por el recurrente.
Por otro lado,
sostuvo que “la afirmación de que los
principios contenidos en los Arts. 11, 12, 243, ord. 5º y 297 del Código de
Procedimiento Civil son aplicables al recurso de casación, es superficial”
y “deja de lado la consideración de la
diferencia existente entre el interés público que está en la base de la
Casación y el interés público para la satisfacción del cual funcionan los
órganos jurisdiccionales comunes”. Agregando que “la finalidad del Recurso de Casación es garantizar la integridad de la
legislación, en el sentido de la exacta observancia e interpretación de la ley
y la uniformidad de la jurisprudencia”, mientras que “los órganos jurisdiccionales comunes funcionan para garantizar que las
concretas voluntades de ley nacidas a favor de los particulares por la
coincidencia de los hechos específicos concretos con los supuestos en abstracto
por la norma, sean actuadas o ejecutadas cuando falte la espontánea observancia
por los particulares destinatarios”.
Admitió el
opositor que en general “el Estado se
abstiene de dar impulso al ejercicio de la jurisdicción en casi todos los
casos; y entrega a la iniciativa de los particulares la satisfacción del
interés público del Estado en la actuación del derecho objetivo en sus
voluntades concretas, pensando que para la ejecución de estos preceptos no se
puede concebir ninguna vigilancia más atenta, que la que pueden ejercer los
mismos particulares en defensa de sus intereses individuales”. Incluso ese
interés, agregó, es reconocido para actuar en casación, pero en esos casos no
puede dejarse sólo en manos de los interesados la tutela del ordenamiento
jurídico, puesto que se produciría la situación, criticada por la doctrina, en
que el juez de casación se vea imposibilitado de reparar violaciones graves del
derecho cometidas por otro juez sólo porque el recurrente no supo o no quiso
denunciar el caso.
Destacó también
que “el principio dispositivo no es
absoluto, sino que admite excepciones como toda regla general”. Que no
existen los principios dispositivos puros, como tampoco los inquisitivos puros,
sino que en ambos sistemas se permiten excepciones, que, en el caso del
principio dispositivo, “son cada vez más
frecuentes, dada la naturaleza pública cada vez más acentuada del proceso civil”,
en lo que constituye “una conquista de la
ciencia procesal contemporánea”. Para demostrarlo, el opositor enumeró los
muchos casos en que el Código de Procedimiento Civil establece excepciones al
principio dispositivo, agregando que hasta la fecha “a nadie se le ha ocurrido, ni bajo el vigente Código, ni bajo el
derogado de 1916 que duró más de setenta años en vigencia y contenía varias de
las disposiciones que hemos mencionado, sostener ni demandar la nulidad de
tales artículos por colisión con la norma general que consagra el principio
dispositivo”. Según él, “los
recurrentes piensan erróneamente que toda excepción establecida en la ley
respecto de una norma general, provoca un conflicto o colisión de la norma de
excepción con la que consagra el principio general”, lo que debería
conducir “indudablemente a la
petrificación de los principios generales y a la imposibilidad metodológica del
desarrollo de la legislación”.
Además expuso
que, la norma impugnada y las supuestamente violadas son “de igual jerarquía o rango”, por lo “que no dependen una de la otra, como ocurre cuando las normas en
conflicto son de jerarquías diferentes, como serían un precepto constitucional
y una norma legal, que debe tener su apoyo en aquella”. En su criterio, “una interpretación racional y sistemática de
los textos en cuestión, llevaría a admitir la validez de ambas normas, por no
existir entre ellas oposición contradictoria que las anule mutuamente”. En
cualquier caso, a su entender, no existiría colisión porque “no se da la circunstancia de una regulación
de conducta simultáneamente prohibida en uno y permitida en el otro”.
El opositor
también destacó que los recurrentes “omiten
voluntariamente” parte del artículo 11 del Código de Procedimiento Civil,
puesto que éste, a la vez que establece el deber del juez de actuar a instancia
de parte, admite que “puede proceder de
oficio cuando la ley lo autorice, cuando en resguardo del orden público o de
las buenas costumbres, sea necesario dictar alguna providencia legal aunque no
lo soliciten las partes”. Además, resalta que los otros artículos del
Código de Procedimiento Civil que se denuncian como violados “ninguna relación tienen (…) con la casación de oficio”, aparte de
que, en todo caso, “los recurrentes no
han motivado en absoluto la denuncia de colisión”, puesto que “no basta la genérica afirmación de que el
proceso venezolano está regido por el principio dispositivo” ni “describir algunas de las manifestaciones de
dicho principio en el juicio ordinario” ni “la genérica afirmación de que todos esos principios son aplicables al
recurso de casación”.
Por otra parte,
insistió en que los recurrentes no reparan en la diferencia entre “el recurso de apelación –que es un medio de
gravamen- y el de casación –que es un recurso de impugnación- sino que
considera que también los límites del recurso de apelación (…) son aplicables al de casación, ignorando así
la diversa finalidad y objeto del proceso civil y del recurso de casación”.
Respecto de la
violación del derecho a la defensa, sostuvo que no existe tal infracción,
puesto que en ningún momento se priva a las partes del uso de medios de
ejercicio de sus derechos. El que se permita casar de oficio un fallo no causa
indefensión, toda vez que esa facultad está prevista en una norma que se
destina sólo a los jueces y no a las partes, las cuales han podido interponer
su recurso y, al hacerlo, han permitido a la Sala de Casación hacer uso de “una norma excepcional”, en la que “no se exige que se inicie un nuevo
procedimiento, con citación de las partes, como desearían los recurrentes”.
Afirmó además
que, la denuncia de los recurrentes se refiere al “contenido material de la norma, tal como la ha concebido el legislador”,
olvidando que la propia Constitución contempla que el derecho a la defensa se
ejerce “en los términos y condiciones
establecidos en la ley”. Admite que “pudiera
haber escogido el legislador otro modelo para instaurar la Casación de Oficio”,
como en efecto se hace en otros países, como Italia o España, en los que sí se
prevé la interposición de un nuevo recurso, pues indicó, con base
jurisprudencial, que, un recurrente no puede basar su recurso en que el
legislador debió adoptar una solución distinta, cuando la que se sancionó sea
también correcta.
Por último,
alegó que el recurso de nulidad por inconstitucionalidad se hace “por carambola, como en el juego del villar”
(sic), al denunciarse que la violación del artículo 68 surge “por vía de consecuencia de la supuesta
violación de los artículos 312 al 326 del Código de Procedimiento Civil”,
cuando lo correcto es que el recurso sea “el
resultado de la violación directa de la norma constitucional”.
IV
DE LA
COMPETENCIA
El recurso de
autos, ejercido por razones de inconstitucionalidad contra la disposición
normativa contenida en el cuarto aparte del artículo 320 del Código de
Procedimiento Civil, se interpuso por ante la entonces Corte Suprema de
Justicia en Pleno, pues durante la vigencia de la Constitución de 1961,
correspondía a esa Corte la competencia para declarar la nulidad total o
parcial de las leyes y demás actos generales del cuerpo legislativo nacional
violatorios de la Constitución. Ello de
conformidad con las normas establecidas en los artículos 215, ordinal 3° y 216 eiusdem.
Ahora con la
vigencia de la Constitución de 1999, tal competencia se encuentra asignada a
esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según lo dispuesto
en el numeral 1 del artículo 336 de la Carta Magna, conforme al cual es
atribución de la Sala Constitucional, “[d]eclarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás
actos con rango y fuerza de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con esta
Constitución”.
Por ello, al haber sido interpuesto un recurso de nulidad por razones de
inconstitucionalidad contra la norma contenida en la indicada ley nacional,
debe esta Sala Constitucional asumir la competencia para decidir dicho recurso,
de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 336 de la
Constitución de 1999. Así se decide.
III
CONSIDERACIONES
PARA DECIDIR
El cuarto aparte del artículo 320 del Código de
Procedimiento Civil -recurrido ante esta Sala- establece la denominada casación
de oficio en los términos siguientes:
“Podrá también la Corte en la sentencia
hacer pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en las
infracciones de orden público y constitucionales que ella encontrare, aunque no
se las haya denunciado”.
Esta disposición
fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico en el Código vigente, que data
de 1986, abandonando así la llamada casación en interés de la ley, prevista por
el texto de 1916.
Al igual que
todo lo relativo al recurso de casación, la casación en interés de la ley nació
en Francia, como una de las innovaciones jurídicas que trajo consigo la
Revolución. A través de ella, los Comisarios del Rey, adscritos a los
tribunales de casación, podían hacer notar que una sentencia de última
instancia vulneraba la ley y el tribunal, si lo constataba así, podía casarla
sin que ello tuviera repercusión sobre las partes del proceso en que se había
dictado el fallo. Es decir, no habría anulación, sino simple indicación sobre
la violación para que fuese tomado en cuenta en futuras decisiones de
instancia.
Esta modalidad de casación se extendió a otros
ordenamientos, entre los que destaca el italiano, cuya doctrina le dio un
especial impulso y procuró determinar su naturaleza. Como en el caso francés,
también en Italia y luego en España, se concibió a la casación en interés de la
ley como un auténtico recurso, interpuesto por un funcionario estatal
(Comisario del Rey, Procurador General ante la Corte de Casación, Ministerio
Público, según el caso), y sobre el cual conocía la Corte respectiva. Así, el
tribunal no actuaba de oficio, sino que conocía de un planteamiento que otro
había presentado por permitirlo de esa manera la ley. En cualquier caso, todos
esos ordenamientos jurídicos mantenían un aspecto común, definidor de la
naturaleza de la casación de oficio: la no aplicabilidad de la decisión del
tribunal de casación a las partes del proceso que dio origen al fallo casado.
No había, pues, efectos frente a nadie. Era sólo una declaración de violación
legal que debía tener, por supuesto, la consecuencia de ser atendida por los
jueces inferiores en casos futuros. Por ello era una casación, aunque sin
anulación del fallo.
Sin embargo, su ausencia de efectos en el caso concreto le
privaba de utilidad y la doctrina, salvo excepciones, insistió en la necesidad
de variar el régimen. Para algunos, incluso, el mantenimiento de la casación en
interés de la ley sin efectos prácticos era tan inútil que bien podría
eliminarse sin que se perjudicase la protección, que a través del recurso de
casación pretendía garantizarse. Ese régimen de casación en interés de la ley,
no obstante, se mantiene, tal como destacan los recurrentes, en algunos
ordenamientos jurídicos actuales.
En Venezuela, el Código de Procedimiento Civil de 1916
contempló también la casación en interés de la ley, aunque en este caso no se
trataba de un recurso autónomo, sino de una facultad que podía ser ejercida en
un proceso ya iniciado. Así, el último párrafo del artículo 435 de ese Código
disponía que si “en el examen del asunto
la Corte encontrare que se ha quebrantado una disposición legal expresa, o
aplicado falsamente alguna ley, sin que tales infracciones se hayan alegado, lo
advertirá a los jueces sentenciadores para conservar la integridad de la
legislación y la uniformidad de la jurisprudencia“. Frente a esa
disposición, buena parte de la doctrina nacional, haciéndose eco de las
enseñanzas de reputados autores extranjeros, criticó duramente su inutilidad
por ser meramente orientativa y académica, a la par que reclamaba la
incorporación de la casación de oficio.
Fue así cómo el Código de 1986, entre muchas otras reformas,
incluyó la casación de oficio, denunciada ahora como inconstitucional. En su
exposición de motivos se lee que:
“Se ha otorgado a la Sala de Casación el
poder de pronunciarse expresamente, no sólo guiada por los alegatos de las
partes, sino oficiosamente, sobre las normas realmente aplicables a la cuestión
subjudice, poniendo fin así, de una vez, a lo que ahora sólo puede obtenerse a
través de una posible repetición de recursos. Se le ha otorgado también,
expresamente, el poder de declarar de oficio la aplicación de la ley, aun de
normas no alegadas por los interesados, por considerar que es de interés
nacional y orden público el mantenimiento del orden jurídico por parte del
Estado. Inspirado igualmente en el mismo fundamento, el Proyecto contempla la
declaración oficiosa de las infracciones de orden constitucional y los
principios de orden público, porque ambos sustentan la base del Estado y ellas
deben ser inalterables”.
Como se observa, fue propósito deliberado sustituir una
forma de casación por otra, a fin de que la apreciación de la Sala
correspondiente de la extinta Corte Suprema de Justicia y ahora de este
Tribunal Supremo de Justicia no tuviese mera finalidad orientativa, sino que
tuviera aplicación en el caso concreto e impedir así que el juicio que dio
lugar al pronunciamiento escapase de la sanción de anulación que deriva de la
violación de normas constitucionales o de orden público. Como se observa, el
vigente Código de Procedimiento Civil contempla un régimen mixto, en que el que
sólo puede haber recurso de casación si una de las partes (la perjudicada) lo
plantea, pero una vez interpuesto la Sala de Casación correspondiente puede
anular el fallo por vicios no denunciados, siempre que se trate de normas
constitucionales o de orden público. De esta manera, el interés privado sigue
teniendo una prevalencia, pero se matiza por la necesidad de proteger los
intereses públicos.
La disposición contenida en el cuarto aparte del artículo
320 del Código de Procedimiento Civil, a la que los recurrentes imputan la
violación de las reglas del principio dispositivo, así como la vulneración del
derecho a la defensa y a ser oído en juicio, según se ha resumido en el
apartado correspondiente de este fallo.
Ahora bien, siendo que los recurrentes plantean un recurso
de nulidad por razones de inconstitucionalidad, se debe indicar que en esta
clase de recursos no tienen cabida las denuncias de ilegalidad, pues una norma
legal no puede violar otras normas del mismo rango. Podría haber entre ellas,
en todo caso, una colisión, si regulasen los mismos aspectos de forma
contradictoria.
Es competencia de esta Sala conocer del denominado recurso
de colisión, que es aquél en el que el recurrente plantea la existencia de
normas contradictorias, que regulan un mismo supuesto de hecho formulando
conclusiones diferentes, lo que pone en duda cuál debe ser aplicada. Se trata
de normas de idéntico rango, en las que no es posible colocar una por encima de
otra y la única forma de decidir cuál sería aplicable, es a través de ciertos
principios hermenéuticos reconocidos en el ordenamiento jurídico.
Aparte de los medios con que cuenta todo jurista para
decidir por sí mismo, aplicando principios tales como el de la especialidad de
una norma, el Derecho venezolano, a fin de corregir la aparente contradicción
de normas, prevé la competencia de esta Sala para decidir cuál norma aplicar.
No se plantea, en esos casos, un recurso de anulación, puesto que en este
último el problema se centra en la existencia de una norma que vulnera lo que
dispone otra de rango superior. En un proceso de anulación la controversia se
limita a dilucidar si efectivamente la disposición de menor rango ha infringido
aquélla a la que debe someterse. En un recurso de colisión, en cambio, las
normas comparten rango y, por tanto, el planteamiento no se resuelve
determinando cuál debe someterse a cuál, sino en precisar la que debe tener
aplicación preferente, tomando en cuenta que el derecho no puede consentir la
convivencia de dos disposiciones que regulen un mismo supuesto de manera
distinta.
En el caso de autos no existe, ni expresa ni tácitamente, un
recurso de colisión. Los recurrentes siempre han planteado este recurso como
uno de anulación. Sin embargo, aunque éstos hubieran planteado un verdadero
recurso de colisión entre normas legales, en el presente caso el mismo no sería
procedente, toda vez que, si bien la norma impugnada (la contenida en el
artículo 320 del Código de Procedimiento Civil) y las que se denuncian como
violadas (las que prevén manifestaciones del principio dispositivo) tienen
idéntico rango legal, en ningún caso se regula la misma situación de hecho, por
lo que no puede denunciarse la incompatibilidad entre ellas.
La norma recurrida regula un supuesto (el de la casación en
caso de violación de normas de orden público o de rango constitucional) y prevé
una solución (la posibilidad de anular el fallo de oficio). El resto de las
normas tratan diferentes asuntos, pero ninguna la casación, por lo que mal
podrían estar en contradicción unas y otras.
En tal virtud, esta Sala sólo debe considerar el presente
recurso con base en la supuesta violación del derecho a la defensa y a ser oído
en juicio, a fin de dilucidar si la norma recurrida es o no válida.
Desechándose, en consecuencia, el alegato sostenido por la parte recurrente de
que la norma impugnada transgrede el principio dispositivo consagrado en el
artículo 11 Código de Procedimiento Civil.
Así se declara.
Sobre
la violación del derecho a la defensa y a ser oído en juicio:
En primer lugar, para esta Sala las dos denuncias de
violación constitucional, referidas a los derechos a la defensa y a ser oído en
juicio, pueden ser tratadas como una sola, puesto que en realidad el derecho a
ser oído en juicio no es sino una manifestación del derecho a la defensa, tanto
es así que, dichos derechos estaban consagrados en los artículos 68 (derecho a
la defensa) y 60, ordinal 5º (derecho a ser oído) en la Constitución de 1961, y
actualmente corresponden a los numerales 1 y 3, respectivamente, del artículo
49 de la actual Constitución.
Hecha la anterior precisión, se debe indicar que ya esta
Sala Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de la
constitucionalidad de la casación de oficio en el más de centenar de fallos que
se han dictado para decidir los recursos de revisión intentados por la Compañía
Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), contra sentencias de la Sala de
Casación Social de este Tribunal Supremo. En esos recursos se denunciaba la
violación del derecho a la defensa, por cuanto dicha Sala había casado de
oficio fallos de Tribunales Superiores en materia laboral. Al decidir, sostuvo
esta Sala Constitucional que la casación de oficio no viola principios o
garantías constitucionales, pues, al contrario, se trataba de una labor que
responde a la protección y vigencia del Texto Fundamental.
En una de esas decisiones, del 9 de mayo de 2001, se señaló
que:
“(…) el derecho
de defensa es de imposible infracción cuando se ejerce la casación de oficio
pues, por no tratarse de otra instancia, las oportunidades de las que disponen
las partes en el trámite de recurso de casación para exponer sus argumentos se
encuentran especialmente calificadas. Así, los escritos de formalización,
impugnación, réplica y contrarréplica, tienen en los artículos 317 y 318 del
Código de Procedimiento Civil propósitos diferenciados y formalidades
necesarias para su realización. Circunstancia que no debe sorprender, pues la
finalidad de recurso de casación no es (…) resolver el mérito de la
controversia, sino revisar la actividad realizada por el juez superior desde el
punto de vista de la actividad procesal y los juzgamientos efectuados, actividad
de la Sala que (…) no se encuentra limitada por las denuncias y que sustrae a
la decisión respectiva del requisito de congruencia, por no estar limitada
solamente a los alegatos de las partes, luego no se puede construir la
violación del derecho a la defensa, con fundamento en los alegatos que no puede
hacer una parte con respecto a las cuestiones examinadas en la casación de
oficio.
Al revisar lo
dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se puede
advertir que no se encuentra limitada la Sala de Casación Social en las
declaraciones que pueda hacer cuando resuelve un recurso por infracción de ley,
pues en su pronunciamiento no está obligada a considerar solamente las normas
indicadas por las partes ya que puede declarar infringidas las que, en su
criterio, considera aplicables al caso. Esta posibilidad, vinculada al
principio iura novit curia, expresa
el poder atribuido a la casación, cuando ejerce su facultad de revisar las
decisiones dictadas por los Tribunales Superiores. Se trata de que la finalidad
última de la casación es preservar la integridad de la interpretación del orden
legal, no de resolver el mérito del asunto, Así, las declaraciones de la
casación tienen por finalidad indicar las razones por las cuales debe aplicarse
una norma a un caso concreto, para construir, con cada caso, la interpretación
del ordenamiento. Es decir, sus declaraciones no son sólo aplicables al caso
concreto, sino que pueden serlo también para cualquier otro caso en que sea
necesario aplicar la norma interpretada por la casación. Por tanto, cuando
realiza esa función, sus declaraciones exceden el mérito del asunto y, desde
luego, no son vinculantes las opiniones que las partes hagan acerca de la
aplicación o interpretación de las normas jurídicas”.
En efecto, la casación de oficio no viola el derecho a la
defensa pues no se trata de un caso de tutela de intereses particulares, sino
de respeto del orden público y de las normas constitucionales. No puede
olvidarse que la casación es un recurso extraordinario. No es una instancia más
dentro de un proceso, en la que se revisa nuevamente toda la controversia,
tanto en los hechos como en el derecho, sino que procura, con ocasión de una
petición de parte, eliminar los fallos en los que se haya incurrido en ciertas
violaciones de especial gravedad. La casación tiene una finalidad anulatoria
(la del fallo viciado), pero siempre con miras a la consecución de una
interpretación uniforme de la legislación y, con ello, la obtención de una
jurisprudencia coherente. De esta manera, el caso concreto sirve para dar pie a
una finalidad de interés superior, que excede los estrechos límites de lo
planteado.
Pudo el legislador establecer un régimen distinto para la
casación de oficio, permitiendo, como lo plantean los demandantes, la
intervención de las partes para exponer su criterio acerca de las violaciones
de normas de orden público de rango constitucional que hubiere detectado la
Sala de Casación. Pudo también elegir la vía adoptada por otros ordenamientos
y, por tanto, contemplar un verdadero recurso en el que un órgano estatal
pusiese en conocimiento de la Sala de Casación de ciertos fallos que, que es su
criterio, deberían ser casados. No sería, por supuesto, una casación de oficio,
puesto que se actuaría a instancia, no de parte, pero sí de un legitimado para
demandar. Sin embargo, el legislador optó por un procedimiento mixto, en el que
se mantiene la demanda de parte, a la par que se faculta a la Sala de Casación
para decidir de oficio sobre ciertas violaciones, sin que a las partes se le
conceda oportunidad para alegar lo que estimasen conveniente. Ello, en criterio
de esta Sala Constitucional, no puede ser considerado como una violación al
derecho de la defensa porque en realidad no se trata de un mecanismo instaurado
en protección de derechos e intereses particulares, sino para tutelar ciertas
normas cuyo respeto el ordenamiento considera esencial.
En virtud de lo expuesto, esta Sala Constitucional considera
que la casación de oficio, prevista en la norma impugnada, no viola la
disposición que garantiza el derecho a la defensa, contemplada en el artículo
68 de la Constitución de 1961, equivalente al numeral 1 del artículo 49 del
texto constitucional vigente. Así se declara.
V
DECISIÓN
Por las razones
anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, declara SIN LUGAR el recurso
de nulidad presentado por los abogados JOSE
GABRIEL SARMIENTO NUÑEZ, VINCENCIO
BAEZ FINOL y PEDRO A. SARMIENTO SOSA
contra el APARTE CUARTO DEL ARTÍCULO 320
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de
Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en
Caracas, a los 29 días del mes de ENERO del año dos mil dos. Años 191º de la
Independencia y 142º de la Federación.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESUS EDUARDO
CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
ANTONIO J.
GARCÍA GARCÍA
JOSÉ M. DELGADO OCANDO
Ponente
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
El
Secretario,
JOSE
LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp.
00-1561
AGG/as